Al cierre de enero de 2022 habían en cárceles cubanas 932 prisioneros políticos condenados, según pudo verificar la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) en su informe mensual sobre la materia.
De acuerdo con las pesquisas de la ONG con sede en Madrid, si en febrero de 2021 habían 137 encarcelados bajo esa categoría, a día de hoy, además de esa cantidad, otros 917 prisioneros políticos se sumaron en los últimos 12 meses.
De ese total, 794 son manifestantes del 11 de julio, muchos de ellos bajo proceso judicial, incluidos 32 menores de edad, la mitad de ellos acusados por el delito de sedición.
"Reconocemos que esto nos es más que una fracción, entre el 50% y el 60% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna salvo, por supuesto, por el régimen de la Isla", aclara el informe.
De acuerdo con la organización, "desde el inicio de esta razzia más de 5.000 personas fueron detenidas y más de 1.500 procesadas. Además de nuestras fuentes y estudios, los datos, los hechos y la Fiscalía misma contribuyen a hacer cada vez más palpable esta aseveración".
Entre estos presos del 11J, CPD destacó a un niño de 13 años, tres de 15 y nueve de 16. "Hay niños con impedimentos y retrasos mentales incompatibles con la violencia y mucho menos sedición, dice.
"Cuba está haciendo añicos su firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, encarcelando y destrozando a la juventud, llevando el terror a las familias de todo el país y causando —de forma salvaje— un dolor irreparable en todos los encarcelados y en sus familias y allegados", subraya.
Del 11J, 166 prisioneros políticos verificados han sido procesados bajo el cargo de sedición, asegura la organización, mientras que al menos 511 ya han sido sentenciados, 194 de ellos con penas de más de diez años de privación de libertad.
Del total de presos políticos en cárceles del régimen, 120 son mujeres.
CPD subraya que mientras esto ocurre Naciones Unidas, y especialmente la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "están en un silencio absoluto, lo que contrasta con algunos notables relatores y técnicos quienes, bajo denuncia y procedimientos de parte, sí están pronunciándose".
Además de los anteriores, hay otros "11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de dos años y diez meses de cárcel, mediante condenas "predelictivas", es decir, sin delito alguno cometido (como indica textualmente el Código Penal en su artículo 76.1)".
