El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó que el régimen de la Isla está pidiendo hasta 12 años de cárcel contra varios de los manifestantes presos por protestar el 11J, lo que equivale a una sanción similar a la que se aplica en el país a quienes cometen homicidio.
"Hemos documentado al menos 11 peticiones fiscales de entre 12 y cuatro años de prisión por supuestos delitos de 'desórdenes públicos y atentado', fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villa Clara", indicó la organización con sede en Madrid en una nota publicada en su sitio web.
"Otras 40 personas enfrentan peticiones de entre ocho meses y un año de prisión", agregó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio", añadió, y advirtió que, de confirmarse esas condenas, "estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos".
"El mundo no puede quedarse callado ante la embestida permanente del régimen de Miguel Díaz-Canel", añadió González Raga.
Según el Observatorio, alrededor de 229 ciudadanos permanecen detenidos por participar en las protestas de julio, en prisión provisional o con condenas firmes, según datos parciales obtenidos por esa organización.
Desde que se produjeron las manifestaciones el Gobierno no ha ofrecido cifras oficiales de detenidos.
No obstante, según sus familiares, la Fiscalía pide ocho años de prisión para Yoan de la Cruz, el joven cubano que grabó las protestas pacíficas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, donde comenzaron las manifestaciones que se extendieron ese día por más de 50 ciudades de la Isla.
Asimismo, en Camagüey las autoridades judiciales solicitaron más de diez años de prisión para Maikel Porro Leyva, de 33 años, quien participó en las manifestaciones en ese territorio.
El Tribunal Municipal de Las Tunas dejó visto para sentencia el juicio contra la exprisionera política Yolanda Carmenate, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien se enfrenta a cuatro años de cárcel acusada de "propagación de epidemia, resistencia y desacato por el simple hecho de participar pacíficamente en las manifestaciones del 11J", denunció la activista Ana Belkis Ferrer García en Facebook.
También la Fiscalía Municipal de Placetas, en Villa Clara, pidió diez años de privación de libertad para las hermanas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, mellizas de 22 años, por su participación en las protestas del 11J.
Ambas están en la cárcel de Guajamal bajo medida cautelar de prisión preventiva desde el 15 de julio. Están acusadas de desórdenes públicos, desacato y dos cargos de atentado.
