El Anteproyecto de Ley del nuevo Código de Trabajo introduce novedades en materia de capacitación y asignación laboral de estudiantes y recién graduados en Cuba, según publicó este miércoles el diario oficial Granma. Por primera vez, la normativa prevé que recién graduados puedan ser ubicados en el sector no estatal cuando no puedan ser colocados en el estatal, bajo convenios gestionados por el Estado. El objetivo es responder a la necesidad urgente de fuerza de trabajo calificada y aprovechar el potencial joven, hoy escaso en la Isla.
El artículo 164 autoriza a las direcciones municipales de Trabajo a establecer convenios con empresas privadas para que los recién graduados puedan cumplir su servicio social en esos espacios. Sin embargo, esta opción está supeditada a las necesidades económicas del Estado y se aplicará únicamente cuando no puedan ser ubicados en organismos estatales.
De acuerdo con el equipo de abogados de DIARIO DE CUBA, la medida responde más a la incapacidad del sector estatal —con empresas desmanteladas, en especial en áreas de oficios— para absorber a todos los graduados, que a una verdadera voluntad de liberalizar el mercado laboral.
Servicio social obligatorio: tres años bajo control
El Código mantiene la obligatoriedad del servicio social durante tres años para los graduados universitarios y de nivel medio superior, norma que ha estado vigente por décadas y que se aplica bajo amenaza de sanciones.
Si un recién graduado incumple sin justificación, puede enfrentar la inhabilitación profesional y la prohibición de ser contratado en puestos que requieran su titulación. En otras palabras, la fuerza laboral joven queda retenida durante ese periodo en los lugares donde el Estado la necesita, y no donde los profesionales prefieran desarrollarse.
Para la abogada Maylin Fernández Suris, esta obligatoriedad equivale a mantener a los jóvenes "secuestrados" laboralmente durante sus primeros años de vida profesional, asegurando al régimen mano de obra calificada en sectores deficitarios.
Vinculación anticipada y prácticas obligatorias
El anteproyecto también regula la asignación anticipada de estudiantes desde los últimos años de sus carreras. Estos podrán ser contratados y remunerados en las entidades que los recibirán al graduarse. El Gobierno asegura que esta modalidad facilitará la adaptación laboral y permitirá adquirir experiencia.
La ubicación laboral se realizará según sectores estratégicos y prioridades territoriales mediante una estructura escalonada: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los gobiernos provinciales y municipales, organismos solicitantes y entidades especializadas de Cultura o Salud Pública asumirán la tarea según el nivel y perfil del graduado. Para carreras específicas, la asignación se realizará previa consulta con organismos asesores del Estado.
Otro punto clave es el periodo de preparación obligatorio —de seis meses a dos años— donde las entidades deberán ofrecer tutorías, rotaciones y complementación posgrado, evaluando al graduado antes de consolidar su puesto. Si el resultado es insatisfactorio, el proceso podrá extenderse hasta un año o, en última instancia, terminar la relación laboral.
Aparte del pago de cuantía no especificada, no se trata de una innovación real, sino de la institucionalización de prácticas que ya existían en algunas carreras donde los estudiantes debían cumplir períodos obligatorios, entonces sin remuneración. Ahora, este vínculo se presenta como un mecanismo para cubrir la necesidad urgente de fuerza de trabajo en un país marcado por la emigración masiva de jóvenes profesionales.
Más control que derechos
Aunque el Código proclama la capacitación como un derecho, la letra pequeña revela que las prioridades del Estado siguen siendo las que marcan el destino laboral de cada graduado. La apertura al sector no estatal no significa libertad de elección, sino una vía subsidiaria para garantizar que el servicio social se cumpla de cualquier modo.
El discurso oficial insiste en que se trata de "nuevas oportunidades", pero en la práctica los jóvenes cubanos continúan enfrentando restricciones severas a la libre elección de empleo, amenazas de sanciones si incumplen con el servicio social y la obligación de subordinar su futuro profesional a las necesidades del aparato estatal.
