En 2021, el promedio de agresiones que podía sufrir un periodista independiente cubano aumentó hasta ocho, con respecto a las seis que sufría como promedio en 2020 y las cinco de que podía ser víctima en 2019. Este es uno de los datos que revela la ONG británica Artículo 19 en su informe "Democracia de papel", que abarca de 2019 a 2021 y fue presentado de manera virtual el martes 18 de enero.
Solo en el primer semestre de 2021, Artículo 19 documentó 321 agresiones contra periodistas independientes en la Isla. El Gobierno de Cuba ha aprendido a imponer el silencio "matando el periodismo", advirtió.
En 2020, la organización registró 681 agresiones contra 119 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
El 65% fueron cometidas contra de periodistas y el 36% contra activistas, artistas y defensores. El informe destaca que el 69% (472) de las agresiones ocurrieron en un lapso de seis semanas (del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2020).
En 2021, Artículo 19 documentó un número de agresiones muy similar (656), pero solo durante la primera mitad del año, lo que da idea del incremento de la represión. Casi la mitad fueron perpetradas contra periodistas.
Las gráficas que contiene el informe muestran que la mayoría de las violaciones de derechos humanos contra periodistas, activistas y artistas consistieron en arrestos domiciliarios y detenciones arbitrarias, aunque también hubo campañas de desprestigio, amenazas, interrogatorios, desalojos y agresiones físicas, entre otras formas de represión.
Cómo el Estado cubano reprime a las mujeres, aunque no sean periodistas independientes ni activistas
En el caso específico de las mujeres, el documento refleja un alza más dramática de la represión. Si una periodista cubana fue agredida como promedio en ocho ocasiones durante 2020, en el primer semestre de 2021 el promedio de agresiones escaló a 11.
Durante todo 2020, las periodistas independientes y activistas cubanas sufrieron un total de 284 agresiones. La mayoría de las agredidas (192) fueron periodistas y 82 fueron activistas. En el primer semestre de 2021, Artículo 19 documentó agresiones contra 289 mujeres dedicadas al periodismo o al activismo. El mayor número (174) se perpetró contra periodistas; 115 fueron cometidas contra activistas.
Los testimonios de periodistas y esposas de periodistas o activistas muestran la forma en que el régimen cubano actúa contra las mujeres.
En abril de 2020, Leidys Despaigne Barrero, esposa del periodista independiente Julio Aleaga Pesant y madre de un bebé de un año, recibió la amenazada de que sería desplazada de manera forzosa desde La Habana a Santiago de Cuba si no colaboraba con la Seguridad del Estado en relación con el trabajo de su esposo.
"Me dijeron que me iban a separar de mi hijo, que me iban a mandar para Oriente y que más nunca iba a entrar a La Habana", dijo Despaigne Barrero.
En julio del mismo año, la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez denunció amenazas de las autoridades cubanas de quitarle la custodia de sus tres hijos si continuaba con su trabajo.
"Por supuesto, ese siempre es el tema de ellos: quitarme a los niños. Según ellos (los agentes de la Seguridad del Estado) yo no tengo buena capacidad para atenderlos (…), ni les estoy inculcando buenas ideas, porque lo que ellos quieren es que los adoctrinen como mismo han adoctrinado a todos los niños de Cuba".
El informe también incluye la amenaza de la Seguridad del Estado a Rosemelis Hérnandez, madre de la hija del rapero contestatario Maikel Castillo "Osorbo", con quitarle la custodia de la niña de cuatro años, por no "enseñarle los conceptos reales de Revolución".
Como señala el informe, las amenazas de privar a los padres de la custodia de los hijos se basa en el vigente Código de la Familia, que establece que los padres y madres pueden perder la patria potestad de sus hijos cuando observen una conducta peligrosa o incumplan con el deber de "inculcarles el amor a la Patria, el respeto a sus símbolos y la debida estimación a sus valores, el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista".
El informe también analiza normas que restringen la libertad de expresión como el Decreto-Ley 370/2018, el cual supedita el desarrollo de las TIC a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales; el Decreto-Ley No. 35/2021, el Decreto 42/2021 y la Resolución 105/2021, que imponen restricciones desproporcionadas al uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Teniendo en cuenta la fragilidad en que se encuentra el periodismo cubano, demostrada en el informe, Artículo 19 recomienda al Estado:
1. Liberar a todas y todos los presos políticos y eliminar las restricciones domiciliarias a las que han sido sujetas las personas periodistas y manifestantes en el marco de las movilizaciones del 11 de julio y del 15 de noviembre de 2021.
2. Reconocer el derecho a la protesta en su sentido más amplio, de conformidad con los estándares internacionales y adoptando lo dispuesto en el Comentario General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
3. Procesar y fijar sanciones administrativas en contra de los agentes del Estado que cometieron actos de brutalidad durante las protestas de noviembre y diciembre de 2020 y de julio de 2021.
4. Adaptar las normas constitucionales a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
5. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo periodístico de manera libre y sin violencia.
6. Garantizar el acceso a la información de manera universal. Eliminar los bloqueos informativos.
En la presentación online del informe estuvieron el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca; la curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos; la periodista y escritora cubana María Matienzo, la periodista cubano-mexicana Peniley Ramírez, y el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.
