Trabajo forzoso en cárceles cubanas: la legalidad como disfraz de la explotación

En un proceso de falsa democracia, la oficialista Central de Trabajadores de Cuba lleva a cabo en la Isla una consulta pública sobre el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo. Sin embargo, muchos de quienes laboran en condiciones de explotación no serán consultados, toda vez que, entre hacinamientos y represiones diarias, nada se hablará sobre el tema en las cárceles del régimen.

Si bien el anteproyecto introduce la prohibición expresa del trabajo forzoso, incorporada como principio irrenunciable en el cuerpo normativo, persisten serias dudas sobre su efectividad, especialmente a la luz de las denuncias sobre prácticas de explotación laboral en el sistema penitenciario y en misiones oficiales en el extranjero.

En septiembre de 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe que actualiza las circunstancias y normativas legales que afectan a buena parte de los presos cubanos, conminados a cortar marabú para la producción de carbón vegetal. La entidad denunció que el nuevo Código de Trabajo no impedirá el trabajo forzoso en la práctica, aunque lo prohíba formalmente y reafirme que las relaciones laborales deben regirse bajo principios de dignidad, derechos laborales, condiciones seguras y salud ocupacional.

A pesar de los graves problemas y riesgos de explotación laboral que persisten en el sistema penitenciario y empresarial estatal cubano, el anteproyecto establece para las personas privadas de libertad una "relación de trabajo especial", que la autoridad penitenciaria define con "la persona apta y en condiciones de trabajar, para desarrollar una prestación laboral subordinada". En ella, se reconoce como principio fundamental el derecho a trabajar y la voluntariedad para acceder al empleo.

El legislador pretende que esta relación "especial" tenga límites, al mencionar la voluntariedad como principio, lo que sugiere que el trabajo no debe ser imperativo ni sin consentimiento. Sin embargo, el texto deja varios puntos sin definición clara: ¿Cómo se garantizará esa voluntariedad en un contexto carcelario? ¿Quién controlará y sancionará su incumplimiento?

Que el anteproyecto mencione la prohibición del trabajo forzoso y reconozca un régimen especial para presos puede interpretarse como un intento de reforma, pero el reconocimiento de la "voluntariedad" carece de sentido en la práctica carcelaria si no existen mecanismos de protección claros, considerando la coerción, las sanciones y el rol de la autoridad penitenciaria como empleadora.

En tal sentido, debería existir un ente neutral de control, con acceso a un tribunal especializado en materia laboral, para garantizar justicia en estas relaciones de trabajo. Vista la reiterada vulneración de derechos en las cárceles cubanas, que la autoridad penitenciaria sea la contraparte legal en las actividades laborales de los reos no garantiza ni justicia, ni transparencia, ni respeto a derechos básicos.

Un marco legal diseñado para obligar

En Cuba, el trabajo para las personas privadas de libertad no es un derecho: es una obligación. Así lo establece el marco legal vigente, que convierte a los reclusos en fuerza de trabajo cautiva al servicio de empresas estatales. Un informe del OCDH documenta cómo estas disposiciones sostienen un sistema de explotación que se traduce en jornadas extenuantes, salarios irrisorios y condiciones inhumanas que rozan la semiesclavitud.

El Código Penal (Ley 151/2022), la Ley de Ejecución Penal (Ley 152/2022), el Decreto-Ley 81/2023 y un futuro Código de Trabajo ambiguo conforman un entramado jurídico que obliga a los presos a trabajar en los lugares y condiciones que determine el Ministerio del Interior. El incumplimiento acarrea sanciones adicionales: pérdida de reducciones de condena, prohibición de visitas familiares y reclusión en centros de mayor severidad.

El artículo 35 del Código Penal y el artículo 37 de la Ley de Ejecución Penal establecen que el trabajo correccional con internamiento es obligatorio y que los reclusos deben aceptar la ubicación laboral asignada por las autoridades penitenciarias. El Decreto-Ley 81, por su parte, institucionaliza un "régimen laboral especial" para presos, en el cual la autoridad penitenciaria actúa como representante legal de los trabajadores ante las empresas. Es decir, los reclusos no negocian ni firman sus contratos: lo hace el Estado en su nombre.

En la práctica, esta arquitectura jurídica elimina cualquier atisbo de voluntariedad y coloca a los presos en una situación de absoluta indefensión.

El carbón de marabú: negocio millonario, explotación invisible

El informe del OCDH denuncia que casi un millar de presos están dedicados a la producción de carbón vegetal de marabú, un producto de alta demanda internacional. Mientras una tonelada se vende en Europa a precios que oscilan entre 300 y 400 dólares, el trabajador preso recibe apenas tres o cuatro dólares por cada mil kilos producidos.

La empresa PROVARI, perteneciente al Ministerio del Interior, se presenta como la principal beneficiaria de esta fuerza de trabajo forzada. Con unidades en todas las provincias, PROVARI produce materiales de construcción, textiles y, especialmente, carbón vegetal destinado a la exportación. Las ganancias del negocio —entre 21 y 28 millones de dólares anuales, según cálculos independientes— contrastan brutalmente con la miseria de los salarios y la precariedad de las condiciones en que laboran los presos.

Los reclusos son trasladados a campamentos improvisados en zonas rurales, donde duermen hacinados, muchas veces en el suelo, sin colchones ni condiciones mínimas de higiene.

El trabajo consiste en cortar el espinoso marabú y convertirlo en carbón en hornos rudimentarios. "Dormimos a la intemperie, trabajamos de sol a sol y de noche velamos los hornos. Nunca recibimos visitas de inspectores del trabajo, carecemos de protección y trabajamos en condiciones infrahumanas", relató uno de los presos entrevistados.

Accidentes laborales graves —amputaciones, quemaduras, lesiones oculares— son comunes y rara vez reciben atención médica adecuada. La ausencia de guantes, botas o mascarillas convierte cada jornada en un riesgo mortal.

En este esquema, el trabajo deja de ser una oportunidad y se convierte en un instrumento de control y represión. Lo que ocurre en las cárceles cubanas no es un programa de reinserción laboral, sino un sistema de explotación legalizada que convierte a los presos en mano de obra barata al servicio de intereses estatales y comerciales. Cuba no solo mantiene a sus presos en cautiverio, sino que los convierte en trabajadores forzados para sostener un negocio millonario: detrás de cada saco de carbón exportado se esconde una violación flagrante de derechos humanos.