La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo constar las muertes de cuatro cubanos condenados a prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 y el 12 de julio de 2021, en un comunicado en el que exigió la "liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas en las Américas".
En el texto, publicado este lunes, el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que ha dado seguimiento a las detenciones arbitrarias empleadas para perseguir el disenso político y que esas prácticas "fueron documentadas, al menos, en Cuba, Nicaragua y Venezuela".
"En 2024, en Cuba había 1.148 personas detenidas por motivos políticos", apuntó la CIDH. La cifra coincide con la recogida por la ONG Prisoners Defenders en su informe correspondiente a noviembre del año pasado.
"En Cuba cuatro detenidos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 habrían fallecido en prisión", destacó el órgano de la OEA.
Los cuatro cubanos fueron condenados a penas de cárcel entre seis y 14 años de cárcel por manifestarse contra el régimen, y murieron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Ninguno llegaba a los 40 años.
Luis Barrios Díaz, de 37 años, cumplía una sentencia de nueve años de cárcel en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, La Habana. Murió en el hospital La Covadonga, en noviembre de 2023, presuntamente tras ser víctima de negligencia de las autoridades carcelarias.
El 26 de agosto de 2024, Yosandri Mulet Almarales, también de 37 años, murió en el hospital habanero Julio Trigo, como consecuencia de un intento de suicidio que había perpetrado cuatro días antes, durante un pase de la prisión. Dos años antes, en junio de 2022, también había intentado quitarse la vida.
Mulet Almarales había sido condenado a diez años de cárcel por participar en las protestas que se produjeron en La Güinera, La Habana. Padecía trastornos mentales. Pese a su padecimiento y al intento previo de quitarse la vida, el régimen le negó la licencia extrapenal.
El 17 de octubre falleció, tras sufrir un infarto, Gerardo Díaz Alonso. Tenía 35 años y era padre de dos hijos. Cumplía una condena de 14 años en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, por participar en las manifestaciones en Cárdenas, Matanzas.
El más joven de los cuatro presos políticos fallecidos era Manuel de Jesús Guillén Esplugas. Tenía 29 años y era activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), además de promotor de Cuba Decide.
Cumplía una condena de seis años de privación de libertad por el supuesto delito de "sabotaje", en la prisión Combinado del Este, de La Habana. Murió el 30 de noviembre de 2024, presuntamente a causa de una golpiza que le propinaron los guardias de la prisión, de acuerdo con una denuncia de su familia.
Sobre la situación de los presos en Cuba, la CIDH recordó que en la audiencia pública sobre derechos de las personas mayores, realizada en noviembre, activistas cubanos ofrecieron información "sobre la falta de atención a las necesidades de la vejez en salud, cuidados y movilidad de estas personas encarceladas por razones políticas".
"Sumado a ello, las personas presas políticas se enfrentan a un mayor sometimiento a malos tratos y actos de tortura que abarcan, entre otros, aislamiento, incomunicación y, violencia física, psicológica y sexual, con una especial afectación a las mujeres", indicó la Comisión.
En el comunicado, también se refirió la cantidad de personas encarceladas en Venezuela por motivos políticos, que ascendían a 1.849 al terminar 2024. De ellas, más del 85% había sido arrestada en el contexto de los comicios presidenciales.
"1.572 fueron detenidas durante o después de las manifestaciones en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024", especificó la CIDH.
A finales de diciembre, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que 138 detenidos en el contexto de la represión poselectoral habían sido excarcelados.
"A los excarcelados se les sigue exigiendo firmar un documento en el que declaran que sus derechos humanos fueron respetados; de no hacerlo, no reciben la boleta emitida por el tribunal que les otorga la libertad condicional", denunció entonces la organización en su perfil de X.
Respecto a Nicaragua, la CIDH señaló este lunes que "había 36 personas encarceladas en el marco de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018".
En el texto publicado este 6 de enero, el órgano autónomo de la OEA recordó que "toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier tipo de privación de libertad ilegal o arbitraria". También, que los Estados "deben garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad" y que eso incluye "brindar información oficial y actualizada sobre su situación, asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y, garantizar las visitas y el contacto directo y regular con sus familias".
"En atención a lo expuesto, la Comisión exhorta a los Estados de las Américas a asegurar el pleno respeto a las garantías judiciales y los derechos y principios fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y que deben regir en todos los procesos penales. En esta línea, urge a los Estados a liberar, de manera inmediata, a las personas detenidas por razones políticas en todo el hemisferio", recalcó la CIDH al final del texto.
