Varios presos políticos del 11J son sometidos a tratos crueles en las cárceles donde cumplen condena, cuyas autoridades le niegan o dilatan los tratamientos médicos, sufren la escasez de comida y medicamentos, y condiciones de aislamiento.
Pedro Antonio Albert, hijo del profesor Pedro Albert Sánchez, denunció este domingo que el régimen está dejando morir a su padre al negarle el acceso a atención médica y medicinas en la prisión conocida como 1580, en La Habana.
El hijo de Albert Sánchez, quien cumple una condena de cinco años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, dijo en una directa en Facebook: "Con el esfuerzo de la familia se lograron conseguir los medicamentos que necesitaba, mi hermano estuvo el fin de semana pasado en la prisión e intentó entregarlos allí, ellos se rehusaron al principio, empezaron a poner excusas, tuvo un altercado con ellos, los logró dejar al final, pero al día de hoy sabemos que a mi papá no se le ha dado ni una pastilla y no lo ha ido a ver un solo médico".
El profesor de más de 65 años de edad no puede alimentarse con facilidad y solicita atención sanitaria, pero su reclamo no es escuchado. "Ellos están intentando asesinarlo, dejarlo morir", condenó el hijo.
"Si el régimen cubano, que hoy tiene más de mil presos políticos, piensa que al dejar morir a mi papá van a acabar con su pensamiento y con todo lo que representa, sepan que el mismo sentir de mi papá, es mi mismo sentir y el de millones de cubanos que ansiamos una Cuba próspera, libre, donde haya verdadera democracia y justicia real", dijo.
Alertas de Cubalex
Gricelia Allen Sterling, madre del prisionero político Eider Frómeta Allen, denunció que su hijo fue brutalmente golpeado en la cárcel de Boniato tras declararse en huelga de hambre el 14 de junio, en protesta por negarle su derecho a la visita.
Según la información proporcionada a Cubalex, ese día las autoridades del penal no le permitieron a Marineisy Martínez Villalón ver a su esposo. A pesar de esperar desde la mañana hasta casi las 5:00 de la tarde, no autorizaron la visita.
Además de negarle el acceso al penal, un guardia le dijo que el destacamento donde se encuentra recluido Frómeta Allen estaba demasiado lejos para avisarle. Solo le permitieron entregar los alimentos después de que Martínez Villalón insistiera en que al menos le dejaran pasar la comida que llevaba.
Los responsables de la agresión a Frómeta Allen son Isael Hambruste Carrión y otro guardia identificado como "Dagoberto", señaló la publicación de Cubalex. A pesar de la golpiza que recibió al exigir su derecho a la visita, el preso político continúa plantado en huelga de hambre.
Cubalex también denunció el caso de Daisy Rodríguez Alfonso, prisionera política del 11J, quien presenta una crítica situación de salud sin recibir la atención médica adecuada en la cárcel Cuba-Panamá para pacientes de VIH-Sida, ubicada en Güines, Mayabeque.
En 2021, Rodríguez Alfonso fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor tras desarrollar una concentración de células cancerígenas en el cuello del útero, un NIC III (Neoplasia Intraepitelial Cervical grado 3) y un quiste, según información proporcionada a Cubalex.
Desde entonces, la herida ha supurado sangre y pus debido a una infección por estafilococo contraída en el hospital del Combinado del Este, y aún tiene los puntos de la operación porque no pudieron retirárselos en su momento.
"Además de no recibir la atención médica adecuada, un oficial del penal afirmó que Daisy se había negado a que le retiraran los puntos de la cirugía y, como resultado, le impidieron pasar a un régimen de mínima severidad", añadió la ONG.
"Su salud se ha agravado debido a una desnutrición de grado 1 causada por la precaria alimentación en el penal. A pesar de ser paciente de VIH, no recibe los antirretrovirales necesarios, tiene quistes en los ovarios, recientemente sufrió de hepatitis y sus defensas están bajas", denunció.
Según Cubalex, la prisionera política ha recibido malos tratos en el penal por reclamar una atención médica adecuada y ha sido sometida a castigos como la celda de aislamiento. A pesar de su condición, las autoridades penitenciarias le han negado la licencia extrapenal en dos ocasiones.
Por otra parte, autoridades de la prisión Kilo 8, en Camagüey, enviaron al preso político Aliesky Calderín Acosta a una celda de aislamiento, donde se encuentra desde el 12 de junio, cuando se declaró en huelga de hambre, según la denuncia de su hermano Anieski Calderín.
"Mi hermano está en huelga de hambre para denunciar la falta de atención médica que lleva reclamando desde ya hace seis meses y no ha visto respuesta alguna. Padece de varias enfermedades como hipertensión arterial, problemas de estómago y de visión", dijo Calderín a Martí Noticias.
El pasado junio, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanos señaló que, de 114 incidentes en cárceles y centros de detención compilados en mayo, 50 resultaron denuncias sobre eventos de salud.
Aliesky Calderín Acosta lleva 11 años y siete meses en prisión, desde que fue detenido en 2012, y posteriormente condenado a 20 años de privación de libertad por el delito de sabotaje, luego de que lanzara una botella con un líquido inflamable al interior de la tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC) El Encanto, en la ciudad de Camagüey.
"No sucedió nada, no hubo daños, no hubo lesionados, ni hubo muertos. Esta acción fue de inconformidad con los elevados precios que se ofertaban en esta y otras tiendas en aquel entonces, en el 2012, que se vendían las cosas en dólares y el cubano de a pie no tenía acceso a comprar en esas tiendas y gran parte de esos productos se producían en aquel entonces en el país y los producíamos nosotros los cubanos que siempre hemos cobrado en una moneda que no vale ni en nuestro mismo país", dijo su hermano.
La sentencia enviada a Martí Noticias dice que el joven, que contaba en ese momento con 24 años, provocó daños materiales por 4.228 pesos.
Con su huelga de hambre, Calderín Acosta reclama, además, que se le otorgue el tránsito hacia un régimen menos severo (la mínima), beneficio al que considera ya tiene derecho.
"Se le ha negado en tres ocasiones y ya le toca", dijo el hermano.
Según la legislación penal cubana, aunque es el tribunal de ejecución el encargado de otorgar los "beneficios", en la práctica los internos, en especial los presos políticos, están sujetos a la decisión de los oficiales del Ministerio del Interior (MININT) y de la Seguridad del Estado.
