El Centro Cubano de Derechos Humanos denunció el miércoles en un informe sobre los presos de las protestas del 11 de julio que "los delitos más utilizados por la dictadura para poder penalizar a los manifestantes son 'desórdenes públicos, atentado, desacato e instigación a delinquir'", pero también "sedición, difamación de las instituciones, héroes y mártires y evasión de presos o detenidos", con los que se busca sentencias de mayor rigor.
Estos delitos son utilizados para condenar, con cada vez más años de cárcel, a las personas implicadas en las manifestaciones, detalla la organización independiente en un texto firmado por Iván Hernández Carrillo, su director; Juan Adolfo Fernández Saínz, subdirector, y Martha Beatriz Roque Cabello, supervisora.
El texto señala que los juicios comenzaron por petición de meses, pero que en esta última semana hay solicitudes —por parte de la Fiscalía— de seis, ocho y diez años de privación de libertad; en particular a activistas de derechos humanos y miembros de la disidencia interna reconocida.
Según el informe, además de San Antonio de los Baños, donde estallaron las protestas, los lugares que más presos muestran son La Güinera, Placetas y Matanzas.
En otros municipios de La Habana ha habido detenciones, pero con mucha dispersión, como es el caso del grupo de artistas del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), que pertenecen a disímiles lugares de la capital, añade.
El reporte incluye también las detenciones de personas con doble ciudadanía. La Constitución cubana no reconoce que las personas sean ciudadanos de otros países. A todos estos arrestados a raíz de las protestas del 11J se les ha dado el mismo tratamiento que al resto de los nacionales.
El Centro Cubano de Derechos Humanos manifiesta particular preocupación por un joven de 19 años con ciudadanía canadiense, que estuvo afectado por el Covid-19 y que ha quedado con una secuela de color amarillo en la piel y sin que lo haya visto algún médico.
Los familiares siguen teniendo miedo a contactar con los activistas de derechos humanos y en ocasiones resulta difícil poder llegar a conocer el estado actual del preso; sin embargo la organización ha conseguido direcciones y teléfonos de las personas.
En medio de las denuncias de la violencia que han sufrido muchos de los detenidos a raíz de las protestas del 11J, de malos tratos, incomunicación, procedimientos que violan el debido proceso, entre otras, un reporte de la televisión estatal dice que en Cuba se garantizan los derechos plenos de los presos en cumplimiento de las reglas de las Naciones Unidas.
"El componente reeducativo es la principal premisa de trabajo del personal que integra el sistema penitenciario en Cuba. Son hombres y mujeres que confían en las capacidades para cultivar valores y apuestan por el mejoramiento humano mediante el respeto a la dignidad de las personas", señala el Canal Caribe.
Sin embargo, esa reeducación, a la que se niegan sobre todo los presos de conciencia y opositores que son sancionados por delitos comunes, implica una alta dosis de adoctrinamiento.
Al denunciar la hipocresía del régimen, el periodista cubano Norges Rodríguez recordó el testimonio de Gabriela Zequeira Hernández, una las menores de edad que la dictadura cubana condenó por salir a manifestarse el 11J.
La adolescente fue liberada, pero contó que en prisión "agentes del Ministerio del Interior la obligaron a desnudarse, a revisarse sus genitales y que recibió amenazas de violación".
