En un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, un espacio cívico completamente restringido y la criminalización de cualquier forma de disidencia, Amnistía Internacional (AI) declaró el martes 22 de octubre como personas presas de conciencia al opositor Félix Navarro, a la Dama de Blanco Sayli Navarro, al manifestante del 11J Roberto Pérez Fonseca y al activista Luis Robles.
"Estos nombramientos son un reconocimiento a las decenas de personas que permanecen en prisiones en Cuba por ejercer pacíficamente sus derechos, a todas aquellas personas que viven sistemáticamente bajo vigilancia, hostigamiento y amenaza de criminalización. Un reconocimiento a la valentía y resistencia de las personas que en Cuba se sobreponen a la represión permanente y generalizada y luchan por sus derechos y los de todas las personas", declaró Ana Piquer, directora de las Américas de AI, en un comunicado.
La organización recordó que Félix Navarro es un opositor político de 71 años, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. En más de 30 años ha sido coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ha estado vinculado a la plataforma Cuba Decide y al Consejo para la Transición en Cuba.
"Félix cumple su tercera condena por razones políticas. Fue encarcelado en 1992 acusado de 'propaganda enemiga' por colocar carteles 'contra la Revolución' en su pueblo natal. En 2003 fue condenado a 25 años de cárcel durante los procesos penales conocidos como la 'Primavera Negra', junto a 75 personas opositoras, periodistas y activistas. En ese contexto, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Fue excarcelado mediante una licencia extrapenal el 23 de marzo de 2011. Junto a José Daniel Ferrer, también preso de conciencia, fueron los últimos en ser liberados del grupo de los 75 al haberse negado con anterioridad a la excarcelación a cambio del exilio", añadió el comunicado de AI.
Sayli Navarro, hija de Félix Navarro, de 38 años, es activista y cofundadora del movimiento Damas de Blanco, un grupo de madres, esposas e hijas del grupo de las 75 personas detenidas en la "Primavera Negra".
"Sayli ha vivido desde niña las consecuencias de la represión estatal contra su padre. Fue expulsada de la Universidad en el año 2010 por sus 'vínculos contrarrevolucionarios'. Además, agentes de la seguridad del Estado y autoridades policiales la han detenido arbitrariamente, sometido a interrogatorios y ha recibido amenazas varias veces", señaló AI.
Félix y Sayli Navarro fueron condenados a nueve y ocho años de cárcel respectivamente en marzo de 2022 por hechos vinculados a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Ambos fueron detenidos de manera violenta el 12 de julio cuando se presentaron en la estación de policía de su ciudad, Perico, en la provincia de Matanzas, para indagar por la situación de los miembros de su movimiento que habían sido detenidos el día anterior durante las protestas.
Por su parte, Luis Robles, de 32 años, fue condenado en marzo de 2022 por los delitos de "propaganda enemiga" y "desobediencia" a cuatro años y seis meses de cárcel por manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en un céntrico paseo peatonal en La Habana.
El joven portaba un cartel en el cual se leía: "Libertad", "No+Represión", "#Free-Denis" y caminaba en círculos mientras decenas de personas comenzaron a grabarlo. Luis Robles sostuvo el cartel durante varios minutos hasta que se acercó la Policía, se lo arrebató y procedió a su arresto, al que Luis no opuso ninguna resistencia. Esto ocurría días después del acuartelamiento y huelga de hambre que desarrollara el Movimiento San Isidro por la liberación del rapero Denis Solís, con el que Luis quería solidarizarse, además de expresar su apoyo al Movimiento.
Sobre Roberto Pérez Fonseca, de 41 años, AI señaló que fue condenado en octubre de 2021 a diez años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, acusado de delitos de "desacato, atentado, desórdenes públicos e instigación a delinquir", delitos tradicionalmente utilizados por las autoridades cubanas para castigar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas calificó el arresto de Pérez Fonseca como arbitrario, pues se debió al ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de reunión y de asociación, así como a la libertad de opinión y de expresión. También consideró que al prisionero le fueron violados sus derechos a un juicio justo e imparcial.
Estos nombramientos ocurren en un contexto donde las autoridades cubanas han desplegado una nueva ola represiva contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, intelectuales y medios de prensa independientes en las últimas semanas de septiembre, señaló la organización. Esto ha incluido un alarmante aumento del acoso, hostigamiento, detenciones arbitrarias, nuevas amenazas de criminalización, negación de derechos penitenciarios y preocupantes denuncias sobre el deterioro de la salud e integridad física de personas presas.
"Tras la enorme represión estatal desatada por las protestas de julio de 2021, y con muchas personas activistas, opositoras y disidentes encarceladas injustamente, el Estado cubano parece querer arrasar con toda capacidad de resistencia de la sociedad cubana, incluyendo además ahora a proyectos, espacios y activismos no vinculados a la oposición o disidencia política tradicional", denunció Ana Piquer.
