Entre derrumbes y escasez, las familias cubanas asumen la crisis habitacional más grave en décadas

La crisis de la vivienda en Cuba continúa profundizándose mientras el Gobierno simula responder con una combinación de subsidios ampliados, nuevas obligaciones para los propietarios y mayores mecanismos de control administrativo. Lejos de representar una solución estructural, las recientes medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y la futura Ley de Vivienda parecen confirmar uno de los fracasos más persistentes del sistema cubano: su incapacidad para garantizar condiciones habitacionales mínimas a una parte significativa de la población.

Los acuerdos 10326 y 10327, publicados el pasado 20 de mayo, incrementan considerablemente las ayudas económicas destinadas a la construcción, rehabilitación y compra de viviendas. Entre los cambios más destacados figura el aumento de los subsidios para construir una nueva vivienda, que pasan de 188.560 pesos a 700.000 pesos.

Para el equipo legal de DIARIO DE CUBA, el incremento de las ayudas constituye una admisión indirecta de la gravedad del deterioro habitacional acumulado durante décadas. Sin embargo, la efectividad de esas medidas queda condicionada por un contexto marcado por la inflación, la escasez de materiales de construcción, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la ineficiencia burocrática.

Aunque el Gobierno presenta estas disposiciones como un respaldo a sectores vulnerables y familias numerosas, los acuerdos no modifican los elementos estructurales que alimentan la crisis. Cuba cerró 2025 con un déficit superior a las 800.000 viviendas, una cifra que continúa creciendo debido al deterioro del fondo habitacional, los derrumbes y la insuficiente construcción de nuevas casas.

Las nuevas normas tampoco flexibilizan significativamente la actividad constructiva privada ni crean incentivos reales para aumentar la oferta habitacional. La construcción, ampliación o reparación de una vivienda continúa dependiendo de autorizaciones administrativas y de un mercado de materiales marcado por la escasez y los altos precios.

"Tengo un apartamento pequeñito en La Habana. Solamente en arreglos me he gastado más de 4.000 euros. Con un salario eso es imposible y, desgraciadamente, o lo arreglo o se me cae", relata una residente de la capital que ha tenido que recurrir a la ayuda de familiares en el exterior para evitar un deterioro irreversible de su vivienda.

La discrecionalidad administrativa sigue siendo otro de los problemas centrales. Son las autoridades municipales las encargadas de evaluar solicitudes, establecer prioridades y decidir quién accede a los beneficios. Sin mecanismos independientes de supervisión ni transparencia pública, el sistema continúa expuesto a favoritismos, arbitrariedades y desigualdades.

La atención especial que los acuerdos conceden a las familias con tres o más hijos, un programa que no es nuevo, refleja además otra preocupación creciente para las autoridades: el desplome demográfico. La emigración masiva y la caída de la natalidad han reducido aceleradamente la población de la Isla. En ese escenario, las ayudas habitacionales parecen responder más a un intento de contener los efectos sociales de la crisis que a una estrategia capaz de revertirla, pero tampoco llega todos los casos.

Yaricel es madre de cuatro niños pequeños, soltera y lamenta la "suerte" que ha tenido. "A mí no me ha tocado nada y eso que he tocado a todas las puertas del municipio, la provincia y hasta a nivel nacional. He amenazado con meterme en un local en desuso cerca de donde vivo en 10 de Octubre, y nada. Sigo viviendo con mi tía en un cuchitril que se está cayendo y hemos tenido que apuntalar por nuestra cuenta. En un albergue no me meto con dos de los niños que siempre están enfermos", señala a DIARIO DE CUBA.

En 2020 el Gobierno solo había dado solución al 4,7% de estos casos de familia numerosa. De las 2.257 acciones constructivas planificadas con ese propósito en 2023 se completaron solo 1.192, para un 53%. Hasta el cierre de ese año, en Cuba había más de 62.600 madres con tres o más hijos, según una nota del diario oficial Granma 

La nueva Ley de Vivienda añade más cargas a los propietarios

Mientras amplía subsidios, el Gobierno impulsa una nueva Ley de Vivienda que trasladaría a los ciudadanos una parte creciente de los costos asociados a la conservación de edificios e inmuebles.

El proyecto, publicado recientemente por la Asamblea Nacional, establece la creación obligatoria de juntas de administración en edificios multifamiliares. Estas juntas estarán integradas por todos los propietarios y tendrán facultades para fijar cuotas mensuales destinadas a cubrir gastos comunes de mantenimiento, reparación, limpieza y rehabilitación.

El Artículo 157 del proyecto establece que los acuerdos adoptados por esas juntas serán vinculantes para todos los propietarios, incluso para quienes voten en contra.

Entre los gastos que podrán financiarse mediante esas cuotas figuran reparaciones de techos, escaleras, fachadas, cisternas, bombas de agua, ascensores, sistemas eléctricos y otras instalaciones comunes.

La iniciativa supone un cambio significativo en un país donde durante décadas el Estado monopolizó la gestión y mantenimiento del parque habitacional, mientras restringía la autonomía de los propietarios.

Sin embargo, la nueva legislación no viene acompañada de un mercado funcional de materiales, financiamiento accesible o mecanismos efectivos para que los vecinos puedan afrontar esos gastos en medio de una crisis económica generalizada.

