El preso político Andrés Lugo Pérez, condenado a ocho años de prisión por participar en las protestas del 11J, presenta una condición crítica de salud sin recibir atención médica adecuada en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.
Según reportes recibidos por el centro de información legal Cubalex, Lugo Pérez lleva aproximadamente diez días en estado depresivo severo, por lo que fue trasladado al hospital del penal. Pero su situación ha evolucionado hacia un cuadro nervioso con síntomas paranoicos, que se agrava progresivamente.
"Andrés sufre episodios de pánico, teme por su vida y asegura que 'lo quieren matar'. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido atención médica especializada ni ha sido evaluado por un psiquiatra", añadió la ONG.
Recientemente, la madre del prisionero visitó la prisión y habló con la jefa del hospital, quien afirmó que Lugo Pérez está siendo tratado con benadrilina y levomepromazina, este último con efectos secundarios significativos, como sedación excesiva, alucinaciones, depresión severa y convulsiones.
"La familia expresa profunda preocupación, ya que Andrés no ha sido atendido por un especialista en salud mental, y los medicamentos administrados en el penal podrían agravar su condición. Andrés Lugo Pérez es opositor y fue sentenciado por 'atentado', 'desorden público' y 'desacato' tras participar en las protestas del 11J en Palma Soriano, Santiago de Cuba", precisó Cubalex.
La organización recordó que el acceso a la salud mental es un derecho humano básico. "Negar un tratamiento adecuado constituye una violación grave de este derecho y puede ser considerado un acto de negligencia o maltrato institucional, especialmente en el contexto de las prisiones", concluyó.
En otra publicación, Cubalex denunció que Misael Espinosa Puebla, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, fue trasladado el 18 de diciembre a la prisión Las Mangas, en Bayamo, Granma, después de 12 días bajo arresto.
El pasado 6 de diciembre, el ex prisionero político fue detenido arbitrariamente por la Seguridad del Estado, tras un altercado ocurrido el día anterior con policías que lo provocaron debido a su trabajo como carretillero (vendedor ambulante), según declaró su hija al portal independiente ADN Cuba.
Lo detuvieron y trasladaron a la unidad policial Los Caballitos, en la ciudad de Bayamo, y lo acusaron de un presunto delito de "atentado", denunció la activista Ana Belkis Ferrer García en X.
Debido a su activismo, Espinosa Puebla ha enfrentado persecución y acoso sistemático. En 2019 le fueron impuestas dos multas arbitrarias y, al negarse a pagarlas, fue condenado a siete meses de prisión. En 2021 también fue víctima de múltiples multas relacionadas con la venta de productos agrícolas, su única fuente de sustento, impuestas como represalia directa por sus constantes denuncias contra la represión hacia él.
"Estos hechos evidencian un patrón sistemático de represión estatal en Cuba contra opositores pacíficos y su labor en defensa de los derechos humanos", denunció Cubalex.
