El ex prisionero político cubano Samuel Pupo Martínez fue citado y amenazado por la Seguridad del Estado con otro proceso penal por supuesta "propaganda contra el orden constitucional".
El participante en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, quien salió de la cárcel en abril tras el cumplimiento de una sentencia de tres años de privación de libertad, explicó en una publicación en su perfil de Facebook lo ocurrido durante una citación el martes a las 10:00 de la mañana.
"Me hicieron una carta de advertencia porque supuestamente ellos dicen que yo soy proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional. En la misma carta de advertencia escribí que no estaba de acuerdo con lo que se me estaba tratando de imputar", señaló.
Pupo Martínez dijo en el post que sus interrogadores le exigieron que dejara las redes sociales a un lado y que no hiciera más publicaciones en contra del Gobierno y el sistema imperante en Cuba. Según declaraciones que ofreció a Martí Noticias, los agentes le dijeron que si continuaba con estos post ellos podrían impedir ("regular") su salida del país.
El nuevo Código Penal establece penas de entre tres y diez años de privación de libertad para el delito de "propaganda contra el orden constitucional", contra aquel que "incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista", ya sea de forma oral o escrita.
Bajo este mismo cargo a inicios de agosto fueron enviados al Combinado del Este de La Habana los activistas José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, quienes permanecieron varios meses detenidos en Villa Marista, el cuartel general de la Policía política en La Habana. Ahora están cumpliendo la medida de prisión provisional dictada por la Fiscalía hasta que se celebre el juicio.
Por publicaciones críticas en redes sociales y apoyado en varios delitos recogidos en la legislación penal, el régimen ha procesado a varios cubanos.
En enero, el Tribunal Municipal Popular de Camagüey sancionó a tres años de privación de libertad a Aniette González por el supuesto delito de "ultraje a los símbolos patrios", por publicar fotos con la bandera cubana en Facebook, reeditando el performance La bandera es de todos, del preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Este mes fue suspendido el juicio a la influencer Sulmira Martínez Pérez, para quien la Fiscalía pide una sanción conjunta de diez años de cárcel: nueve años de privación de libertad por un supuesto "delito contra el orden constitucional" y dos años por presunto "desacato".
Martínez Pérez instó a los cubanos a protestar en las calles contra el régimen, mediante publicaciones en redes sociales. Pese a que no tenía antecedentes penales, ha permanecido más de un año en prisión provisional, como medida cautelar.
La semana pasada el Tribunal Municipal de Santa Clara condenó a Aroni Yanko García Valdés a un año y medio de privación de libertad por publicar en Facebook un meme con imágenes de Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. García Valdés, enfermero y padre de tres niños, fue hallado culpable de "desacato agravado", tras permanecer cinco meses en prisión.
