Un centenar de feministas cubanas y aliados suscribieron una carta abierta en la que se pronuncian en contra de "reiterados episodios de discriminación, exclusión y violencia promovida y/o ejercida por el Estado contra las mujeres cubanas" y convocan "a las autoridades a entablar un diálogo nacional" al respecto "sin represalias para quienes participen".
En el texto, Marta María Ramírez, Tania Bruguera, Camila Lobón, Marthadela Tamayo, Marisel Nápoles, entre otros firmantes, lamentan que "la solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba (…) luego de ser discutida con miembros del Parlamento cubano, no fue incluida en el Cronograma Legislativo a ejecutarse hasta 2022".
"(…) La criminalización del activismo feminista (…) se ha mantenido con escarnios públicos, desconocimientos y amenazas a feministas que han mantenido una postura crítica hacia las autoridades cubanas sobre la defensa de los derechos de las mujeres", señalan.
Subrayan cómo actualmente, gracias al acceso a internet, hay una "mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar: acoso y violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, en la intimidad; feminicidios; necesidad de refugios; violencia obstétrica; violencia institucional y política".
Por otra parte, basados en informes de la organización no gubernamental Cubalex, los firmantes alertan "que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas y con manifestaciones que los hombres que participan en activismo político no padecen".
Para las feministas y aliados, "este sesgo de género se evidencia en el intento de descrédito a través de la exposición de su vida íntima (…) en la instrumentalización de la seguridad de los integrantes más vulnerables de su familia para presionarlas; e incluso en violencia sexual".
Asimismo, denuncian que "la brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado (…) contra las mujeres disidentes es avalada por el Estado".
"En los centros de detención los agentes utilizan la violencia física y psicológica, la ofensa y el agravio sexual como medios de represión. Se registran testimonios de encierros en calabozos sin condiciones higiénicas (…) Algunas denuncian haber sido forzadas a desnudarse, a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales (…), condenan.
Las feministas también citan "entre las prácticas represivas más comunes que afectan especialmente a las mujeres migrantes internas (…) la expulsión de las casas donde se encuentran alquiladas a través de la presión policial sobre los dueños de la vivienda".
"Afirmamos que existe actualmente en Cuba un clima de evidente hostilidad hacia un segmento amplio y diverso de la ciudadanía que se encuentra en disenso con el estatus quo, y demanda un proceso de revisión y restauración de daños ocasionados".
En este sentido, advierten "sobre importantes eventos recientes de discriminación, violencia y exclusión protagonizados por instituciones estatales, fuerzas policiales y militares, y servidores públicos, motivados especialmente por las acciones más recientes de protesta pacífica del Movimiento San Isidro (MSI)".
Sobre este particular recogen los casos de 28 mujeres, entre ellas Anamelys Ramos, Omara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández, Tania Bruguera, Katherine Bisquet. Por otra parte, se hacen eco de la situación de las presas políticas Keilylli De La Mora, Aymara Nieto y Martha Sánchez.
Para los firmantes, "las violencias ejercidas desde el Estado cubano son una manifestación de un orden patriarcal político que busca perpetuarse en el poder por todas las vías. La supuestamente alta representatividad de las mujeres en cargos públicos se ve anulada por el mandato de tipo patriarcal que ellas representan y reproducen".
"El Estado ha vaciado de significado las instituciones cubanas, que reproducen los valores ideológicos del PCC y son inflexibles e inoperantes en su capacidad para representar la pluralidad de la sociedad civil cubana, cada vez con más actores", sostienen.
Las feministas y aliados solicitan apoyo internacional de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a la vez que insisten en posicionarse "en contra de la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de Cuba".
"Nos pronunciamos en contra del uso de expresiones y de acciones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas, independientemente de quien las utilice, así como de señalamientos a cubanos de 'marginales', 'enemigos al servicio de entidades mercenarias', 'alienados', 'manipulados' o 'confundidos' (…) No admitiremos, como ha venido aconteciendo recientemente, que el Estado desplace el diferendo interno con una parte de la sociedad cubana hacia el conflicto con Estados Unidos, haciendo uso de un ejercicio retórico reductivista y arbitrario", sostienen.
Asimismo, demandan al Estado cubano que cumpla "con las convenciones internacionales de las que es signatario" y se comprometa "con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en especial en lo concerniente a la participación en la vida política y pública del país (…)".
"El Estado debe permitir nuestra organización al margen del Estado mismo, sin ser por causa de ello víctimas de acoso policial o violencia institucional", reclaman.
"Convocamos a las autoridades a entablar un diálogo nacional, sin discriminación de actores o posturas, sin represalias para quienes participen, y del cual emerjan acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a los reclamos urgentes de la sociedad civil y a la actual crisis política que atraviesa el país", concluyen.
