Al menos diez presos políticos cubanos han intentado quitarse la vida durante 2024, y tres de ellos fallecieron en alguno de los varios intentos de suicidio que llevaron a cabo, informó la organización Justicia 11J, dedicada al seguimiento y denuncia de las detenciones por motivos políticos en Cuba.
En tal sentido, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha registrado, a lo largo del presente año, tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucraron a siete hombres y tres mujeres.
"El reciente fallecimiento, tras lanzarse de un puente elevado sobre una carretera, del preso político Yosandri Mulet Almarales, sentenciado a diez años de privación de libertad por las protestas antigubernamentales de julio de 2021, confirma la urgencia de atender las alertas realizadas por nuestra organización sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de suicidio por parte de personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba", destacó Justicia 11J.
Asimismo, la organización indicó que, en junio de 2022, Mulet Almarales llevó a cabo un primer intento de suicidio en la prisión Combinado del Este, sin que las autoridades penitenciarias hicieran nada al respecto. De esta forma, "el 22 de agosto de 2024 el joven de 37 años llevó a cabo su segundo intento (mortal) durante una salida de pase de otro centro penitenciario donde realizaba trabajo forzado", agregó.
Justicia 11J detalló, de igual forma, que, en febrero, "el activista Yasmany González Valdés, condenado a cuatro años de prisión por letreros antigubernamentales en muros de La Habana, había pensado en quitarse la vida tras meses de abusos en cárceles cubanas y el limbo judicial que atravesaba por aquel entonces". En este periodo, además, las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado y Yanet Pérez Quevedo atentaron contra sus vidas en la prisión Kilo 5, en Camagüey.
"Un caso reciente es el de Fray Pascual Claro Valladares, condenado en abril de 2024 a diez años en un proceso penal sin garantías, por las protestas de Nuevitas, Camagüey (2022). Otro sentenciado por las protestas de Nuevitas, Daiver Leyva Vélez, condenado a 10 años por 'sedición', ha intentado ahorcarse en dos ocasiones", precisó la organización no gubernamental.
Esta situación, además, ha suscitado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que, entre sus múltiples condenas a la represión en Cuba, en abril otorgó medidas cautelares a Claro Valladares y denunció que "su intento de suicidio fue manejado con negligencia, sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento".
Además, durante este año, otros dos prisioneros políticos mencionaron intenciones de autolesionarse o atentar contra sus vidas, Omar Ortega, recluido en la prisión de Morón, Ciego de Ávila, y Lizandra Góngora, encarcelada en el penal "Los Colonos", en Isla de la Juventud.
"Ante esta realidad, reiteramos nuestra exigencia de libertad inmediata para cientos de condenados por diversos escenarios de protesta en Cuba y otras causas políticas. Están en riesgo cada día que permanecen en las difíciles condiciones de los penales cubanos, castigados de múltiples maneras por sus ideas y oposición al régimen", concluyó Justicia 11J.
En un comunicado emitido hace varios meses al respecto, la CIDH dijo: "Recordamos a las autoridades que las Reglas Mandela de la ONU exigen facilitar asistencia médica recurrente para detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda".
"Pedimos que se respeten los derechos de las personas reclusas y que se atiendan sus demandas, como parte de las acciones de prevención del suicidio en prisión a las que está obligado el Estado cubano", concluyó.
Actualmente, más de 650 cubanos continúan presos por las protestas antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de 2021 en más de 50 ciudades y localidades de la Isla. En total, más de 1.100 ciudadanos de la Isla están encarcelados por motivos políticos.
