A partir del 1 de septiembre, y con pago efectivo desde agosto, el Gobierno cubano aplicará el anunciado aumento parcial a las pensiones por jubilación, invalidez y causa de muerte inferiores a los 4.000 pesos mensuales, en medio de una inflación galopante, el desplome del poder adquisitivo y la reciente "renuncia" de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó.
Según lo publicado en la Gaceta Oficial número 71 y como recoge el diario oficial Granma, la Resolución 14 establece un incremento de 1.528 pesos para quienes reciban pensiones de hasta 2.472 pesos. Aquellos que cobren entre 2.473 y 3.999 pesos, verán sus montos ajustados hasta llegar a los 4.000 pesos. A pesar del anuncio oficial, los nuevos valores apenas superan el equivalente a diez o 15 dólares mensuales al cambio del mercado informal, una cifra insuficiente para cubrir una semana de comida en Cuba.
En el caso de las pensiones por causa de muerte, Benito Rey González, director general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo en conferencia de prensa que el aumento se calcula sobre la cuantía que recibía el familiar fallecido, y se distribuye entre los beneficiarios conforme a lo establecido en la Ley No. 105 De Seguridad Social, vigente desde el 27 de diciembre de 2008.
Asimismo, las personas con derecho a más de una pensión de Seguridad Social, recibirán el incremento sobre la cuantía de la pensión unificada, añadió.
En este sentido, precisó que las pensiones por causa de muerte se recalcularán aplicando el porcentaje legal correspondiente (70% para un beneficiario, 85% para dos, 100% para tres o más) sobre la pensión actualizada del fallecido.
El Gobierno presenta sus medidas como parte de su "compromiso con la justicia social". Sin embargo, ni siquiera con el aumento los jubilados alcanzan a cubrir los costos básicos de alimentación o medicinas, en un país donde una pastilla de Enalapril en el mercado negro puede costar más que una pensión diaria, y donde la canasta básica estatal es apenas un simbolismo.
El propio ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, reconoció que el incremento no resuelve el problema del poder adquisitivo, aunque implicará una erogación de 25.000 millones de pesos anuales del Presupuesto del Estado.
Regueiro Ale dijo que el aumento beneficiará al 88% de los pensionados y se traduce en 2.000 millones de pesos mensuales.
"Si bien existen morosidad y conductas evasoras, su corrección tributará a una mejor posición fiscal y a la mejora en los ingresos de las personas que requieren atención por jubilación o por otras causas, esta norma de aumento parcial se ha podido respaldar mediante el desempeño presupuestario, adecuaciones tributarias, así como una mayor disciplina fiscal de los contribuyentes del sector estatal y no estatal", dijo.
En paralelo, se asegura que el sistema bancario ya dispone del efectivo para el pago, y que se ampliarán horarios y medidas organizativas para garantizar la entrega. Sin embargo, el panorama general dista mucho de ser de eficiencia: largas colas en bancos, cajeros sin dinero, jubilados sin transporte ni apoyo familiar, y una red de asistencia social saturada e ineficaz.
Pensiones que no alcanzan ni para sobrevivir
En Cuba, el salario promedio ronda los 5.839 pesos (unos 16 dólares al mes), y muchas pensiones siguen situadas por debajo de ese umbral, incluso después del ajuste. La mayoría de los beneficiarios de estas pensiones son personas mayores sin otra fuente de ingresos, muchas de ellas sin familiares que puedan ayudarles.
Expertos y economistas han señalado reiteradamente que las pensiones no se ajustan a la inflación real, ni al costo de vida. El propio Gobierno admite que la situación de muchos jubilados que se retiraron bajo leyes anteriores es especialmente precaria, y que la "Tarea Ordenamiento" dejó a muchos con ingresos depreciados frente a una economía dolarizada de facto.
Este anuncio llega en un momento de profunda crisis estructural, descontento social creciente y la salida de la ministra Marta Elena Feitó, quien en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de julio negó la existencia de mendigos en Cuba y se refirió a quienes viven en las calles como "borrachos, simuladores e ilegales".
Mientras tanto, como reveló recientemente una investigación del Miami Herald, el conglomerado militar GAESA —controlado por las Fuerzas Armadas— acumula miles de millones de dólares en activos, sin rendir cuentas ni aportar de manera suficiente al presupuesto público, lo que refuerza la imagen de una élite que se enriquece mientras condena a la mayoría a la pobreza.
El aumento anunciado no es más que un parche insuficiente en un sistema quebrado, donde las pensiones no aseguran una vejez digna y el aparato estatal sigue siendo incapaz de responder a las necesidades básicas de la población más vulnerable.
Supongo que se refieren a la pensión de los mohosos, porque al resto del "pueblo" lo están exterminando.