El fallecimiento el 17 de octubre de Gerardo Díaz Alonso, de 35 años, es la segunda de un preso político del 11J en lo que va de año. Díaz Alonso cumplía 14 años de condena en la prisión de Canaleta, Matanzas, por salir a las calles de Cárdenas a manifestarse contra el régimen aquel histórico día.
Uno de sus familiares, Mercedes Sánchez del Campo, madre de sus dos hijos, accede a dar su versión a DIARIO DE CUBA en torno a los últimos días bajo custodia de este preso político.
"Desde hacía un tiempo atrás Gerardo había tenido varios desmayos y empezó a padecer de la presión arterial. Le hicieron unos pocos análisis que arrojaron que tenía la azúcar alta. Tan solo una vez en los últimos meses lo llevaron a un hospital, pero enseguida lo devolvieron a su celda. La semana anterior a su muerte volvió a sufrir otro desmayo, y en esa ocasión las autoridades carcelarias no le dieron ninguna asistencia médica", explica Sánchez del Campo.
Sobre las últimas horas con vida de Díaz Alonso, señala que el día de su fallecimiento "él estaba trabajando en la prisión. Empezó a sentirse muy mal y de momento no podía ni caminar. Sus compañeros lo llevaron para la enfermería, cuando estaba llegando al puesto médico tuvo el primer paro cardíaco, comenzaron a reanimarlo y también llamaron a una ambulancia. Pasó una hora más o menos, al cabo de ese tiempo y cuando parecía rebasar ese paro, tuvo un segundo paro cardíaco. Este no lo pudo rebasar y falleció".
Sánchez del Campo considera que hubo negligencia médica porque "nunca lo atendieron como debían atenderlo. A él le dieron varios desmayos y de vez en cuando arrastraba los pies, de haberlo atendido con antelación considero que pudo haberse salvado. Ellos dicen que hicieron lo que pudieron, pero antes de los paros cardíacos, la atención medica no fue la adecuada".
"Su muerte nadie la esperaba. Su madre está destrozada desde ese día. Sus hijos tienen tres y cuatro años. El mayor de ellos era muy apegado a su padre, y a veces se sentía mal sino hablaba con su padre por teléfono. Aún no le hemos dicho nada, porque no sabemos cómo darle tan terrible noticia. Para toda la familia ha sido muy duro esta muerte tan inesperada", concluye.
A finales de agosto de este año se divulgó la muerte de Yosandri Mulet Almarales, quien estaba hospitalizado después de un segundo intento de suicidio desde su entrada en prisión. Mulet Almarales cumplía una condena de diez años por la protesta del 12 de julio en el barrio de La Güinera, en La Habana.
La organización Prisoners Defenders contabiliza que, de los 1.113 presos políticos que existen en la Isla, 356 de ellos presentan patologías médicas y 63 padecen de algún trastorno de salud mental. Los presos políticos y muchos reclusos comunes denuncian a los medios independientes la escasez de medicamentos y la falta de atención médica que padecen en los centros penitenciarios.
El régimen nunca divulga cifras de los reclusos fallecidos en las más de 200 prisiones que existen en toda Cuba.
