La familia del activista José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció este miércoles que en la Prisión de Mar Verde lo mantienen "incomunicado" y que la única visita que ha recibido es la del arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez.
"Desde el pasado 17 de marzo, que le vio el arzobispo, monseñor Dionisio, nadie más le ha visto. En aquel momento se encontraba realizando jornada de ayuno por siete días y de ahí comenzaría una serie de acciones de protesta pacífica", declaró a Martí Noticias la esposa de Ferrer, Nelva Ortega Tamayo.
Tamayo contó que fue a visitar a Ferrer a la cárcel con dos de los hijos del líder opositor, pero le fue imposible verlo. "El jefe de Orden Interior, el mayor Ortiz, dijo que solo aceptarían la jaba de los alimentos y productos de higiene y que no habría encuentro familiar, pues mi esposo se mantiene bajo protesta hasta que se repongan las comunicaciones", expresó al citado medio vía telefónica desde Santiago de Cuba.
Durante la llamada, Ortega Tamayo recordó que a Ferrer desde el pasado 6 de marzo "le están negando y violando su derecho a los diez escasos miserables minutos semanales de llamada telefónica, ni siquiera para avisar sobre la visita de hoy o su situación actual de salud".
Tamayo responsabilizó a "los dictadores Raúl Castro y su títere asesino Miguel Díaz-Canel, así como a sus verdugos en el área penitenciaria" por la integridad física y psicológica del opositor, y dijo: "Son los encargados de seguir cumpliendo todo lo que tanto mi esposo ha denunciado: el que le estén enterrando en vida y matando lentamente. Exigimos no solo el escucharle, el verle, el cese de los abusos, torturas y represalias contra su persona, sino también su libertad inmediata, incondicional".
José Daniel Ferrer fue uno de los encarcelados durante la ola represiva de 2003 conocida como "Primavera Negra" y también uno de los presos políticos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Por sumarse a las protestas que tuvieron lugar en esa fecha en Santiago de Cuba, recibió una condena de cuatro años y 14 días, el tribunal consideró que no cumplió "los requisitos de limitación de libertad" establecido en una sanción impuesta en 2020.
La "incomunicación" fue denunciada por el Centro de Información Legal Cubalex este martes como "un trato cruel e inhumano del Estado cubano contra las personas detenidas".
Según explica el texto de la organización, la ley de Procedimiento Penal cubana "obliga a los agentes policiales a facilitar la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares, como una formalidad que debe ser cumplida durante la instrucción de cargo".
Para Cubalex, "la ausencia de control judicial" a la hora de la detención "ha permitido el uso de prácticas institucionalizadas como el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva". La organización considera que estas prácticas sistemáticas "constituyen un trato cruel e inhumano y colocan a la persona en riesgo de ser víctima de torturas y desaparición forzada".
