El reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), correspondiente al capítulo de Construcción e Inversiones del Anuario Estadístico de Cuba 2025 (edición 2026), expone la profunda crisis que atraviesa el fondo habitacional del país y las verdaderas prioridades del régimen, alejadas de tratar de solucionar el resquebrajamiento integral de la Isla.
Mientras la construcción de viviendas se desploma a mínimos históricos, el gasto del Estado se concentra prioritariamente en sectores como el turismo y los servicios empresariales, desatendiendo el colapso social y la decadencia de la infraestructura básica.
El derrumbe ininterrumpido de la vivienda
Los datos oficiales confirman una caída en la edificación de hogares. En 2021, el país registró la terminación de 18.645 viviendas, una cifra que ya evidenciaba fragilidad; sin embargo, para el cierre de 2025, el total nacional se desplomó hasta las 5.493 viviendas terminadas.
De este total, el sector estatal apenas pudo concluir 1.791 unidades, mientras que la categoría de "población y entidades no estatales" aportó 3.702 viviendas.
Provincias con alta densidad demográfica ilustran el drama: La Habana reportó apenas 677 viviendas terminadas en todo el año, Holguín, 891, y territorios como la Isla de la Juventud se quedaron en unas simbólicas 39 unidades.
Inversiones récord: ¿hacia dónde fluyen los recursos?
Paradójicamente, mientras la construcción de viviendas agoniza, el volumen total de inversiones del sector estatal civil mostró un crecimiento en las estadísticas oficiales, impulsado en gran medida por los efectos inflacionarios y de devaluación monetaria arrastrados desde la Tarea Ordenamiento. El volumen global de inversiones pasó de 58.965 millones de pesos en 2021 a unos colosales 139.474,7 millones de pesos en 2025.
No obstante, la distribución por ramas económicas revela cuáles son las verdaderas prioridades del régimen. En 2025, el mayor porcentaje de las inversiones se concentró en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler (17,8%), seguidos por la industria manufacturera (16,7%) y el suministro de electricidad, gas y agua (12,5%).
Por su parte, el sector de hoteles y restaurantes acaparó 6.609,7 millones de pesos en inversiones durante 2025, evidenciando que la apuesta ininterrumpida por el turismo sigue absorbiendo recursos financieros que contrastan con la magra asignación destinada a la educación (564,2 millones) o a la ciencia y la innovación tecnológica (721,7 millones).
Un modelo de espaldas a la ciudadanía
La brecha entre las cifras macroeconómicas del Estado y la realidad de los ciudadanos se ensancha año tras año. La ONEI pone en números lo que los cubanos padecen en las calles: una política inversionista volcada en el ladrillo turístico y corporativo, mientras la vivienda familiar se hunde en la peor crisis de las últimas décadas.
Así, en un país con un déficit acumulado de más de 900.000 viviendas, salarios estatales devaluados, inflación desbocada, escasez crónica de cemento y materiales de construcción e inexistencia de créditos bancarios viables o de un sistema hipotecario funcional, el "derecho a una vivienda adecuada" que proclama la legislación se queda en una mera declaración retórica.
En este contexto, hace apenas dos semanas entró en vigor la nueva Ley de Vivienda del régimen cubano, que no resuelve la crisis ni ofrece respuestas al deterioro masivo del parque habitacional.
En lugar de garantizar derechos reales para los sectores más vulnerables, La Habana ha diseñado una normativa que administra la escasez, mantiene las riendas de la fiscalización burocrática y legaliza una brecha de desigualdad en la que la vivienda deja de ser un derecho social para convertirse en un privilegio reservado a unos pocos.
