La ONU vuelve a acusar a La Habana de esclavitud laboral, y advierte a España, Italia y Catar

La ONU volvió a señalar al régimen de Cuba por la persistencia de las violaciones de los derechos de los trabajadores exportados por La Habana, en especial los médicos enviados a "misiones internacionalistas", y advirtió que los gobiernos de Italia, Catar y España podrían calificar como cómplices de esos mecanismos.

En una carta enviada a la representación de la Isla ante el Consejo de Derechos Humanos por Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, este advirtió que ha continuado recibiendo acusaciones acerca de un patrón que califica, entre otras violaciones, como "trabajo forzoso".

Según el documento, del 2 de noviembre de 2023, y difundido por la ONG Prisoners Defenders, "las condiciones de trabajo a las que trabajadores de diferentes categorías profesionales estarían sujetos podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores establecidos por la Organización Internacional de Trabajo".

El experto hizo referencia a los señalamientos sobre esas denuncias hechos a La Habana en 2019 por su propia relatoría, y a los que el régimen respondió en 2020 negando todas las alegaciones, sustentadas en cientos de denuncias de cubanos exportados y copias de los convenios y contratos que incluyen numerosas violaciones de derechos humanos básicos.

Ahora, Obokata apunta a "la información adicional que he recibido", y enfatiza: "Reconozco plenamente el valor de la cooperación cubana y los aportes que se han logrado en cuanto a la atención médica en múltiples países a nivel internacional. Sin embargo, tuve conocimiento de que muchas de las preocupaciones señaladas en la comunicación anterior persisten y, por lo tanto, quisiera reiterar mi inquietud por los presuntos abusos de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación, y la libertad de circulación de las y los profesionales cubanos en programas y misiones de migración temporal en países contratantes".

Y subraya: "La información reciente recibida contradice en muchos puntos la información proporcionada por el Gobierno de su Excelencia en la comunicación anterior, por lo que considero oportuno dar seguimiento a las inquietudes persistentes".

El relator especial indica en su misiva que las "misiones" de La Habana "continuarían sometiendo a los y las profesionales cubanos de múltiples disciplinas laborales (incluidos los servicios médicos y sanitarios, docentes, marinos, ingenieros, artistas, músicos, deportistas y arquitectos) a condiciones laborales de explotación en los países de destino en el extranjero".

Advierte además que "los salarios del personal cubano serían considerados inadecuados, porque no permiten sostener una vida digna, y suelen estar por debajo del salario medio de las personas trabajadoras en los respectivos países de destino. Asimismo, continuaría la confiscación de pasaportes y persistirían toques de queda en algunos países".

"La libertad de movimiento de las personas trabajadoras continuaría restringida y vigilada por el Gobierno cubano en los países contratantes. Además, algunas personas trabajadoras estarían sometidas a acoso o violencia sexual, amenazas y/o violencia física. Los abusos serían generalmente cometidos por empleadores, asesores jurídicos, directores de misión, gerentes, funcionarios y administradores", agrega.

Obokata advierte que los contratos entre las partes no indican "una práctica unificada", pues "en ciertos países, los trabajadores no recibirían un contrato laboral, y en otros, algunos profesionales recibirían un contrato, pero otros no, y no está claro cuáles son los criterios para emitir un contrato".

"Los contratos incluirían una 'cláusula de regreso'; una baja remuneración salarial; pago de honorarios y comisiones al Partido Comunista; subrogación a la legislación cubana, aunque los profesionales trabajen en otros países; falsificación de contratos y firma por parte de funcionarios cubanos, en lugar de los trabajadores; e imposiciones personales, como la obligación de dar a luz en Cuba e impedir a los trabajadores obtener la residencia en los países de destino, entre otras", advierte.

Recuerda Obokata que el Artículo 176 del nuevo Código Penal cubano prevé sanciones de ocho años de prisión para quienes abandonen esas "misiones" o no regresen a la Isla tras terminarlas, y señala que ello incluye "una prohibición de facto para los padres que terminaron un contrato civil en el extranjero de reunirse con sus hijos o hijas, a veces durante hasta ocho años", como ha denunciado Prisoners Defenders.

