Como parte del 190 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), activistas cubanos participaron ese jueves en la audiencia pública "Las violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la violencia institucional en Cuba". En la cita intervinieron representantes del grupo de detenciones por motivos políticos Justicia 11J, el grupo de asesoría legal Cubalex, el Museo virtual de la memoria contra la violencia basada en género, el Observatorio de Género Alas Tensas, las Damas de Blanco y el Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Justicia 11J expuso que "más de 1.500 personas fueron detenidas por las protestas de julio de 2021 en Cuba. Más de 600 continúan presas". Asimismo, la directora del grupo, Camila Rodríguez, detalló que "entre julio de 2023 y este 8 de julio, al menos 240 personas privadas de libertad por participar en las protestas del 11J han sido víctimas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos en las cárceles cubanas".
La activista subrayó la preocupación de su grupo de trabajo en torno a "la salud, e integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años".
En tal sentido, y ahondando en estas preocupaciones, la abogada Giselle Morfi indicó que, entre enero de 2022 y enero de 2024, "Cubalex registró 56 muertes bajo custodia policial". El grupo de asesoría legal identificó, como causas de esos fallecimientos, la negación de atención médica, el suicidio, el uso excesivo de la fuerza, la huelga de hambre y accidentes laborales en centros penitenciarios.
"Los patrones identificados por Cubalex reflejan profundas deficiencias en el sistema de custodia y detención en Cuba, evidenciando la necesidad urgente de reformas para mejorar las condiciones de detención, asegurar el acceso a atención médica adecuada y garantizar la protección y seguridad de todos los individuos bajo custodia del Estado, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad extrema", dijo Morfi.
En cuanto a los feminicidios, un tema que cobra cada vez más resonancia en la sociedad cubana, pese a las continuas negligencias estatales, la activista Yanelys Nuñez Leiva, del Observatorio de Género Alas Tensas, señaló que, entre 2019 y 2023, según el subregistro de su organización, "208 mujeres fueron asesinadas, con al menos 24 de ellas habiendo denunciado a sus agresores, en su mayoría parejas y exparejas".
"Ante estos crímenes, el Gobierno cubano ha negado siempre su responsabilidad, argumentando que existe una voluntad política y un interés estatal en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres y sus hijas en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género solo confirman la complicidad del Gobierno frente a esta problemática social y lanza un mensaje de impunidad a los agresores", destacó.
Las activistas cubanas por los derechos humanos, pidieron a la CIDH que exija al régimen la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos, antes y después de las manifestaciones del 11J, que las muertes de reclutas del Servicio Militar sean calificadas como "muertes en custodia" y que detenga todas las formas de represión y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia física y tortura, estableciendo un mecanismo nacional independiente de protección de activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
En este contexto, según expuso la organización en su perfil de X, "la CIDH manifestó su rechazo a la represión estatal contra activistas y personas defensoras de derechos humanos. Expresó su solidaridad con las organizaciones, valorando el análisis interseccional presentado, además de manifestar preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos registradas en Cuba".
De igual forma, instaron a la CIDH a que exija al Estado cubano que implemente medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género y que promulgue una Ley Integral sobre la Violencia de Género.
Además, como parte de este 190 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, el abogado de Cubalex Alain Espinosa participó en la audiencia "Exilio de periodistas e impacto a la libertad de expresión en las Américas". Allí expuso que, desde 2021, 44 periodistas cubanos han sido forzados al exilio, incluyendo 28 hombres y 15 mujeres.
"Estas prácticas buscan promover el abandono del periodismo independiente, impidiendo así el acceso a información diversa. En muchos casos, el exilio forzado es la única vía de escape a la privación prolongada de la libertad en condiciones inhumanas y degradantes", destacó.
