La Seguridad del Estado obliga a periodistas independientes a renunciar a su trabajo

En la semana que entra en vigor la cuestionada Ley de Comunicación Social en Cuba, más periodistas independientes de la Isla ha sido blanco de la Seguridad del Estado. Las prácticas de acoso de la policía política del régimen han logrado la renuncia de tres jóvenes colaboradores de varios medios digitales.

"Por medio de esta publicación, mi esposa, Annery Rivera Velasco, y yo, Yennys Hernández Molina, declaramos nuestra renuncia a colaborar y/o participar en cualquier medio de comunicación o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del Gobierno cubano. Sin nada más que agregar, firmamos la siguiente declaración pública en redes sociales, hoy 3 de octubre del 2024 [sic]", escribieron en Facebook.

Los jóvenes colaboraban con plataformas como Cuba Próxima y medios independientes como Periodismo de Barrio.

Poco después, también presentó su "renuncia" la periodista Yadira Álvarez Betancourt, en un post calcado al de sus colegas.

El periodista y académico cubano José Raúl Gallego, que se hizo eco del caso de Rivera y Hernández en una publicación en la misma red social, denunció el compendio de violaciones de derechos humanos que habrían antecedido a la declaración pública de estos periodistas independientes en el más absoluto silencio de los tres.

"El terror ha sido un componente de la 'Revolución Cubana' desde sus inicios. Nunca se ha ido. Desde los fusilamientos, hasta la 'inculpación' de Heberto Padilla, hasta lo que está pasando hoy. Detrás de cada palabra dictada, obligada a ser escrita, hay meses de presiones, violaciones de derechos humanos elementales, amenazas, uso coercitivo de la ley, prácticas corruptas de oficiales robando dinero, grabando testimonios obtenidos bajo coacción", condenó Gallego.

"Contra una dictadura como la cubana no hay defensa totalmente efectiva, pero sí existe algo que puede protegernos, aunque sea mínimamente, (que) es la visibilidad. Denunciar en su momento cada atropello, cada amenaza, cada citación, poner sobre aviso a la opinión pública y a los colegas, negarse todo lo que sea posible a todo lo que esos criminales pidan u ofrezcan", sugirió.

"Lamentablemente es algo que uno aprende por las malas, pero el silencio es nuestro peor enemigo. Mi solidaridad para con todos los colegas que están siendo víctimas de esta nueva treta de la Seguridad del Estado contra el periodismo independiente y para posicionar fichas", añadió.

Esta semana también varios periodistas y colaboradores de CubaNet que residen en la Isla han sido víctimas de acciones represivas dirigidas por autoridades del régimen. Según el medio independiente, estas acciones incluyen amenazas, intimidación, detenciones breves y confiscación de bienes de trabajo y dinero.

"Los periodistas, cuya identidad no se revela para evitar mayores represalias, han sido amenazados con altas penas de prisión o con ver afectada la integridad de sus familiares si continúan su labor. No obstante, la represión no se ha limitado a las amenazas verbales: varios reporteros de CubaNet también han sido filmados contra su voluntad bajo coacción y tras horas de tortura psicológica, según denunciaron", alertó la publicación digital.

Asimismo, agentes de la Seguridad del Estado han confiscado en las últimas horas bienes personales a los periodistas. Les han arrebatado, además, sus dispositivos electrónicos y ahorros.

Según publicó el diario oficial Granma, este viernes 4 de octubre entra en vigor la Ley de Comunicación Social aprobada por el régimen de la Isla, un nuevo instrumento de las autoridades cubanas para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información.

La normativa, por ejemplo, establece que el profesional que no pertenezca a la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) no puede ejercitar la presunta libertad de prensa. "Ello es requisito preceptivo. A esta organización se entra obligatoriamente y al profesional se le prohíbe el desarrollo de actividades afines en cualquier medio de prensa no oficial. El Código Penal castiga el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales, es decir, los no autorizados por el poder", advirtió el abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez.

Entre otras restricciones, el denominado Sistema de Comunicación Social "actúa conforme al Estado socialista de derecho y justicia, el pensamiento de Fidel (Castro) y afianza los fundamentos políticos, ideológicos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y el Estado", según la norma. Asimismo, se advierte que el Instituto de Información y Comunicación Social "conduce y controla la gestión estratégica e integrada del Sistema en el país". Por "integrada" debe entenderse que se somete a los intereses del Partido Comunista, dijo González Jiménez.

El miércoles 2 de octubre el periodista independiente Niober García Fournier estuvo bajo vigilancia en Guantánamo en medio de operativos de vigilancia y represión extendida a activistas, un día después de una protesta en el poblado azucarero Argeo Martínez, motivada por los prolongados apagones en la zona, denunció el centro de información legal Cubalex.

El oficial conocido como "Víctor Víctor" y un integrante del estatal Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER) se encontraban en los alrededores de la vivienda de García Fournier.

En la misma localidad, Juan Luis Bravo Rodríguez, miembro del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y gestor del Proyecto Emilia, denunció que la Seguridad del Estado le interrumpió la conexión a internet y su vivienda tenía vigilancia. El activista Miguel Ángel López Herrera estuvo bajo vigilancia de la policía política y grupos paramilitares. Además, su vivienda fue agredida con piedras.

El día primero de octubre, tras 14 horas de apagón, residentes del poblado guantanamero salieron a las calles durante varias horas, golpeando cazuelas y gritando consignas antigubernamentales, debido a que no tenían cómo preparar los alimentos.

Según la información enviada a Cubalex, oficiales de la Policía, la Seguridad del Estado y autoridades del gobierno provincial en Guantánamo se presentaron en el lugar para intentar sofocar la protesta. Un día después, llegaron vehículos con alimentos a la localidad. Cubalex precisó que hasta este jueves no se reportaron detenidos entre las personas manifestantes.