Las jóvenes cubanas Elisandra Cardoso y Dayamís Sánchez fueron amenazadas por la Dirección Municipal de la Vivienda de Alquízar y del Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades del municipio artemiseño para que desalojen las viviendas que ocuparon junto a sus hijos en un plazo de 72 horas, denunciaron mediante el canal de YouTube del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Cardoso, quien tiene dos hijos pequeños y está embarazada del tercero, y Sánchez, actualmente encinta del que será su cuarto hijo, ocuparon unas viviendas rechazadas por pescadores de la localidad tras varios años pidiendo ayuda al Gobierno debido a su situación económica y social.
En el texto donde se les indica que deben desalojar el inmueble alega que "es una vivienda estatal construida por el plan de estado Tarea Vida para la reubicación de personas de zonas vulnerables" y acusa a Cardoso de atentar contra la propiedad estatal por romper la puerta para entrar al local.
Las cubanas denunciaron en un video, donde se ven acompañadas por sus hijos, que no cuentan con un espacio para vivir y que las autoridades no le han ofrecido ninguna solución a sus problemas habitacionales tras tres años de reclamos.
También denunciaron que inicialmente las autoridades locales les prometieron la entrega de una vivienda, pero sorpresivamente tiempo después fueron excluidas del programa de ayuda sin recibir explicación alguna.
El OCDH también compartió la historia de Yaíma Guerra Gómez, madre soltera de cuatro hijos que también fue amenazada con ser desalojada del inmueble que ocupa en Alquízar.
"Yo les dije que de aquí no me iba. No nos quieren dar nada para vivir porque el Gobierno no tiene nada para darnos y tienen que buscar dónde meternos, pero ellos no tienen nada", afirmó en un video.
A pesar de que las autoridades cubanas presumen de priorizar a las madres solteras y en condiciones de vulnerabilidad en lo relacionado con las ayudas sociales, como es el caso de la vivienda, en los últimos años se han dado a conocer numerosos casos de mujeres que ocupan inmuebles abandonados junto a sus hijos.
En 2020 DIARIO DE CUBA tuvo conocimiento de al menos siete casos de este tipo, cinco de ellos en La Habana Vieja.
Las mujeres que deciden dar un paso como ese tienen algo en común: ya no temen enfrentarse a las autoridades y cuerpos represivos. Su prioridad es salvar la vida de sus hijos y la propia ante un posible derrumbe, o escapar de una situación familiar insostenible.
La reacción gubernamental ante la cada vez más frecuente ocupación de sus locales vacíos sigue patrones similares, sin embargo, el grado de intimidación o violencia contra las madres suele ser proporcional a la importancia o interés estatal del lugar que ha sido ocupado.
Cuando ocurre un hecho de este tipo, a las pocas horas las autoridades intentan desalojar a las mujeres o las amenazan para que abandonen el lugar.
