El politólogo Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), promueve la adquisición por parte de la ciudadanía de la certificación acreditativa de la condición de elector. En un video difundido en el canal de Youtube Foro Permanente DDHH Cuba y compartido con DIARIO DE CUBA, afirma que contar con ese documento, llamado también credencial del elector, puede ser útil para lograr en la Isla "cambios pacíficos, racionales, positivos, inclusivos, de la ley a la ley".
Sobre la verdadera utilidad de contar con dicha certificación, que Cuesta Morúa llama "carnet de identidad cívico", así como los cambios que es posible buscar al poseer el documento, y los obstáculos que el Gobierno cubano pone para su obtención, conversa el opositor con esta redacción.
Una opción legitimada por la ley en Cuba
"La credencial del elector es un instrumento que establece la Ley 131 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular", recuerda el vicepresidente del CTDC.
Dicha norma regula lo recogido en los artículos 164 k) y 227 f) de la Constitución, sobre el ejercicio por parte de los ciudadanos de la iniciativa legislativa, en el primer artículo, y de la reforma constitucional, en el segundo, detalla Cuesta Morúa.
"Para validar ante la Asamblea Nacional cualquier propuesta de ley o de reforma constitucional por parte de la ciudadanía, es imprescindible la presentación o contar con la certificación acreditativa de la condición de elector".
El activista explica que algunas personas llaman al documento "credencial del elector", que es un nombre más corto y más fácil de popularizar.
También recuerda que en 2022, cuando el CTDC presentó una propuesta de amnistía ante la Asamblea Nacional, la respuesta fue que cualquier iniciativa debía ajustarse a lo que establece la Ley 131 y la certificación o credencial del elector es un requisito.
Lo mismo ocurrió cuando el CTDC y el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo presentaron una demanda para que se discutiera dentro del máximo órgano legislativo cubano, como establecía el cronograma legislativo, la ley relativa al derecho a la manifestación con fines pacíficos.
La credencial constituye un requisito imprescindible para cuestionar la constitucionalidad de una ley, presentar una propuesta a nivel municipal y otras iniciativas ciudadanas previstas en la mencionada Ley 131. Cada una requiere un número determinado de firmas (todas avaladas por la credencial). Las iniciativas que más firmas requieren son la (10.000) y la de reforma constitucional (50.000).
"Por ese camino es que creemos que se puede avanzar en un proceso de cambio, de democratización, de la ley a la ley. Por ahí lo estamos entendiendo e impulsando. Sí tiene validez legal; es un camino que tiene la ciudadanía para impulsar distintas propuestas de ley", afirma Cuesta Morúa.
El activista considera que ese camino podría ser empleado por las organizaciones feministas para lograr la aprobación de una ley contra la violencia de género en Cuba.
"Ha habido una petición durante años, creo que desde 2019, pero nos parece mucho más interesante que desde las propuestas feministas se prepare una propuesta de ley, se impulse, se despliegue una campaña para que las mujeres interesadas soliciten esta certificación electoral, y eso les daría la viabilidad, que se traduce en legitimidad, a esas propuestas que vengan desde la ciudadanía", apunta el politólogo.
"Creemos que aquí hay una opción, una alternativa pacífica, inclusiva, racional, legitimada por la propia ley, por tanto, mucho más poderosa, e impulsada por la ciudadanía para que de alguna manera se avance para lograr cambios democráticos en el país".
Obstáculos en "un Estado autoritario que se viste de normas y principios democráticos"
El vicepresidente del CTDC reconoce que la ley es "ambigua y excluyente", pero ante las restricciones llama a usar "la imaginación política".
La primera limitación, deliberada, de la norma es que no establece un plazo específico para que los ciudadanos en todo el país obtengan su credencial de elector.
El activista cuenta que los primeros solicitantes de la credencial tardaron un promedio de 45 días en recibirla. El abogado Ferrer Tamayo fue el primero.
"Las últimas solicitudes entregadas se demoraron alrededor de un mes", dice Cuesta Morúa, quien también tiene ya la suya.
Entre los obstáculos burocráticos que han enfrentado los solicitantes está el desconocimiento de quienes trabajan en los consejos electorales municipales sobre la acreditación de la condición de elector y la propia Ley 131.
En Palma Soriano, Santiago de Cuba, el personal del Consejo Municipal se negó a recibir la solicitud de una ciudadana, con el argumento de que era "una contrarrevolucionaria".
Pero, aunque hay consejos electorales en todos los municipios, para solicitar la credencial de elector los cubanos están obligados a ir a la sede del Consejo Electoral Nacional, ubicado en 29 y C, en el habanero municipio Vedado y pedirla a una funcionaria específica.
"Te imaginarás las trabas que están poniendo, pero no estamos en democracia. Estamos en un Estado autoritario que se viste de normas y principios democráticos", afirma Cuesta Morúa.
Si contribuyo a la economía debo tener derecho a la representación
En el caso de los cubanos emigrados, al residir fuera no pueden ser acreditados como electores. Cuesta Morúa recuerda que la nueva Ley de Migración, aprobada en julio, establece la categoría de residencia efectiva, pero para disfrutarla la persona debe pasar en Cuba una cantidad de tiempo que no especifica la norma.
"Sin embargo, aquí está lo que me parecería importante: el ejercicio de la imaginación política a partir de las posibilidades que da la ley. Por ejemplo, podría impulsarse una iniciativa legal para modificar la Ley Electoral, para garantizar el derecho de los cubanos que residen en el exterior. Eso se puede hacer desde dentro del país, como lo establece la ley. Si 10.000 cubanos avanzan una reforma de la Ley Electoral para otorgar derechos a los residentes en el exterior, hay un camino para conectar a esos cubanos interesados en impulsar cambios dirigidos a garantizar sus derechos dentro del sistema político cubano y en la dirección de cambiar el sistema político cubano".
Cuesta Morúa llama la atención sobre el peso de los emigrados en la vida económica de Cuba tanto a través de las remesas como de "lo que el Gobierno cubano considera el turismo". La propia Ley de Migración refleja el interés de las autoridades en atraer las inversiones de los emigrados.
"Ahí hay una base poderosa de legitimidad para exigir la participación en el proceso político", afirma el activista y cita un lema de los ingleses en los siglos XVIII y XIX: "no impuestos sin representación, es decir, si yo contribuyo a la economía del país debo tener derecho a la representación en las estructuras políticas del país".
Lo que es reformable dentro de la Constitución cubana
Sobre los cambios constitucionales que pueden promover los cubanos, contando con el respaldo de la credencial del elector, Cuesta Morúa señala que "teóricamente todo es reformable y en todos los campos de la vida económica, social y política pueden establecerse propuestas de ley para la reforma, excepto los Artículos 4 (de la irrevocabilidad del socialismo) y 16 a) (establece que no se puede negociar con potencias extranjeras bajo coacción)".
"Por tanto, teóricamente, se pueden reformar hasta los artículos 3 y 5. Esta es la vía de construcción y recomposición de la soberanía ciudadana para definir el sistema político en Cuba".
El activista admite que la "ruta constitucional" es difícil de impulsar y que existen "muchos obstáculos en el camino. No obstante, considera que "la autenticidad del cambio depende de la capacidad que despleguemos para vencer esos obstáculos".
