Cuando el régimen trasladó a la presa política cubana Lizandra Góngora de la cárcel del Guatao, en La Habana, para Los Colonos, en la Isla de la Juventud, levantó un muro entre ella y sus cinco hijos. Lo de menos son los 120 kilómetros que hay que recorrer, el problema es que se trata de un territorio al que solo se puede llegar por mar o aire y que está muy mal conectado con la isla grande por la poca frecuencia de viajes y disponibilidad de boletos.
El padre de cuatro de los cinco hijos de Góngora, Ángel Delgado, está solo al cuidado de los niños y ha perdido la cuenta de la cantidad de veces que a su esposa le han cancelado la visita al penal o las llamadas. En conversación con DIARIO DE CUBA contó que los niños se desesperan y se pasan el día preguntando: "¿Cuándo vamos a ir a ver a mamá?".
En 2021, cuando aún se encontraba recluida en el Guatao, Góngora estuvo varias semanas en una celda de aislamiento. La mujer, que aquel entonces tenía 35 años, fue detenida por participar en el levantamiento pacífico del 11 de julio de ese año, y acusada de un supuesto acto de "sabotaje" y de "desorden público".
"Yo iba y me decían que me faltaba un papel, siempre era un abuso constante con Lizandra, una justificación para quitarle la visita. Los niños iban conmigo a las visitas, pero yo tenía que alquilar un carro porque no podía ir con el saco en una camioneta llena de gente y los niños", recuerda Delgado.
El hombre denunció que la Seguridad del Estado "juega mucho con el tema de sus hijos", que son menores de edad, y busca siempre la forma "de comprometer" a Góngora ofreciéndole beneficios que ella se niega a aceptar. "Han intentado darle privilegios como una visita de 24 horas con los niños o salir a un campismo con ellos, pero Lizandra se ha negado, exige que le den únicamente lo que le toca por el régimen en que ella se encuentra, y les dice que no quiere beneficio ninguno de ellos", agregó.
"Los niños, cada vez que veían a su madre en la prisión regresaban a la casa llorando, se agarraban de la mamá. Yo tenía que virar la cara para no ver esas escenas, le decían a Lizandra que querían quedarse en la cárcel. Todo eso lo ha sufrido ella, lo he sufrido yo y lo han sufrido mis hijos", contó el padre sobre el dolor que queda en la familia después de cada visita al penal.
Lamentó que por esta razón "los niños han tenido afectaciones", al punto que la Seguridad del Estado ha dicho que les van a "asignar un psicólogo" porque han visto "que están nerviosos". Dijo también que a su casa fue un día el jefe de la policía política de Güira de Melena a citarlo a él, y "el niño (10 años) casi se vuelve loco pensando que también se iban a llevar preso a su papá".
"Ahora, como llevan tiempo sin verla, me preguntan todo el tiempo que cuándo vamos a ver a su mamá. Es muy duro no poder contestarles. Los de la Seguridad están buscando el lado débil de ella, que son sus hijos", alertó.
Pero Lizandra no va a ceder, consideró. Ella salió a protestar el 11J "por la libertad", pero también "por la situación crítica" con los niños. "No hay merienda, no hay leche, no hay nada", apuntó. "Yo gasto diario más de 300 pesos de merienda para los niños, es demasiado, el desayuno, las meriendas, no hay azúcar para hacer un refresco, el uniforme, que si los piojos en la escuela... todos los niños tienen piojos, pero como los míos son 'los malos', la culpa es de ellos", dijo.
Delgado está convencido que la Seguridad del Estado ha fabricado el caso de su esposa. Cuenta que fue "el mayor Pupo", la misma persona "que la acusó" a ella en el juicio, quien fue un día a su casa a decirle que él tenía que denunciar a Góngora "por abandono".