"La separación de sus padres tiene un impacto negativo en la salud y el bienestar de los niños y niñas, como también resaltó el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales hechas sobre los informes periódicos tercero a sexto combinados de Cuba, el 16 de junio de 2022. Además, si una persona profesional abandona su puesto en el extranjero, se aplicaría una prohibición de salida a la familia en Cuba, y mientras una persona presta servicios profesionales en el exterior, sus familiares no podrían salir de Cuba sin autorización previa del Gobierno. La separación familiar prolongada afecta negativamente a los miembros de misiones de cooperación internacional y a sus familiares", señala.

Advierte el relator que esos que abandonan las "misiones" son calificados como "desertores" y "traidores", y se les restringe la entrada a su país en virtud del Artículo 24.1 de la Ley 1312 de Migración. 

Señala Obokata que desde agosto de 2022 la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., entidad del régimen que se encarga de la exportación de sanitarios, tiene un acuerdo con la provincia de Calabria, en Italia, para contratar médicos de la Isla.

"En la Cláusula 4.1 y 4.2 del acuerdo marco está estipulado que el importe salarial total por médico es de 4.700 euros, pero 3.500 euros son transferidos del Gobierno de Calabria a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC S.A.), la cual es propiedad del Estado cubano, bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Por ende, solamente un monto de 1.200 euros es entregado a cada trabajador médico", señala.

"Un ingreso de 1.200 euros bruto se considera insuficiente para subsistir en Italia, también a la luz de las recientes tasas de inflación. También en países como Arabia Saudita, Ghana y Seychelles, el personal médico de Cuba estaría obligado de remitir un 50% de todos los pagos y retribuciones recibidos, excepto los concedidos para cubrir gastos de alojamiento, manutención y transporte interno, al Gobierno de Cuba", agrega.

Asimismo, señala el relator que "la compañía MSC Malta Seafarers Company Limited contrataría a marinos cubanos que trabajaban en Italia, a través de la empresa estatal cubana Selecmar. Según información recibida, MSC Malta retendría los pasaportes de los trabajadores durante el viaje y en los países donde tocan puerto, para evitar que los marinos cubanos 'escapen'. MSC Malta multaría con 10.000 dólares a cada persona cubana que se ausente. Selecmar recibiría hasta el 80% de su salario base cada mes".

"En España, deportistas, artistas, músicos, bailarines y otros profesionales cubanos trabajarían a través de empresas cubanas, que retendrían una gran parte de su salario y estarían sujetos a condiciones laborales precarias y de explotación. Los convenios se emitirían principalmente a nivel local, por ejemplo, por empresas, ayuntamientos o comunidades autónomas", denuncia.

También en Catar, "el personal médico cubano (médicos, enfermeros y técnicos relacionados con la salud) no recibiría contratos laborales y el salario medio total del personal médico cubano oscilaría entre 790 y 1.200 dólares al mes, dependiendo de la profesión específica. Aunque las autoridades cubanas recibirían entre 5.000 y 13.000 dólares al mes por persona trabajadora, solo el 10% se entregaría al personal médico. Como consecuencia, el personal cubano de salud ganaría un salario que no les permitiría una vida digna en Catar. Muchos de los profesionales cubanos que trabajan en el país dependerían de un subsidio llamado 'Index', otorgado por el Gobierno de Catar, para poder subsistir. En Catar, además, el personal médico de Cuba trabajaría en promedio 64 horas semanales, incluyendo guardias".

Obokata indica que del documento de denuncia se ha enviado una copia a los gobiernos de Italia, Catar y España.

El relator recuerda que, en respuesta a sus señalamientos sobre el tema en 2019, la Misión Permanente de Cuba ante al Consejo de Derechos Humanos aseguró que "no se aplica ningún tipo de presión ni represalias a aquellos que no desean participar en las misiones de cooperación médica".

Pero, insiste, "fuimos informados de que muchas de las personas trabajadoras no estarían participando voluntariamente en dichas misiones, sino bajo coacción por parte del Gobierno de Cuba. Otros factores, tales como la pobreza aguda que perdura en Cuba y las limitadas fuentes laborales también llevarían a muchos profesionales a acogerse a las misiones internacionales".