La propia Dirección Provincial de la Vivienda de Sancti Spíritus ha comenzado a promover la creación de cuentas bancarias para edificios multifamiliares con el objetivo de acumular fondos destinados a futuras reparaciones.

El llamado surge precisamente después de que la rotura de una bomba de agua dejara sin servicio a 19 edificios del reparto Olivos 1, una situación que las autoridades atribuyeron a falta de previsión financiera de los residentes.

Las reacciones ciudadanas evidencian el escepticismo ante la medida. "Tremendo chiste", consideró María de Lourdes Solano.

Otro vecina cuestionó hasta dónde llegarán las nuevas obligaciones: "¿También tendrán que colectar dinero para el transformador, los metros contadores, las cañerías, el alumbrado público y la jardinería?".

"Si los bancos no tienen efectivo, ¿cómo lo vas a sacar para pagar un arreglo?", preguntó Luis González Borrego. "Se desentendieron de los alimentos y ahora también de la conservación de las viviendas", añadió.

Desde Alamar, Habana del Este, Magaly, residente en un sexto piso, apunta: "Yo recibo una ayuda de 1.548 pesos, es lo único que tengo y no me alcanza ni para mal comer cinco días. Imagina si tengo que poner dinero todos los meses, la cantidad que sea, para arreglos del edificio. A mi hijo que está fuera no le puedo pedir más".

Arreglar en el papel lo que en la práctica no se puede

La propuesta oficial no supone una novedad absoluta. En numerosos edificios cubanos los vecinos ya se organizan informalmente para recaudar fondos destinados a reparar bombas de agua, turbinas, sistemas eléctricos o acometer arreglos urgentes. Incluso en ocasiones las propias autoridades han exigido contribuciones económicas de los residentes para trabajos de mantenimiento o pintura de fachadas.

Sin embargo, para la abogada de DIARIO DE CUBA Maylin Fernández Suris, el principal problema no radica en la figura jurídica propuesta, sino en las condiciones económicas del país.

"Si las viviendas pertenecen a sus propietarios, resulta razonable que estos contribuyan al mantenimiento de los elementos comunes del inmueble, como ocurre en la mayoría de los países con regímenes de propiedad horizontal. La existencia de un fondo de reserva permite afrontar averías imprevistas, evita la improvisación y facilita una gestión más eficiente de los recursos comunes", explica.

No obstante, advierte que la efectividad de cualquier fondo comunitario depende de que los propietarios puedan realizar aportaciones periódicas. "En la Cuba actual, marcada por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para cubrir necesidades básicas, muchas familias apenas logran sostener sus gastos cotidianos. El problema no es la inexistencia de una cuenta bancaria, sino la falta de recursos para dotarla", señala.

Fernández Suris añade que la iniciativa llega después de décadas en las que el Estado mantuvo un control predominante sobre la administración y conservación del parque habitacional, limitando la capacidad de los propietarios para gestionar directamente sus edificios. "Promover mecanismos de autogestión vecinal puede ser un paso lógico hacia una mayor corresponsabilidad, pero también implica trasladar a los ciudadanos el coste de reparar inmuebles cuyo deterioro responde, en buena medida, a años de insuficiente inversión y mantenimiento público", apunta.

A las dificultades económicas se suma otro obstáculo práctico: el deterioro del propio sistema bancario. Vecinos consultados cuestionan cómo podrán funcionar estos fondos cuando persisten las restricciones para retirar efectivo y realizar operaciones con normalidad. "El Estado intenta resolver sobre el papel problemas que en la práctica no tienen solución inmediata", resume un residente de Sancti Spíritus.

Riesgo de perder la vivienda por deterioro

El proyecto incorpora además disposiciones que podrían generar preocupación entre los propietarios. El Artículo 139 obliga a recuperar viviendas deshabitadas que presenten deterioro estructural, aun cuando no hayan sido declaradas oficialmente en ruina.

Más controvertido resulta el Artículo 141, que establece que si una vivienda llega al estado de ruina por abandono y el propietario no realiza las acciones correspondientes, la Dirección Municipal de la Vivienda podrá solicitar ante los tribunales la pérdida del derecho sobre el inmueble y su posterior asignación por parte del Consejo de la Administración Municipal.

La medida coloca a numerosos propietarios en una situación especialmente vulnerable, teniendo en cuenta que muchas viviendas se deterioran no por abandono voluntario, sino por la imposibilidad material de costear reparaciones en medio de la crisis económica.

La contradicción resulta evidente: después de décadas concentrando el control de la política habitacional y limitando la iniciativa privada, el Estado intenta ahora enfrentar la emergencia habitacional trasladando parte de los costos y responsabilidades a ciudadanos con recursos cada vez más limitados.

Los acuerdos 10326 y 10327 amplían temporalmente la capacidad del Gobierno para distribuir ayudas, pero no alteran las causas profundas del problema de vivienda. Mientras no existan transformaciones económicas de mayor alcance, seguridad jurídica para la inversión privada y una verdadera autonomía de los ciudadanos para construir, comprar o rehabilitar viviendas, los nuevos subsidios y obligaciones corren el riesgo de convertirse en otro intento de gestionar la precariedad sin resolverla.

Para miles de familias cubanas que viven entre filtraciones, derrumbes parciales y edificios en peligro de colapso, la vivienda sigue siendo una de las expresiones más visibles del agotamiento del modelo económico y político de la Isla.