"Pero él está equivocado conmigo, yo no soy un perro, yo soy el padre de sus hijos, y fue ese hombre el que le levantó la acusación en el juicio. Fíjate si estaban tramando cosas en su contra, que ese tipo no sabe ni quién es ella. Dijo que Lizandra le había tirado piedras y eso es falso; ella sí gritó, y lo reconoció en el juicio, pero nunca tiró piedras a nadie. Lizandra en el juicio dijo que si volvía a pasar un 11J ella volvía a salir porque ese es su deber, defender la libertad. Aunque otros pidieron perdón y se arrepintieron, ella se mantuvo firme y eso lo está pagando ahora", afirmó Delgado.
"Los niños de las personas privadas de libertad, ya sea madre o padre, pierden la posibilidad de una crianza activa y el cuidado cotidiano de los padres. Pueden presentar estrés postraumático, desórdenes de apego o déficit de atención. Además, conviven con una mirada de la sociedad, que muchas veces los estigmatiza”, advirtió el abogado Edel González Jiménez.
“La partida de un padre a prisión conlleva el sufrimiento de sus niños. La prisión por pensamiento político diferente en Cuba trae además de la separación, la carga de la discriminación. La evidencia internacional muestra que los efectos adversos del encarcelamiento parental son mayores cuando es la madre la que está en prisión, dado que la mayoría de los niños y niñas viven previamente con la madre”, destacó.
En la actualidad, más de 100 mujeres están en Cuba sufriendo prisión por motivos políticos. Para las mujeres la maternidad y el cuidado de los hijos "se complejiza en el sistema carcelario" porque las madres solo pueden permanecer con sus hijos durante el primer año de vida, "luego deben designar a una persona que se ocupe del cuidado del niño, de lo contrario se gestiona el ingreso a una institución estatal para su cuidado", explicó el jurista.
En ese caso se encuentra Lázara Karenia González Fernández, de 28 años, residente en Cárdenas, Matanzas, quien también fue condenada por las manifestaciones del 11J. Según denunció en redes su hermana, cuando en enero, el bebé de González "cumpla su primer añito de vida", será separado de su madre y "quedará al cuidado de su abuela materna".
"Fue condenada a tres años y seis meses de cárcel, de los que le quedan dos y medio por cumplir porque ya cumplió uno, injustamente, en la cárcel de Matanzas (Bellotex)", apuntó la hermana en su perfil de Facebook y agregó: "Lázara tendrá que regresar a prisión y cumplir el resto de una injusta y cruel condena solo por atreverse a manifestar su sentir".
El abogado Edel González Jiménez puso de ejemplo las legislaciones de países como España, en los que, según precisó, se permite para estos casos "la permanencia de los niños junto a sus madres hasta los tres años". En el caso de las visitas de los menores de diez años, serán "sin restricciones en cuanto a la frecuencia y la intimidad”, una realidad que contrasta con la que viven Lázara Karenia González y Lizandra Góngora en la Isla.
Pero a la Seguridad del Estado no le basta con tener presa a Góngora, también ha tratado de empujar a Delgado a la cárcel de varias formas. "Yo tengo tres cartas de advertencia, una por no mandar a los niños a la escuela, otra porque dicen que yo uso a los niños con fines políticos y otra por lo del 15 de noviembre. Me han amenazado con todo, hasta que me iban a dar un tiro en la cabeza", alertó.
Como los cinco hijos de Lizandra Góngora, lo que sufre la familia del preso político del 11J Maykel Puig Bergolla "es criminal", dijo su esposa, Saily Núñez Pérez: "Este gobierno, entre tantas cosas que le hace a los familiares de los presos, porque ellos toman varias represalias, es que hacen lo que quieren con las visitas. Muchas veces son retiradas, otras veces las posponen. Si le señalan alguna indisciplina se la quitan, pero ellos ven como indisciplina hasta lo más mínimo, es una forma de castigarlos".
