El cubano Lázaro Jesús Valdez González-Fune, quien cumple una condena de cinco años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, estaría perdiendo la vista en la cárcel por la falta de atención médica para la diabetes crónica que padece y la inadecuada alimentación, de acuerdo a una denuncia en la red social X del activista Marcel Valdés.
La denuncia fue publicada este miércoles, dos días después de la muerte de Yosandri Mulet Almarales, otro cubano condenado por tomar parte en el hecho conocido como protestas del 11J.
Mulet Amarales falleció este lunes en el Hospital Julio Trigo, tras sobrevivir a su segundo intento de suicidio y agonizar durante tres días.
Valdés recordó en su publicación que, en múltiples ocasiones, ha expuesto situación de Valdez González-Fune, quien se encuentra recluido en la zona cero del centro penitenciario Combinado del Este. El activista también ha denunciado la falta de atención médica y de medicamentos que enfrentan los reclusos cubanos en general.
En el caso del preso político de 33 años, no recibir la atención médica ni los medicamentos que necesita, y no contar con la alimentación adecuada para su enfermedad, habría empeorado su condición al punto de provocarle una pérdida de visión.
"Lázaro necesita inyectarse hasta cuatro veces al día por la diabetes, obviamente en la prisión no le dan medicamentos y a su familia se le hace prácticamente imposible conseguirlas. A causa de eso y la pésima alimentación Lázaro está perdiendo la vista, prácticamente ya no ve de lejos".
Hacinados "en medio de una plaga de cucarachas, ratones, mosquitos"
La situación de Valdez González-Fune pone de manifiesto las pésimas condiciones de las prisiones cubanas, donde el encierro es más duro para los presos políticos. Otros tres manifestantes del 11J denunciaron que se encuentran hacinados y conviviendo con ratones, cucarachas y mosquitos, a través del medio estadounidense Martí Noticias.
Aleandry Lechuga Junco, Denis Hernández Ramírez y Liván Hernández Lago revelaron el hacinamiento de 54 reclusos en un espacio de 12 metros de largo por ocho de ancho, sumado a la carencia de agua, de atención médica y de alimentación adecuada, en una llamada telefónica.
"Nos han puesto en el peor destacamento que tiene esta prisión, que es el 10. Estamos viviendo en medio de una plaga de cucarachas, de chinches, mosquitos, ratones. Somos 54 presos en un espacio reducido de 12 metros de largo por ocho de ancho. Dormimos en camas triples con tremendo calor por las noches y no nos dejan ni dormir en el piso", describió Hernández Ramírez, sancionado a seis años de privación de libertad.
"Nos están torturando psicológicamente porque nosotros hemos pedido varias veces que limpien el destacamento, que echen veneno, que disminuyan la cantidad de personas en el destacamento, porque chocamos unos con otros", añadió el preso político.
"En este destacamento estamos diez presos del 11 de julio que, casualmente, son los presos que han mostrado más rebeldía en esta prisión a lo largo de tres años. A la mayoría de los presos que están aquí, nos han denegado los beneficios", señaló.
Sobre la comida, dijo que está "en muy malas condiciones". "No tiene vitaminas ni proteínas. Todos los días comemos una pasta sancochada que es como de masa de croqueta, que no sabemos, realmente, lo que es; hasta gusanos, a veces ha tenido", aseguró Hernández Ramírez.
Lechuga Junco, condenado a siete años de cárcel, dijo que las autoridades carcelarias no proporcionan a los reclusos artículos de aseo, ni sábanas, toallas o zapatos. Las familias tienen que proveer a los presos cada vez de más de más artículos.
El manifestante del 11J dijo estar consciente de las consecuencias que podía traerles denunciar las condiciones del sistema carcelario de Cuba. Pese a ello, afirmó que "la alimentación cada día va a peor" y describió la atención médica como "insuficiente". "No hay medicamentos", criticó.
González Jiménez se refirió a la criminalización de la que son objeto los cubanos que ejercen sus derechos políticos contra el régimen y a las arbitrariedades que sufren en prisión.
Abusados por presos y guardias, y con riesgo de enfermar de dengue
Entre los muchos ejemplos de la criminalización por parte del régimen del ejercicio de derechos políticos reconocidos en la Constitución, como el de la manifestación con fines pacíficos, están las condenas a penas de cárcel de los cubanos que exigieron "libertad" y mejores condiciones de vida en las calles de Caimanera, Guantánamo, el 6 de mayo de 2023.
Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de esos manifestantes pacíficos —Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez— denunció a Martí Noticias, tras visitarlos en prisión este martes, que sufren maltratos por parte tanto de los presos comunes como de los carceleros. A ello se suma el riesgo de contraer dengue, por la mala higiene de la prisión.
Sobre Correa Martínez, quien tiene una discapacidad intelectual y fue sentenciado a dos años de cárcel por supuesto atentado, dijo que "sigue con un estado de depresión, llorando. La situación está bien fuerte, han pasado muchas cosas y él está alterado de los nervios. Él tiene un retraso mental y convulsiones".
"Luis Miguel se mantiene todo el tiempo protegiendo al hermano y tratando de evitar los problemas allí en ese lugar porque hay abuso, tanto de presos comunes como de los mismos guardias que están cuidándolos a ellos allá dentro", contó sobre Alarcón Martínez, cuya sanción fue de siete años de prisión por instigación a delinquir y desórdenes públicos.
"Están abusando de los mismos presos y los ofenden y provocan, para que el preso se altere y darle a golpes", aseguró Martínez Valdivia.
Respecto a alimentación, la mujer dijo que los presos "no comen lo suficiente". A ello se suma que "se mantienen los brotes de enfermedades, primeramente, está la plaga de las chinches, y está el dengue por la falta de higiene", contó.
Además de los dos hijos de Martínez Valdivia, por la protesta de Caimanera fueron juzgados y sancionados Daniel Álvarez González (ocho años de cárcel por instigación a delinquir y desórdenes públicos), Freddy Sarquis González (cinco años de cárcel por los mismos delitos) y Rodolfo Álvarez González (cuatro años de cárcel por desórdenes públicos).
En julio, los familiares de los condenados apelaron las condenas. No han recibido respuesta desde entonces.
"Fui a la Fiscalía Provincial y me quejé, pero dicen que hay que seguir esperando", dijo Martínez Valdivia a Martí Noticias.
