Hace unas semanas publicamos aquí acerca de la presunta ocupación de una vivienda en La Habana por quien alega ser su dueño original. La polémica generada por este hecho vuelve a colocar sobre la mesa uno de los asuntos más complejos que deberá afrontar Cuba en el futuro: las reclamaciones sobre bienes confiscados por el régimen durante décadas desde su instalación.
Existe una realidad que no puede negarse. Miles de cubanos fueron privados de sus viviendas, negocios, tierras y otros bienes como consecuencia de decisiones políticas y normas jurídicas que vincularon la emigración con la pérdida patrimonial. Esa herida existe y ningún debate serio sobre el futuro del país puede ignorarla.
Pero existe otra realidad igualmente importante: la solución de esas injusticias no puede construirse mediante ocupaciones, actos de fuerza o decisiones unilaterales adoptadas por particulares.
Así las cosas, puestas en conflicto, quien considere que posee un derecho legítimo sobre una vivienda o cualquier otro bien tendrá derecho a reclamarlo en una Cuba futura. Este derecho de acudir ante un tribunal u órgano imparcial será innegable, trascendiendo incluso a herederos y legatarios que demuestren su condición.
Sin embargo, a falta de leyes en la actualidad, no tiene derecho a imponerse por sí mismo como juez y ejecutor de su propia pretensión ni a generar más oposición al cambio que el impone el sistema político/legal.
Precisamente esa es una de las diferencias esenciales entre un Estado de derecho y un sistema basado en la arbitrariedad, y entre una ciudadanía civilizada y otra desconectada de los límites del verdadero orden social. Cuba no es hoy una democracia, pero en una sociedad democrática no son las personas quienes resuelven los conflictos por la fuerza, sino instituciones independientes que examinan los hechos, valoran las pruebas y aplican reglas previamente establecidas.
La magnitud del problema patrimonial cubano exige algo más que consignas o posiciones emocionales. Requiere procedimientos, garantías y órganos especializados capaces de analizar miles de situaciones distintas. De hecho, salvo excepciones, los códigos penales y contravencionales sancionan conductas como las que examinamos en esta ocasión.
No todos los casos son iguales
Existen antiguos propietarios que fueron despojados de sus bienes en Cuba sin compensación alguna y otros con compensación, pero sin discutirse y analizarse con acierto el justiprecio.
Existen familias que han ocupado legalmente durante décadas inmuebles entregados por el propio modelo. Existen bienes transformados, divididos o integrados en nuevas realidades urbanas. Existen viviendas, pero también tierras, locales comerciales, instalaciones industriales y otros activos, cuya situación jurídica ha cambiado varias veces a lo largo de los años.
Pretender resolver una realidad tan compleja mediante actos individuales de recuperación constituye una receta segura para el conflicto social.
Además, estas actuaciones generan un efecto político especialmente perjudicial.
Cada vez que una persona intenta recuperar por su cuenta una propiedad que considera legítimamente suya, el régimen encuentra una nueva oportunidad para alimentar uno de sus discursos retóricos y falaces más recurrentes: el miedo.
Durante décadas, las autoridades cubanas han intentado convencer a la población de que cualquier proceso de cambio conduciría al despojo masivo de viviendas, a la expulsión de ocupantes actuales y a una supuesta reversión indiscriminada de todas las transformaciones producidas en el país.
Las acciones unilaterales no debilitan esa narrativa. La fortalecen.
Muchos ciudadanos que nunca participaron en confiscaciones ni tuvieron responsabilidad alguna en las políticas estatales del pasado pueden llegar a preguntarse si en el futuro perderán la vivienda donde han vivido durante años o si sus familias quedarán expuestas a reclamaciones imposibles de afrontar.
Esa incertidumbre no favorece la reconciliación nacional. Tampoco contribuye a construir consensos o escenario para el cambio.
La experiencia internacional demuestra que los conflictos patrimoniales derivados de procesos políticos traumáticos no se resuelven mediante improvisaciones. Los países que han enfrentado desafíos similares han creado marcos legales específicos, tribunales especializados, comisiones de reclamación y mecanismos de compensación que permiten examinar cada caso de forma individual.
En mi opinión, esto no sería entre los cubanos una cuestión primaria. Lo primero será desmantelar el viejo modelo y crear la nueva institucionalidad y, seguidamente, sin dilación, dar solución a esta problemática aplazada en el tiempo por razones de derecho y de justicia social.
Un eventual gobierno de transición comprometido con los principios democráticos tendría la responsabilidad de establecer reglas claras para atender las reclamaciones de propiedad. Ello implicaría definir procedimientos transparentes, garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, proteger la seguridad jurídica de los ocupantes de buena fe y reconocer, al mismo tiempo, los derechos de quienes fueron despojados ilegítimamente de sus bienes. La conservación del archivo y los registros al respecto sí sería una prioridad y un ineludible deber.
La respuesta no será idéntica para todos
Habrá situaciones donde proceda la restitución. Otras exigirán compensaciones económicas. Algunas requerirán fórmulas mixtas. En muchos casos será necesario ponderar derechos concurrentes y buscar soluciones equilibradas que minimicen nuevas injusticias.
Lo verdaderamente importante es que esas decisiones no serán adoptadas por la fuerza ni por criterios políticos, sino mediante procedimientos legales sometidos a control judicial.
Los cubanos que perdieron sus propiedades tienen derecho a esperar un poco más de la justicia negada. Los actuales ocupantes y propietarios tienen derecho a esperar seguridad jurídica. Ambas aspiraciones son compatibles dentro de un verdadero Estado de derecho.
La solución no pasa por escoger entre unos y otros. Pasa por construir instituciones capaces de escuchar a todos, analizar cada situación y ofrecer respuestas basadas en la legalidad, la equidad y la protección de los derechos.
La reconciliación nacional exige reparar injusticias. Pero también exige evitar que la reparación de unas genere nuevas injusticias para otros.
Por eso, frente a los discursos de miedo y frente a las tentaciones de la justicia por mano propia, la respuesta debe ser la misma: confianza en la ley futura, en las garantías procesales y en instituciones imparciales capaces de resolver uno de los problemas más delicados que heredará la Cuba del futuro.