"A Maykel se la quitaron en una ocasión", dijo. Recordó que fue "traumático" para ella y sus hijos. "Después de su arresto, ocurrido el 12 de julio de 2021, pasamos cuatro meses sin verlo por el tema del Covid. La primera vez que nos tocaba irlo a ver, nos dieron la triste noticia de que Maykel había sido llevado a celda de castigo. Supuestamente, nos dijeron, él en ese instante iba para una celda de aislamiento por medidas de precaución, pero al cometer una indisciplina, o algo que ellos lo categorizaron así, lo llevaron para una celda de castigo", relató Núñez.
La mujer explicó que su esposo le dijo luego que lo único que él hizo fue "hacer preguntas" sobre por qué "lo estaban llevando para aislamiento". "Lo veo como una forma que buscan para irritarlo. Él preguntaba y no le respondían, hasta que él empezó a gritar para que me avisaran a tiempo y yo no me diera el viaje por gusto. Sus palabras se tergiversaron, y entonces, en lugar de llevarlo para la de aislamiento, lo llevaron para la de castigo".
Núñez considera que su esposo "no cometió ninguna indisciplina". Su protesta era "tan solo de su intento desesperado" de que le avisaran a ella, "porque la prisión no quedaba para nada cerca" y trasladarse "es un gasto de dinero". Además, "lo más importante", explicó: "Él estaba preocupado porque para los niños iba a ser mucho más doloroso que, después de tanto tiempo esperando por ese momento, se fueran sin ver a su papá".
Y así fue: "Tuvimos que irnos sin poder verlo. Ahí se pone en huelga de hambre, estuvo así seis días", recordó Núñez.
Aseguró que ella no se quedó de brazos cruzados ante esa situación; sus hijos reclamaban ver a su padre. "Pasados esos días, fui a la prisión y conversé con el jefe a ver qué iba a pasar con Maykel, y me dijo que, como los niños estaban tan desesperados, me iban a permitir una visita. Yo creo que quisieron hacerse los buenos. Todo eso, sin dejar de decirme que Maykel había cometido un fallo, una indisciplina".
Fue a los cuatro días de esa reunión que finalmente le informaron que podía ir a ver a Puig Bergolla. "Esa primera vez fue traumática, me lo sacaron en 'shakiras'. Ese día al final no pudo ver a los niños tampoco porque jugaron sucio, nos hicieron creer que mis hijos, que esperaban afuera con unos amigos de Maikel que me habían acompañado, se habían ido. Cuando le pregunté al guardia por qué no entraban, me dijo que él había salido a buscarlos y que no estaban. Después, en una visita posterior, fue que pudieron verlo".
Con todas esas vivencias sus hijos "se han afectado tanto" que el más pequeño, que tiene diez años, "hoy por hoy es dependiente de sertralina" y le han diagnosticado "una depresión severa por ausencia del padre", dijo Núñez. Detalló que el menor "tiene alopecia, con una perdida importante de cabello y lesiones en la piel". La sertralina se utiliza para tratar "la depresión" y "el trastorno obsesivo-compulsivo" (pensamientos molestos que no desaparecen).
"Ha sido duro. Además, ha manifestado crisis. En ocasiones hasta me han llamado con urgencia de la escuela y allí han estado presente desde la Seguridad el Estado hasta la dirección de la escuela, junto a maestros y psicopedagogos, porque no ven al niño para nada bien", contó.
Saily Núñez ha ido a "todos los lugares posibles" en busca de ayuda. "Me dicen (las autoridades) que supuestamente el caso del niño les preocupa, pero yo sinceramente no sé cuánto puede llegar a preocuparles cuando mi esposo sigue tras las rejas".
Contó que ella sola ha tenido que enfrentar que su niño le diga que "la única manera" que él ve para estar al lado de su papá es "agrediendo a otro niño para ir él también preso" y que, si no, "se tira delante de un carro". "Aquello fue espantoso, estuvo suspendido de la escuela y en observación porque era preocupante la situación", confesó.
