La ONG Artículo 19, dedicada a la defensa de las libertades de prensa y expresión como derechos humanos, denunció este miércoles, a través de un comunicado, "la ola represiva registrada durante septiembre en contra de activistas y periodistas independientes con perfiles altamente visibles por su labor de defensa de derechos humanos y periodística en la Isla".
Para demostrar la "preocupación" expresada en torno a este tema, la ONG citó el caso del periodista Yeris Curbelo Aguilera, del medio independiente Palenque Visión, quien el 24 se septiembre fue condenado a dos años de cárcel por el presunto delito de "lesiones leves", luego de ser sujeto de agresiones por la Policía política en junio, en el mismo sitio donde meses antes su hijo también fue agredido. "La adjudicación de un delito común es en represalia por su activismo en las manifestaciones en Camareira en mayo de este año", denunció Artículo 19.
Asimismo, la ONG indicó que "el 22 de septiembre, el también reportero independiente Adelth Bonne fue víctima de intimidación en su propia casa por dos mujeres quienes, de acuerdo con sus declaraciones, actuaban en nombre del Gobierno cubano. Lo increparon por no estar de acuerdo con su labor periodística y de activismo que realiza en contra del régimen".
De igual forma, "la activista cubana Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco, fue detenida arbitrariamente y víctima de desaparición forzada de corta duración en La Habana mientras se dirigía a ejercer su derecho a la protesta, libertad de expresión y religiosa. Estuvo cerca de 72 horas desaparecida, hechos que fueron insistentemente negados por la autoridad".
"En este panorama para la libertad de expresión y de prensa, que se enmarca en un contexto de empobrecimiento cada vez mayor de la población, falta de infraestructura y de asistencia a necesidades básicas", Artículo 19 exigió al Gobierno cubano que "cese inmediatamente el acoso contra periodistas independientes, activistas y cualquier voz crítica y restituir sus derechos".
La ONG exigió, además, "reformar las disposiciones del Código Penal que inhiben el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación en espacios físicos y digitales, así como la Ley de Comunicación Social que además de prohibir el periodismo independiente, limita el acceso a la información pública y prohíbe la difusión de contenidos".
De igual forma, demandó que el Estado cubano "ratifique inmediatamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" y que implemente "una institución nacional independiente que vele por los derechos humanos, apegada a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos".
"La represión en Cuba contra el disenso se presenta no solo en espacios públicos, sino que se ha extendido a los espacios digitales, se ha recrudecido en los centros penitenciarios, y ha alcanzado los ámbitos privados, desde las históricas manifestaciones del 11J, en 2021. Estos actos son posibles debido al fortalecimiento de su marco jurídico punitivista construido para cercar, silenciar y asfixiar cualquier idea o expresión contraria al imaginario revolucionario impuesto por el régimen como única alternativa de vida", concluyó Artículo 19.
