El activista cubano Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue enviado a la prisión 1580 de La Habana a cumplir su condena de tres años de privación de libertad, después de la desestimación de un recurso de casación presentado por su abogada en mayo de 2024.
"En vez de aceptarle la apelación (casación) lo que hicieron fue meterlo preso. Hace 15 días, aproximadamente, vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca —que hay tres— porque yo estoy enfermo, y lo metieron para la 1580, que se necesita por lo menos 6.000 pesos para pagar una máquina para viajar", dijo a Martí Noticias el ex prisionero político Andrés Avelino Domínguez Beltrán, padre de Luis Andrés.
Según Domínguez Beltrán, la abogada realizó un buen trabajo a la hora de fundamentar el procedimiento, a pesar de lo cual, fue finalmente rechazado. "La abogada hizo una apelación que no sé cómo no la han metido presa a ella, porque todos los incumplimientos, y todo lo que hizo mal el tribunal, lo expone".
En su argumento de casación, al que tuvo acceso el medio estadounidense, la jurista Leticia Yelena Martínez Rojas califica de inconsistentes las pruebas presentadas en el proceso judicial contra Domínguez Sardiñas, un trabajador por cuenta propia conductor de bicitaxis.
El opositor fue detenido el 19 de febrero e internado en la unidad policial de Marianao. Desde allí fue trasladado este martes 4 de febrero a cumplir su pena por el cargo de "otros actos contra la seguridad del Estado".
El Código Penal cubano considera delitos contra la seguridad del Estado los de rebelión, sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, propaganda enemiga y sabotaje, entre otros.
El 2 de noviembre de 2023, el tribunal encontró culpables a los tres encausados: Jorge Luis Boada Valdés, Johan Carlos Izquierdo Terán y Domínguez Sardiñas de mostrar "públicamente su antipatía contra el sistema de Estado Socialista y su principal dirigente", y los relacionó con los grupos de enlaces comunicativos por WhatsApp "Unidos por Cuba Libre" y "Somos Anticastristas", en los que cubanos en el exterior afirmaron, presuntamente, financiar actos subversivos contra el régimen.
Antes de la vista oral, el activista estuvo recluido dos meses en el cuartel general de la policía política, en La Habana, y seis en el penal Valle Grande, hasta que la defensora logró que las autoridades fiscales aprobaran un cambio de medida de prisión preventiva por reclusión domiciliaria, disposición que le fue revocada para internarlo en un centro penitenciario.
Además de los ya sentenciados, al menos siete cubanos aún permanecen en prisión preventiva, acusados de recibir financiamiento para hacer "actos contra la seguridad del Estado".
