¿Incluir a reos comunes debilita o fortalece la nueva propuesta de Ley de Amnistía en Cuba?

El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) relanzó el Proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, que presentó en 2022. La propuesta, que inicialmente buscaba la liberación de los cubanos encarcelados por motivos políticos, ahora abarca a ciudadanos que cumplen prisión por delitos comunes menores, fundamentalmente de tipo económico.

Sobre las posibles desventajas de esa inclusión y el principal obstáculo para presentar la propuesta de ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) conversa DIARIO DE CUBA con el vicepresidente del CTDC, Manuel Cuesta Morúa.

¿Cómo lograrán distinguir entre un delincuente y una víctima de la lucha por la supervivencia en Cuba?

La distinción la da el propio régimen. Hay miles de personas presas en Cuba porque tienen una carretilla, los campesinos les venden los productos a precios convenientes para ambos, ellos los trasladan a La Habana y los venden, pero no tienen licencia. Ahí hay un problema. El Gobierno no les da licencia a muchos cubanos que sobreviven, sin robar, sin asaltar ni violentar absolutamente a nadie. En algunos casos, el Gobierno los multa y, si reinciden, los encarcela. Es a ese grupo de personas que nos estamos dirigiendo. 

Usamos dos elementos para distinguir entre los llamados delitos comunes: primero, el tiempo de condena; segundo, la acción por la que el preso está en la cárcel. Si la acción ha sido ejercer violencia contra la propiedad o contra personas, o robar o corromper para enriquecerse y no para sobrevivir, obviamente, están excluidas esas personas. Pero si la acción ha sido la de buscar sustento para los suyos, sin violentar ni la ley, utilizando los mecanismos de resistencia que ha creado la sociedad para sobrevivir —gente que se levanta a las 5:00 de la mañana, se monta en un transporte público, busca escobas y palos que otros fabrican, o buscan boniatos, y los comercializan— los queremos incluir. No son presos políticos directos, pero sí indirectos, porque están intentando sobrevivir en un modelo en el que las oportunidades y los derechos económicos de las personas son reprimidos.

Hay personas pobres en todas partes del mundo, incluso en países democráticos, que cometen delitos para sobrevivir y van presas. ¿Incluir a reos de ese tipo en la propuesta de Ley no la debilita? ¿Pretenden fortalecerla, al sumar a familiares de ese tipo de presos?

Ese es un objetivo agregado, derivado, obviamente, porque una de las cosas que queremos hacer es ir tomando contacto con familiares de presos de esta subcategoría que hemos creado para tratar de aliviar la situación de mucha gente que está en prisión. Queremos sensibilizar a los familiares en el sentido de que entiendan que es la falta de reforma lo que está impidiendo que sus familiares puedan ejercer sus habilidades y actividades comerciales libremente. Y eso los conecta de algún modo con aquellos que han hecho uso de su voz, aunque ellos no lo crean.

Ahí es donde está en juego nuestra capacidad de convencer a estos familiares de la relación que existe entre unos y otros presos, aunque no sea directamente evidente. Es un valor añadido para generar una sensibilidad mutua. De un lado, la de estos familiares de los presos por delitos comunes menores y del otro, la de los familiares de los presos políticos y de conciencia, que podrían ver que apoyando este tipo de causas pueden atraer apoyo a la causa de sus familiares. 

Desgraciadamente, por el poco desarrollo de la cultura cívica en el país, no siempre la causa de los presos políticos moviliza la sensibilidad del resto de la población. La gente los ve con un poco de distancia, a pesar de que los últimos presos políticos en Cuba no necesariamente vienen de los proyectos organizados, de los partidos políticos, de la comunidad defensora de derechos humanos, sino de la ciudadanía. Lo demostró el 11 de julio.

La iniciativa legislativa tendrá que partir de la ciudadanía, pues es poco probable que Miguel Díaz-Canel, el Consejo de Estado o el Consejo de Ministros propongan a la ANPP presentar una Ley de Amnistía. Para eso son necesarias las firmas de 10.000 cubanos, que cuenten con la certificación del elector. ¿Cuántos la tienen en estos momentos?

Creo que toda iniciativa que busque mejorar su situación, reformar las circunstancias en las que vive y cambiar el país debe partir de la ciudadanía. No debería nunca partir del Gobierno. De hecho, en nuestra conversación con algunas personas de la sociedad civil buscamos poner en perspectiva que la única manera de avanzar iniciativas no es pedirle al Gobierno que las haga, sino confeccionarlas, prepararlas, diseñarlas desde la sociedad civil. Es la mejor manera, porque en una iniciativa que provenga de la sociedad civil no están en juego los intereses del poder, sino los derechos.

Por eso creo, y no estoy siendo cínico, que lo mejor no es que las propuestas vengan de quien puede cambiar la situación ahora mismo, si quiere, sino de aquellos que necesitan que la situación cambie definitivamnte, que son la ciudadanía y la sociedad civil.

Yo hago una distinción entre ciudadanía débil y ciudadanía fuerte. La primera tiene una conciencia mínima de necesidades básicas y una capacidad para la protesta, que es lo que ha venido sucediendo en Cuba. La segunda tiene conciencia de la protesta, una conciencia general de los derechos básicos y de las libertades fundamentales, y desarrolla e impulsa sus propias propuestas. A esa estamos apostando. Eso pasa por preparar desde la ciudadanía propuestas de Ley. Es lo que hemos hecho en el Consejo: no pedirle al Gobierno que haga una ley, lo que también podría ser, pero creemos que somos nosotros los que debemos prepararlas. 

Está claro que necesitamos que los ciudadanos las respalden. Por eso estamos trabajando con más fuerza y mucho más ahínco en la primera fase del asunto, que no es tener la ley, sino obtener la certificación del elector. Por eso empezamos a darle más visibilidad a que los ciudadanos soliciten la certificación para respaldar las propuestas que se hagan. 

Somos 12 ahora mismo los que tenemos la certificación electoral. Estamos creando las condiciones para que muchos más cubanos la obtengan. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, no podemos definirlo desde ahora.

El camino para presentar la propuesta a la Asamblea Nacional (lo que no es garantía de que se apruebe) es muy largo. Por tanto, es probable que muchas personas cumplan sus condenas antes de que se logre y que los familiares de presos comunes opten por esperar antes que por sumarse a una iniciativa de la sociedad civil independiente.

Es más fácil redactar algo y darle visibilidad que lograr que las personas vayan a solicitar la certificación. Hay una lentitud primero porque ellos (el Gobierno) obstaculizan la obtención, ya que obligan a las personas a solicitarla en La Habana. Somos solo 12, porque estábamos en la fase de comprobar si el trámite se podía realizar y los activistas podíamos obtener la certificación. Los 12 que la tenemos somos activistas. Una vez comienza caminar, nuestra intención es acelerarlo. En eso ayuda mucho la visibilidad del proceso, por eso queremos montar una campaña de "obtén tu certificado".

Si en el proceso que estamos tratando de lograr que avance la ley son liberados algunos, perfecto. Pero recuerda que hay personas que tienen un montón de años echados. Básicamente, estamos pensando en las personas que tienen condenas de diez, 12 años. Son unos cuantos. También vamos a presentar solicitudes de indulto en algunos casos.

Lo mismo con los familiares de presos por delitos comunes. Aquí hay un mensaje de inclusividad frente a las injusticias y creo que eso puede tener algún impacto. Si la condena es de dos años y esto se demora más de lo debido, y obviamente va a pasar, nos alegraremos de que los suelten. Pero la presión la vamos a hacer y veremos qué pasa.