Miguel Díaz-Canel llamó el jueves a que las empresas cubanas resuelvan los problemas de vivienda de sus trabajadores, además de pagarles sus salarios, durante su recorrido por dos entidades productivas para promover el paquete de 176 medidas económicas anunciadas por el régimen en junio.
Las unidades visitadas fueron la fábrica de pastas cortas La Pasiega, la empresa exportadora e importadora Cítricos Caribe S.A. y la unidad empresarial de base Ronera Occidental, vinculadas a los ministerios de la Industria Alimentaria y la Agricultura.
En esos centros, el gobernante insistió "en la necesidad de que el sistema empresarial cubano, en su totalidad, aproveche las oportunidades que brindan las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente para la recuperación del país", según recogió el sitio de la presidencia de Cuba.
Entre las medidas que se ha visto obligado a tomar el régimen cubano, tras décadas de control y centralización, Díaz-Canel mencionó "la descentralización de facultades hacia el sistema empresarial para la aprobación de los precios mayoristas y minoristas; la flexibilización en la aprobación y el destino de las utilidades después de impuestos; la posibilidad de aprobar la escala salarial en las empresas, de importar y exportar sin intermediarios, así como de gestionar el combustible que necesitan".
Sin embargo, esas facultades, que permitirán a las empresas funcionar de manera más eficiente y generar más ingresos, al parecer tienen su precio: el régimen cubano pretende colocar sobre sus hombros las responsabilidades de las que ha ido deshaciéndose el Estado.
Según el sitio de la Presidencia, el gobernante fue "enfático" al abordar "el tema de la responsabilidad social de las empresas cubanas con la comunidad donde radican". En ese sentido, dijo que las utilidades no deben destinarse solo a incrementar los salarios de los trabajadores, sino también a ayudarlos "en cuestiones de vivienda".
La afirmación, que parece poner de manifiesto que el régimen pretende decidir sobre los destinos de las utilidades de los negocios —incluso los privados, pues Díaz-Canel habló de "empresas cubanas"—, llegó en un contexto marcado por el agravamiento del problema de la vivienda, que el castrismo no ha sido capaz de resolver en décadas.
Al cierre de 2025, el déficit habitacional en Cuba superaba las 800.000 viviendas y la cifra no hace más que crecer, debido a los derrumbes, el deterioro acumulado de las casas y la insuficiente construcción de nuevas casas.
En julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular admitió el incumplimiento de los indicadores de producción local de materiales de construcción. Todas las provincias presentaban limitaciones en el acceso a cemento y acero.
La vivienda de sus empleados es solo uno de los problemas que Díaz-Canel considera que deben asumir las empresas cubanas. Además, tendrían que "mantener la atención" a sus trabajadores jubilados, los vulnerables, y los jóvenes.
En cuanto a sus trabajadores activos, deben ayudarlos también en cuestiones de alimentación y proporcionarles "otros estímulos".
El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) presentó lo anterior como mecanismos que ayudarían a las empresas a "mantener la fuerza de trabajo", aunque a la luz de la crisis sin fondo en la que se hunde Cuba son más bien una forma de quitarle todavía más carga al llamado Estado socialista, que es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población.
