El sistema de justicia del régimen cubano continúa dando proceso a los casos de detenidos a raíz de las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio. Mientras la Fiscalía pide más de diez años de prisión a un joven que participó en las manifestaciones en Camagüey, el Tribunal Municipal de Las Tunas ha dejado visto para sentencia el juicio contra la activista Yolanda Carmenate, quien se enfrenta a cuatro años de cárcel.
Maikel Porro Leyva podría pasar 12 años privado de libertad por los cargos de "desorden público y atentado", según informó la abogada del caso a su familia.
La madre del detenido, Denny Leyva, dijo a Radio Martí que, en contra de su hijo, de 33 años, se ha sumado como agravante una investigación por presunto "proxenetismo".
"Ahora ellos me refieren que está siendo investigado por proxenetismo por su forma y estilo de vivir y, entonces, todo el mundo me dice que va a revisar el caso y nadie me da respuestas", dijo la mujer.
La oficial de instrucción que está a cargo del caso dijo a Leyva "que eso no eran antecedentes penales, que solamente era una investigación por el modo y estilo de vivir" de su hijo.
"Mi hijo no tienen ningún modo, ni estilo de vivir, pues mi hijo no tiene casa, no tiene carro; tiene una motorina y vive conmigo", declaró la madre del joven.
Según el testimonio de Denny Leyva, su hijo alquila "cuando tiene una novia por ahí, pero nada más, no tiene un modo (de vida) alto". La mujer explicó que tiene familiares cercanos viviendo fuera de Cuba, que la ayudan económicamente, pero "no es nada que alcance para tener un estilo de vida llamativo".
La policía política se presentó donde viven alquilados Maykel Porro Leyva y su pareja. Él no estaba en ese momento y se llevaron detenida a su novia, quien no participó de la manifestación.
La madre de Porro Leyva contó que como resultado, su hijo "se entregó voluntariamente, diciendo que él no había hecho nada malo, y no tenía nada que temer".
"Farsa judicial" contra una activista de la UNPACU
El lunes el Tribunal Municipal de Las Tunas celebró a la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Yolanda Carmenate Fernández un juicio que miembros de la organización han calificado de "farsa judicial".
"La dictadura Castro Canel comunista está llevando a cabo farsa judicial contra Yolanda Carmenate Fernández, exprisionera política, miembro de la UNPACU y promotora de Cuba Decide de Las Tunas. Acusada en esta ocasión de 'propagación de epidemia, resistencia y desacato por el simple hecho de participar pacíficamente en las manifestaciones del 11J", denunció la activista Ana Belkis Ferrer García en Facebook.
Como anteriormente denunció la propia Ferrer García, la Fiscalía pidió cuatro años de privación de libertad para Carmenate Fernández, quien tiene 64 años de edad, es hipertensa y recientemente perdió a su hijo Christian Pérez, también activista de la UNPACU.
Carmenate fue acusada por el delegado municipal del Ministerio del Interior (MININT), teniente coronel Sergio González Comendador.
"El delegado inventó cargos comunes contra mí. De víctima pasé a victimaria. Ese día yo fui al Gobierno y me manifesté, pública y abiertamente, grité 'Abajo la dictadura de Díaz Canel' y 'Patria y Vida', pero no usé esa frase grosera que me imputan 'Díaz Canel s…' para culparme de 'desacato'", dijo en declaraciones a Radio Martí.
"La 'resistencia' que me achacan es que cuando González Comendador, que estaba en la primera línea de la represión, me cogió, usó violencia, los militares me empujaron y yo caí desplomada al piso. Ahora dicen que yo me tiré al suelo para rehusar el arresto", dijo la opositora.
"Cuando me aprisionaron, se me cayeron los espejuelos y el 'nasobuco', por eso alegan que yo no traía mascarilla y me atribuyen 'propagación de epidemia'", añadió.
"El abogado fue enérgico y preciso, pero el tribunal se confabuló con el delegado del MININT", afirmó.
Carmenate permaneció 24 días encerrada en una celda de aislamiento de la Unidad de Instrucción Policial de Las Tunas tras su arresto. Salió al vigésimo quinto día, cuando la Fiscalía cambió su medida cautelar a reclusión domiciliar.
Esta sería la segunda prisión política de Yolanda Carmenate, quien ya cumplió dos años y medio de cárcel por el supuesto delito de "Instigación a delinquir", desde 2017 hasta 2019.