La organización recogió las denuncias de los medios de comunicación independientes El Toque, Periodismo de Barrio y Cubanet cuyos colaboradores han recibido amenazas de criminalización por parte de las autoridades en las últimas semanas.
Amnistía Internacional tuvo acceso a testimonios de al menos 20 activistas, quienes señalaron haber recibido amenazas de cárcel y ser forzados a grabarse y firmar declaraciones de autoinculpación, además de ser privados de sus teléfonos celulares y computadoras. En la misma línea, organizaciones cubanas de derechos humanos reportaron que al menos tres colaboradores de medios independientes han sido forzados a escribir renuncias públicas en sus redes sociales, donde expresan su voluntad de no colaborar con medios de prensa independientes. El 16 de septiembre la revista cultural PM Magazine anunció su cierre definitivo debido a la creciente presión y acoso contra su director por parte de agentes de la Seguridad del Estado.
"Este ambiente de miedo e intimidación permanente se suma a nuestra preocupación por las sostenidas denuncias sobre el deterioro en la situación de salud y malos tratos de los presos de conciencia Loreto Hernández, Pedro Albert y José Daniel Ferrer; así como el recrudecimiento del acoso sistemático que sufren el periodista Carlos Michael Morales, y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Es imperativo que la comunidad internacional muestre su solidaridad y exija la liberación inmediata de las personas presas por ejercer sus derechos, y el cese de la represión y el hostigamiento contra aquellos que disienten en Cuba", reclamó Piquer.
Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de las personas presas de conciencia, y de todas aquellas injustamente encarceladas únicamente por ejercer sus derechos humanos, al tiempo que hizo un llamado al Gobierno de Miguel Díaz-Canel para que respete los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y derogue leyes represivas y cese la represión hacia quienes disienten.
Reporteros Sin Fronteras pide al régimen respeto para el trabajo de los periodistas independientes
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó la creciente ola de intimidaciones, detenciones arbitrarias y acosos de los periodistas independientes cubanos bajo el manto de la nueva Ley de Comunicación Social, y pidió a la comunidad internacional que presione al régimen cubano para que respete el trabajo de los periodistas.
"Desde principios de octubre, al menos 11 periodistas han sido convocados por la Policía Nacional Revolucionaria, interrogados y obligados a renunciar a ejercer su profesión , según informaciones de RSF. Muchos fueron acusados de 'propaganda contra el gobierno' y 'mercenarismo', en virtud de la nueva Ley de Comunicación Social – aprobada en 2023 e implementada a partir del 4 de octubre -, que regula la comunicación y fomenta la represión de las voces disidentes", dijo RSG en un comunicado.
Condenó que a algunos de los detenidos se les confiscó su equipo profesional durante los interrogatorios y que se les amenazó, en la mayoría de los casos, con encarcelarlos o hacer daño a sus familias, si continuaban con su trabajo.
"Durante los interrogatorios, las autoridades grabaron las sesiones, lo que presenta el riesgo de que posteriormente sean difundidas, como ha ocurrido en otras ocasiones, ya que la desacreditación pública de los periodistas es una táctica recurrente del régimen para humillar y silenciar a las voces disidentes", añadió.
Para RSF, "las tácticas represivas del Gobierno cubano para silenciar a los periodistas independientes, que ya eran profundamente alarmantes, han empeorado con la nueva Ley de Comunicación Social".
"El patrón sistemático de interrogatorios humillantes seguidos de dimisiones públicas forzadas forma parte del intento deliberado del régimen de desmantelar cualquier espacio para la libre expresión. RSF condena estas acciones como atroces violaciones de la libertad de prensa y esfuerzos calculados para eliminar el periodismo independiente en Cuba", denunció Artur Romeu, director de la Oficina para América Latina de RSF.
La nota recoge los casos de Yennys Hernández Molina y su esposa, Annery Rivera Velasco; de María Lucía Expósito; de cuatro directores de medios de comunicación locales afiliados al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (Juan Manuel Moreno Borrego, de Amanecer Habanero; Orlidia Barceló Pérez, de El Espirituano; Mabel Páez Díaz, de El Majadero de Artemisa; y Antonio Suárez Fonticine, de Páginas Villareñas), de Yadira Álvarez Betancourt; Lucy G. Morell, fotógrafa y documentalista de Periodismo de Barrio; Adriana Normand, periodista independiente de medios digitales como Hypermedia Magazine y El Toque; y de José Luis Tan Estrada, periodista freelance de Camagüey que colabora para medios como Cubanet.
"Año tras año, Cuba sigue siendo uno de los países peor clasificados de América Latina en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, debido al férreo control que ejerce el Gobierno sobre todos los medios de comunicación, mediante severas restricciones legales y el acoso constante a los periodistas", concluyó la ONG.
Esas denuncias deben continuar. A esos prisioneros se suman ahora los del apagón nacional.