La publicación del nuevo Proyecto de Ley de la Vivienda llega en uno de los momentos más críticos para el sector habitacional cubano. Con un déficit acumulado de 900.000 viviendas, inmuebles en avanzado estado de deterioro, una población cada vez más envejecida y una emigración masiva que transforma la realidad demográfica del país, el régimen presenta la norma como una actualización necesaria para garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada.
Sin embargo, aunque el texto incorpora cambios relevantes respecto a la legislación vigente, mantiene intacta la lógica de control estatal que ha marcado durante décadas la política de vivienda en Cuba, de acuerdo con el análisis del equipo legal de DIARIO DE CUBA.
Algunos cambios largamente reclamados
Entre las modificaciones más significativas figura la autorización para que una persona natural pueda poseer hasta dos viviendas, además de una casa de descanso o veraneo. La medida flexibiliza parcialmente un régimen de propiedad históricamente restrictivo.
También desaparece una de las disposiciones más polémicas de la legislación cubana: la pérdida de los derechos sobre la vivienda por salida definitiva del país. Durante años, esa norma permitió al Estado apropiarse de inmuebles de emigrados mediante un mecanismo que numerosos juristas consideraron una forma indirecta de confiscación patrimonial.
El proyecto amplía además las vías de acceso a la vivienda mediante compraventa, herencia, donación, arrendamiento, usufructo, cooperativas y nuevas fórmulas de financiamiento. Asimismo, reconoce la participación de actores no estatales en la construcción y gestión habitacional, incluidas cooperativas, MIPYMES y entidades inmobiliarias.
La propuesta también modifica las reglas sobre el cese de convivencia en inmuebles particulares. Aunque mantiene la facultad del propietario para solicitar la salida de convivientes, amplía la protección a familiares por vínculos afines o socioafectivos y elimina algunos requisitos restrictivos de la legislación actual. Al mismo tiempo, prevé la pérdida de esa protección en casos de violencia contra el propietario.
Más facultades para los ciudadanos, pero bajo supervisión estatal
Pese a esos cambios, el proyecto no supone una ruptura con el modelo tradicional de tutela administrativa.
La norma conserva una extensa red de autorizaciones, controles y facultades discrecionales que permiten a organismos estatales intervenir en numerosos aspectos de la relación entre los ciudadanos y sus propiedades.
En la práctica, aunque se reconoce formalmente la propiedad privada, esta continúa subordinada a intereses definidos por la Administración. El resultado es una contradicción evidente: se amplían algunos derechos de los propietarios sin renunciar al sistema de control estatal que ha caracterizado históricamente la gestión de la vivienda en Cuba.
Escasas garantías frente a decisiones de la burocracia
Uno de los aspectos más cuestionables del proyecto es la limitada protección de los ciudadanos frente a las decisiones administrativas.
Las Direcciones Municipales de la Vivienda y otros órganos locales mantienen amplias competencias para resolver conflictos, determinar situaciones jurídicas de inmuebles y promover procedimientos que pueden afectar derechos patrimoniales.
Sin embargo, la propuesta no establece mecanismos especialmente sólidos para impugnar esas decisiones ante los tribunales ni incorpora nuevas garantías que limiten posibles arbitrariedades.
En un sistema donde la independencia judicial continúa siendo motivo de cuestionamientos, la concentración de poder en manos de la burocracia estatal alimenta la inseguridad jurídica de los propietarios.
La ley no resuelve el problema central
Más allá de los cambios legales, los abogados de DIARIO DE CUBA coinciden en que la principal crisis de la vivienda en Cuba no es normativa, sino económica.
Persisten obstáculos fundamentales como la escasez de materiales de construcción, la inflación, la falta de inversiones, los bajos salarios, la inexistencia de un sistema hipotecario moderno y las dificultades para acceder a créditos destinados a construir o reparar viviendas.
Tampoco se solucionan problemas asociados al registro de propiedades, la financiación privada ni la transparencia en la valoración de los inmuebles.
Por ello, aunque la nueva legislación podría facilitar determinadas operaciones jurídicas y ofrecer un catálogo más amplio de derechos, difícilmente resolverá las causas estructurales del déficit habitacional.
Derechos reconocidos, recursos inexistentes
El proyecto insiste en conceptos como la "vivienda adecuada" y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la efectividad de esas garantías dependerá de recursos materiales que el propio Estado cubano reconoce no poseer.
La distancia entre los derechos proclamados por la Constitución de 2019 y las posibilidades reales de ejercerlos sigue siendo una de las principales debilidades del sistema jurídico cubano.
La nueva Ley de Vivienda moderniza parte del lenguaje legal y elimina algunas restricciones históricas, pero evita responder a la pregunta esencial: cómo financiar la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de un parque habitacional que acumula décadas de deterioro y abandono.
Sin una transformación económica de mayor alcance, el riesgo es que la reforma quede limitada a cambios formales mientras la crisis de la vivienda continúa agravándose para millones de cubanos.
