El grupo de asesoría legal Cubalex expuso, como parte de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las graves condiciones que padecen las personas con discapacidad intelectual recluidas en las cárceles cubanas. "Entre 2022 y 2025 documentamos 255 actos de represión contra esta población: 79 por negación o atención médica deficiente, 47 por violencia física o psicológica y 22 por uso de celdas de castigo", detalló la ONG en sus redes sociales.
"El sistema penitenciario cubano no solo castiga, sino que también destruye vidas, somete a las personas a violencia, abandono y tortura psicológica, dejando un impacto duradero también en las familias", agregó y, en tal sentido, la directora ejecutiva de la organización, Laritza Diversent, dijo ante la CIDH que "el encarcelamiento va más allá de la mera privación de la libertad, sino que representa la privación de derechos humanos básicos y dignidad". Destacó, asimismo, que estas personas "son abandonadas en un sistema penitenciario que prioriza el castigo sobre la rehabilitación".
Así, Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex, dijo ante la CIDH que "el sistema carcelario en Cuba refleja una crisis estructural que impacta gravemente a las personas con discapacidad psicosocial, sometiéndolas a condiciones degradantes y a la violación sistemática de sus derechos humanos".
"Hacinamiento extremo, violencia sistemática, aislamiento prolongado y falta de atención médica han convertido las cárceles cubanas en un entorno propicio para el desarrollo de enfermedades psiquiátricas severas", denuncio Cubalex.
"Personas que ingresaron sin antecedentes psiquiátricos, desarrollan trastornos como ansiedad extrema, depresión severa, paranoia y trastorno de estrés postraumático debido a las condiciones carcelarias. Para quienes ya padecían una condición psiquiátrica, la privación de acceso a tratamiento médico y el maltrato sistemático los empuja a crisis aún más graves, con un alto riesgo de suicidio", detalló la ONG.
En este contexto, "las familias de los reclusos enfrentan angustia constante, impotencia ante la indiferencia del Estado y una carga económica adicional para intentar garantizar la medicación y atención médica que las autoridades penitenciarias niegan", lamentó.
Los juristas indicaron, asimismo, que "los casos documentados revelan un patrón alarmante de autolesiones, falta de atención médica y acceso limitado a tratamiento psiquiátrico. Testimonios de exreclusos confirman que las autoridades les retiran los medicamentos como castigo, agravando su condición".
"El Estado oculta información. No hay cifras oficiales sobre reclusos con discapacidad psicosocial. No se reporta su acceso a salud mental ni la cantidad de psiquiatras en prisión. No existen registros de evaluaciones psiquiátricas periódicas", cuestionaron.
En tal sentido, recalcaron que "el Estado cubano evade sistemáticamente su responsabilidad. Se ausenta de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Oculta datos oficiales sobre la situación en las cárceles y niega el acceso a organismos independientes".
"El sufrimiento de estas personas no es accidental. Es un mecanismo de castigo y deshumanización por parte del Estado cubano", concluyeron.
A raíz de estos hechos, Cubalex pidió a la CIDH que exija al régimen cubano la prohibición inmediata y absoluta del aislamiento prolongado aplicado a personas con discapacidad psicosocial, en coherencia con los estándares internacionales, que lo considera una forma de tortura. Demandaron, además, que la organización instale un mecanismo internacional e independiente de monitoreo del sistema penitenciario cubano con acceso irrestricto a las cárceles.
