El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó este miércoles su informe periódico sobre la represión en la Isla. Según sus registros, en agosto hubo, al menos, al menos 152 acciones represivas, de las cuales 14 fueron detenciones arbitrarias y 138, otros abusos. "Entre estos últimos aparecen amenazas, citaciones y hostigamiento policial. Se reportaron 81 denuncias realizadas por presos políticos y sus familiares", detalló la ONG, con sede en Madrid.
En tal sentido, el OCDH acusó al régimen de "silenciar al activismo político, las protestas y otras expresiones de descontento con más terror, prisión y exilio, en vez de buscar soluciones a las violaciones que se cometen diariamente contra los ciudadanos de la Isla".
"La disminución de determinados parámetros o variables que medimos, como las detenciones arbitrarias, retenciones, o acciones represivas en general, respuestas más frecuentes del régimen al ejercicio de derechos civiles, no puede ser vista como una voluntad real del Gobierno de no reprimir o respetar los derechos humanos", afirmó el OCDH.
Asimismo, la organización insistió en que "es precisamente el clima represivo de los últimos meses lo que ha originado una situación de temor en algunos casos y cautela en otros; ello forma parte del resultado esperado por el régimen y del costo de la represión para los ciudadanos".
"El principal instrumento de terror en Cuba es la cárcel", destacó el OCDH. "La situación de los presos políticos no mejora. No solamente se les ha negado el derecho a juicios justos, sino además se les somete a condiciones carcelarias inhumanas", agregó.
Entre los casos que evidencia con más claridad la represión del régimen durante agosto, el OCDH subrayó que "el manifestante del 11J Yosandri Mulet Almarales se suicidó en La Habana tras un primer intento fallido, mientras estaba de permiso penitenciario. Mulet Almarales cumplía diez años de prisión por las protestas del 11 y 12 de julio en el barrio de La Güinera, en La Habana".
Además, "el ex prisionero político Carlos Michael Morales fue amenazado por la policía política con que sería regresado a la prisión si no dejaba su activismo y trabajaba para el estado. A otro ex prisionero político, Samuel Pupo Martínez, la policía política le advirtió que podría enfrentar un nuevo proceso penal por el delito de 'propaganda contra el orden constitucional' y hasta diez años de cárcel, debido a sus opiniones políticas en las redes sociales", indicó el OCDH.
Igualmente, la organización denunció que "Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar, sufrió en repetidas ocasiones vigilancia en las inmediaciones de su vivienda".
Recientemente, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) publicó su registro de protestas y denuncias públicas correspondiente al mes de agosto, en el que la organización incluyó 691 actos de este tipo, lo que indica que, a pesar del alto número de protestas, buena parte de ellas no fueron reprimidas, en medio del creciente malestar en la Isla y la profundización del resquebrajamiento integral de la sociedad cubana.
Estos casi 700 actos de protestas representan un incremento de 24,61% con relación a las 521 compiladas en julio, y un 38,64% más que las 424 manifestaciones contestatarias registradas en el mismo mes de 2023. Las acciones contestatarias estuvieron repartidas entre las 15 provincias del país. El mayor número de ellas sucedieron en La Habana, con 154, en Santiago de Cuba, con 61, y Villa Clara, con 35.