La Seguridad del Estado ha llegado lejos con los hijos de Núñez: "A Samira (la niña) le han dicho que ella no es hija de Maykel. Eso es así pero ella no tiene conocimiento de eso, para ella su único padre es él, es huérfana desde que tiene un año, y por esos inventos de ellos ha tenido que aguantar la represión de verlo muy poco o casi nada. En casi dos años, Samira ha visto a Maykel, si acaso, cuatro veces".
Núñez explicó que "con las llamadas pasa igual" y por eso "existe poca comunicación entre Maykel y los niños", porque "no puede llamar siempre en el mismo horario".
El reglamento del sistema penitenciario regula, respecto a derechos de los internos, el derecho a "realizar llamadas telefónicas autorizadas a familiares y amigos", así como "recibir visitas familiares, conyugales y de amigos que ejerzan influencia positiva sobre las personas privadas de libertad". Recoge además que en todas las visitas "tienen derecho los menores a participar, siendo la más alejada en el tiempo: tres meses, para los reclusos en régimen de mayor severidad y 15 días para reclusos jóvenes y mujeres".
En cuanto a los hijos menores de los internos, el Artículo 99.1 dice que: "En los establecimientos y centros penitenciarios se desarrollan acciones para preparar y garantizar la atención de los hijos menores de 18 años de los internos, a partir del programa 'Educa a tu hijo' y la 'Tarea Victoria'".
El primer programa se refiere fundamentalmente a los hijos menores de cuatro años y "la Tarea Victoria" es, según la ley, una "preferencia" que se le da a los reclusos con hijos menores de 18 años, y "que su régimen lo permita", a la "incorporación y acceso al empleo", explicó el abogado González Jiménez.
El régimen "no protege de manera amplia las relaciones paterno-filiales, al no hacer mención a la protección o derecho, ya no de los reclusos, sino de los hijos menores a la comunicación sin interrupciones con sus padres. Tampoco garantiza el vínculo, y en la mayoría de los casos lo utiliza como amenaza", opinó el experto.
El Estado cubano "castiga a los padres/madres presos políticos al alejamiento de sus hijos en prisiones extremadamente distantes, suspensiones de llamadas telefónicas o de visitas, porque aunque es un derecho, la propia norma deja abierta la concesión al criterio de las autoridades penitenciarias respecto a conducta de los internos", añadió.
Citó el Artículo 66.1, que dicta: "La concesión de los derechos y beneficios relativos a las visitas familiares y conyugales, recibir productos y artículos autorizados, llamadas telefónicas, permiso de salida, rebaja de sanción, promoción en régimen y propuesta de libertad anticipada, está sujeta a la conducta de los internos, el régimen y el tiempo cumplido".
Testimonios similares a los vividos por los hijos de estos presos políticos recogió también este diario en otros casos, como lo sufrido por la familia de la presa política Aymara Nieto, del opositor José Daniel Ferrer o la de Yosvany García Caso, que cumplió 20 días en huelga de hambre y permanece hospitalizado en Holguín.
Mailin Rodríguez Sánchez, esposa de García Caso, dijo que sus hijos, "que nunca antes habían estado separados de su padre", "no son los mismos" de antes:
"Los niños preguntan por él todo el tiempo. Mi hija mayor me implora que quiere ver a su papá. Ellos están muy afectados, preguntan que por qué han tardado tanto en ver a su papá. Mi niño pequeño se orina en la cama, un niño que desde que cumplió un añito no se hacía pipi. Mi niña del medio se ha visto afectada también con atraso en la escuela, atraso en el aprendizaje, está como entretenida, yo la observo mucho y me doy cuenta, por varias cosas que hace, cosas que no hacía antes. Pido justicia y libertad para Yosvany Rosell García Caso", dijo Rodríguez Sánchez
Estos relatos de injusticias, llenos de tristeza, separación y dolor, se repiten por toda Cuba, mientras los reclamos de "libertad y justicia” para los presos políticos siguen siendo ignorados por el régimen y la Seguridad del Estado se dedica a reprimir a sus familiares y violar sus derechos.
