Las autoridades represivas del régimen niegan la atención médica necesaria al preso político del 11J Carlos Manuel Pupo Rodríguez, coordinador del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), quien la semana pasada sufrió una caída mientras se dirigía al baño del penal con una tanqueta de agua, informó en su perfil de Facebook el grupo de asesoría legal Cubalex.
La organización detalló que "la caída le provocó un fuerte golpe en la cabeza y en una pierna previamente operada. A pesar de ello, no ha recibido la atención médica adecuada ni los medicamentos para tratar la diabetes y la hipertensión que padece".
Pupo Rodríguez, de 70 años, permanece recluido en el campamento conocido como "Angola", en San Antonio de los Baños, al sur de La Habana, donde, según expusieron los miembros de Cubalex, su crítico estado de salud se ha deteriorado aún más, "lo que pone en serio riesgo su bienestar e integridad física", insistieron.
Condenado a seis años de cárcel, por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Pupo Rodríguez es uno de los presos políticos cubanos de mayor edad y, por tanto, uno de los más vulnerables. Si bien en un primer momento estuvo encarcelado en el penal de Kilo 5 y 1⁄2, en Pinar del Río, luego fue trasladado a Kilo 8, una de las prisiones cubanas con peores condiciones.
"Pupo ha estado en celdas de castigo muy húmedas, en las que hay agujeros en el suelo por los que entran las ratas y hay mucha peste a fosa", comentó hace varios meses a DIARIO DE CUBA el activista José Elías González Agüero. Desde entonces, las condiciones solo han empeorado y, demandando un cambio en su situación, Pupo Rodríguez ha realizado varias huelgas de hambre, que ha debilitado su salud al punto de necesitar sueros intravenosos en más de una ocasión.
Al momento de su encarcelamiento, además de dirigir el Partido Unión por Cuba Libre, Pupo Rodríguez era promotor del Proyecto Emilia, a cargo del médico opositor Oscar Elías Biscet.
En julio, como parte del 190 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varios activistas cubanos participaron en la audiencia pública "Las violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la violencia institucional en Cuba". Allí, el grupo de asesoría legal Cubalex expuso las preocupaciones de la sociedad civil cubana respecto a "la salud, e integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años".
"Los patrones identificados por Cubalex (negación de atención médica, suicidio, uso excesivo de la fuerza, huelga de hambre y accidentes laborales en centros penitenciarios) reflejan profundas deficiencias en el sistema de custodia y detención en Cuba, evidenciando la necesidad urgente de reformas para mejorar las condiciones de detención, asegurar el acceso a atención médica adecuada y garantizar la protección y seguridad de todos los individuos bajo custodia del Estado, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad extrema", dijo la abogada del grupo, Giselle Morfi.
En los últimos 12 meses, del 1 de agosto del año pasado al 31 de julio último, Cuba sumó 160 nuevos presos políticos, para un promedio de más de 13 nuevos cada mes, según Prisoners Defenders. En este periodo, apuntó la ONG radicada en Madrid, "estuvieron presentes en la lista un total de 1.193 prisioneros políticos". La organización destaca que todos son torturados.
