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Derechos Humanos

José Daniel Ferrer cumple dos meses 'incomunicado' en la Prisión de Mar Verde, denuncia la familia

Nelva Ortega Tamayo, esposa de Ferrer, advirtió que en estos momentos no sabe en qué condiciones se encuentra el líder opositor.

La Habana
Nelva Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer.
Nelva Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer. YouTube

La familia del prisionero político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció que las autoridades penitenciarias de Mar Verde, en Santiago de Cuba, han vuelto a impedir la visita "que le toca por derecho". La hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer, informó en las redes sociales que Nelva Ortega Tamayo, esposa de Ferrer, fue al penal en horas del mediodía de este jueves, pero el jefe de Orden Interior, conocido como mayor Ortiz, le negó la visita, a pesar de que había sido prevista con anterioridad para ese día.

"Desde el día 14 de marzo ningún familiar a vuelto a ver a José Daniel, ese día fue la ultima visita conyugal, el día siete de marzo fue la ultima visita familiar y, un día antes, fue la ultima llamada telefónica", señaló la hermana del opositor. Dijo que le preocupa que hace dos meses su hermano se encuentra "incomunicado totalmente". "Exigimos a Raúl Castro y Díaz-Canel muestras de vida de José Daniel y los hacemos responsables de su valiosa y preciada vida", agregó.

La misma preocupación la tiene Ortega Tamayo. Así lo denunció en un video publicado esta semana en el canal de YouTube de la UNPACU: "dos meses desde la última vez que mi esposo tuvo contacto con nosotros, por contacto telefónico. La dictadura castro-comunista-Canel le ha tratado de silenciar de muchísimas maneras y le teme a diez miserables minutos" de comunicación por teléfono.

"El mes pasado también recibí llamada de ese mismo represor (mayor Ortiz) de que se iban a dar las visitas tanto la familiar como la matrimonial, y ambas fueron negadas, violando el derecho de un reo, de un inocente, de un ser humano, fiel defensor de los Derechos Humanos, que no ha cometido ningún delito", añadió.

Ortega Tamayo advirtió que en estos momentos no sabe en qué condiciones se encuentra su esposo. Contó que en la familia estaban al tanto de que Ferrer "iba a realizar acciones de protesta pacífica" en el penal, "exigiendo que se retomaran las comunicaciones". Según explicó le han bloqueado "todas las tarjetas propias por las que él podía comunicarse". 

"Estaba exigiendo ese derecho y no sabemos si estará golpeado, si estará en una huelga de hambre, en un hospital, no sabemos en qué condiciones está. Ningún preso, ningún familiar ha tenido comunicación de él, es que como si fuese un fantasma, sabemos que a él desde el inicio le han prohibido todo contacto con la comunidad penal, pero las noticias caminan y ahora nadie sabe del paradero de mi esposo, solamente lo que nos cuentan allí los oficiales. Nos dicen que se mantiene en la misma celda y que no se dará la visita por el hecho de su exigencia", alertó.

Ortega responsabilizó a "los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel así como sus verdugos de la Seguridad del Estado y las autoridades penitenciarias" por la integridad física y mental de su esposo.

José Daniel Ferrer fue uno de los opositores encarcelados durante la ola represiva de 2003, conocida como "Primavera Negra", y también uno de los presos políticos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Por sumarse a las protestas que tuvieron lugar en esa fecha en Santiago de Cuba, recibió una condena de cuatro años y 14 días. El tribunal consideró que no cumplió "los requisitos de limitación de libertad" establecido en una sanción impuesta en 2020.

La "incomunicación" fue denunciada por el Centro de Información Legal Cubalex este martes como "un trato cruel e inhumano del Estado cubano contra las personas detenidas". Según explicó la organización, la ley de Procedimiento Penal cubana "obliga a los agentes policiales a facilitar la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares, como una formalidad que debe ser cumplida durante la instrucción de cargo". 

Para Cubalex, "la ausencia de control judicial" a la hora de la detención "ha permitido el uso de prácticas institucionalizadas como el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva". La organización considera que estas prácticas sistemáticas "colocan a la persona en riesgo de ser víctima de torturas y desaparición forzada".

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