El pasado 8 de septiembre comenzó en todo el país la discusión del Anteproyecto del Código de Trabajo. Se discutirá el documento en todos los colectivos laborales, tanto en las entidades estales como en las formas de gestión no estatal (MIPYMES, cooperativas no agropecuarias, y trabajadores por cuenta propia).
La propaganda gubernamental le ha brindado una cobertura especial a la discusión de este documento. Se ha dicho, con bombo y platillo, que los trabajadores tendrán plena libertad para expresar sus opiniones en estas asambleas; que los planteamientos no se someterán a votación, sino que se recogerán tal y como sean dichos en la reunión. Incluso, se ha brindado un correo electrónico para que cualquier trabajador brinde sus opiniones más allá del colectivo laboral al que pertenezca.
Al parecer, las autoridades desean saber lo que piensan sus trabajadores. Aunque, claro está, una cosa es querer saber lo que se opina, y otra bien distinta es atender a esos planteamientos, o dar respuesta cabal a las inquietudes obreras.
Este tipo de "democracia participativa" ya fue aplicada por el castrismo durante los debates de la Constitución de la República en 2019, y después en las discusiones del Código de Familia, y en realidad para todos quedó claro que no hubo tal democracia. En esos procesos emergieron muchas ideas interesantes que no trascendieron los estrechos marcos de las reuniones donde fueron expuestas. O sea, que se trató de procesos asamblearios donde la gran ausente fue la democracia verdadera.
Ahora la jerarquía castrista lo tiene todo preparado para que se repitan esas pequeñas reuniones, algo así como pequeños compartimentos, en los que se queden en esas instancias lo que allí salga a colación, sin que los planteamientos trasciendan más allá de esa reunión.
Es decir, que si en determinado colectivo obrero surge la propuesta, por ejemplo, de que se permita la creación de sindicatos independientes al margen de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), o que los trabajadores puedan acudir a la huelga si no se satisfacen sus aspiraciones, es muy probable que esa propuesta se quede en los marcos de esa reunión, y nadie más se entere de que esa fue la sugerencia de un trabajador cubano. El mismo trabajador que la propaganda castrista insiste en que tiene todo el derecho de expresar plenamente las ideas de su preferencia.
Evidentemente, esta forma de participación de los trabajadores en un asunto de su total incumbencia se diferencia de lo que sucede en las democracias verdaderas, donde incluso los planteamientos que no cuentan con el visto bueno de las autoridades, van a los medios de difusión masiva, en especial la televisión, para que puedan ser del conocimiento de toda la población.
En consecuencia, las instancias involucradas en la discusión de este Anteproyecto —la nueva directiva de la CTC encabezada por Osnay Miguel Colina y el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz—, solo incorporarán al documento las modificaciones o adiciones que convengan al régimen, y como es lógico descartarán los planteamientos que hayan surgido en un determinado colectivo obrero, y que no se adapten a los intereses del partido único gobernante.
Y como colofón, el Anteproyecto del Código de Trabajo, ya libre de todas las "impurezas" que contradigan o molesten a las autoridades, será llevado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde seguramente será aprobado por los obedientes diputados que integran el Parlamento castrista.
Esa es la "democracia" que tendrán los trabajadores cubanos para dar a conocer sus opiniones e inquietudes acerca de algo tan importante para ellos como el nuevo Código de Trabajo.
Se ha dicho, con bombo y platillo, que los trabajadores tendrán plena libertad para expresar sus opiniones en estas asambleas, siempre que las opiniones sean a favor del Gobierno. Una opinión contraria llevaría a la cárcel.