"Por otra parte, en países como Catar, las personas trabajadoras reclutadas muchas veces no tienen información precisa sobre el lugar de destino y de trabajo (por ejemplo, un hospital) hasta que llegan al país de destino. Una vez en el exterior, las personas reclutadas deberían cumplir con la legislación cubana y, entre otras obligaciones, informar a su superior inmediato sobre una relación de pareja con una persona cubana o extranjera", agrega.

"Además, cualquier visita familiar o de amigos en la localidad donde una persona trabajadora de Cuba presta servicios, o la intención de contraer matrimonio en el país donde presta servicios, tendría que ser anunciada al superior inmediato".

"Otras alegaciones recibidas se refieren a una vigilancia permanente por funcionarios de Cuba y otros trabajadores; la imposición de cuestiones personales y políticas a las personas profesionales; no poder conducir ni salir de casa después de ciertas horas; no recibir visitas de familiares o amigos o pernoctar fuera del lugar asignado sin autorización previa. Como consecuencia, los trabajadores estarían sujetos a restricciones de movimiento en los países de destino, incluso durante días libres. Los trabajadores tampoco podrían elegir su lugar de vacaciones libremente".

"Otra preocupación relacionada con las condiciones laborales es que los pasaportes de los trabajadores seguirían siendo retenidos cuando salen de Cuba. En Catar, por ejemplo, los pasaportes de los colaboradores de Cuba serían confiscados inmediatamente en el aeropuerto de Doha. En lugar del pasaporte nacional, recibirían un pasaporte oficial, pero después ya no pueden acceder a sus pasaportes nacionales, lo cual restringe sus movimientos fuera del país de trabajo. Las horas extras no serían remuneradas y no tendrían seguro médico ni otros beneficios, por ejemplo, por peligrosidad laboral", agrega.

Obokata advierte que los trabajadores exportados "no recibirían sistemáticamente una copia del contrato laboral firmado y he sido informado de casos en los que el contrato inicial dado en Cuba no se correspondía al contrato recibido en el exterior, el cual estipulaba horas de trabajo más largas y un salario más bajo. Jornadas de trabajo de hasta 12 horas, por ejemplo, con un salario de 1.100 dólares y sin día de descanso durante la semana".

Ante los señalamientos del relator especial, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, apuntó que "esta acusación de Naciones Unidas saca a la luz violaciones muy graves: desde trabajo forzoso, esclavitud contemporánea, acoso, violencia sexual y amenazas, hasta violencia física. Una vez más se evidencia que el régimen cubano viola sistemática e impunemente los derechos humanos de su pueblo".

"Desde el Parlamento Europeo debemos apoyar este esfuerzo de las Naciones Unidas y Prisoners Defenders y seguir muy de cerca el caso", señaló.

Por su lado, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, advirtió con respecto al lucrativo negocio que La Habana hace con sus profesionales en España, que esto refleja la "doble moral e hipocresía de quienes, en el Gobierno de España y Europa, no quieren enfrentar la realidad de un país que ejerce el esclavismo capitalista de Estado, y que hay que desenmascarar con valentía".

Las acusaciones por esclavitud laboral y violaciones diversas de los derechos humanos de sus profesionales exportados han hecho a La Habana asegurar que tales denuncias son campañas contra la labor de esos trabajadores. Sin embargo, pese a que las autoridades reconocen la escasez de médicos y maestros, así como de toda clase de profesionales calificados, siguen prefiriendo exportarlos para conseguir ingresos antes que emplearlos en beneficio de los habitantes del país.

Asimismo, la opacidad del uso que hacen las autoridades del dinero obtenido con esos negocios fue denunciada por el Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC), del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, que en diciembre último acusó a la nueva oligarquía cubana de haberse apropiado como mínimo de 69,8 mil millones de dólares (69.866.399.679 dólares) de los salarios de los médicos enviados al exterior, que nunca fueron invertidos en el sistema de Salud Pública, como había prometido el Gobierno cubano.