El régimen cubano se saltó este jueves, una vez el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), al presentar a los diputados el proyecto de una norma no incluida en el itinerario aprobado en 2019, mientras otras cruciales para la población y previstas hace más de seis años continúan en pausa.
El proyecto en cuestión fue el de la Ley del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas, presentado por el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera Martínez. Según sus palabras, citadas por el portal oficial Cubadebate, la norma busca "actualizar el marco jurídico vigente, caracterizado por su dispersión normativa".
"El nuevo proyecto busca unificar y modernizar el sistema contravencional bajo una norma de rango superior, garantizando uniformidad, mayor claridad y seguridad jurídica. También sienta las bases para un futuro Código de Contravenciones, a partir de la experiencia recogida en este proceso de perfeccionamiento", citó el medio estatal.
Asimismo, el ministro destacó que "no se identifican riesgos en la implementación de esta ley", que, según él, "fortalecerá la coherencia del sistema y facilitará su comprensión por parte de la población y las autoridades".
Aseguró, además, que la ley representa "un paso clave en la consolidación del Derecho administrativo sancionador en Cuba".
El paso de someter el proyecto al criterio de los diputados es un mero trámite formal, pues en la emisión del 9 de julio del programa de propaganda del régimen Mesa Redonda, dedicado al Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, se afirmó que la agenda incluía "la aprobación" de la norma, además de las leyes Del Sistema Deportivo Cubano, Del Registro Civil y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
Sin embargo, ni la Ley del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas ni la Ley del Registro Civil, ni la del Sistema Deportivo Cubano aparecían en el cronograma original del periodo legislativo 2019–2022.
De las previstas para ese periodo continúan en espera normas vitales para los cubanos, como la Ley de Vivienda. El propio Silvera Martínez afirmó en diciembre de 2022 que el proyecto de esa norma estaba "en un estado avanzado de elaboración", pero hasta el momento ni siquiera se ha presentado una primera versión del mismo.
Mientras, la vivienda es uno de los problemas que más golpean a la población de Cuba, donde el déficit habitacional asciende a 805.583 moradas, según el informe presentado esta misma por el Ministerio de Construcción (MICONS) a la ANPP.
Frente a ese panorama, el Gobierno empeora su desempeño en materia de construcción de viviendas. En lo que va de año se han terminado 2.382 viviendas de las 10.795 planificadas, para un cumplimiento del plan de apenas el 22%, según el citado informe.
El plan de 2025 es incluso inferior al de 2024, cuando debieron fabricarse 13.492 casas y solo se terminaron 7.427, poco más de la mitad.
Esta no es la primera vez que el régimen prioriza normas de su interés por encima de las que responderían a las necesidades del pueblo cubano.
En 2022, por ejemplo, aprobó solo 14 leyes de las 30 previstas, para un cumplimiento de menos del 50%. Pero entre las aprobadas estuvo la Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social, que tampoco formaba parte del cronograma original de 2019.
Mientras, continuaron (y continúan) postergadas normas relacionadas con el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación con fines pacíficos de los cubanos, recogidos en el Artículo 56 de la Constitución, y que debieron ser regulados por una norma prevista para octubre de 2020.
Pese a resaltar la aprobación de 54 leyes y 123 decretos leyes, lo que según él, garantiza que Cuba funcione "bajo estrictos principios de legalidad", Sánchez Silvera tuvo que reconocer que "persisten insuficiencias en el control de la implementación de estas disposiciones, lo que afecta su cumplimiento efectivo", según recogió Cubadebate.
Como respuesta anunció ante los diputados que el Ministerio que dirige asumirá la rectoría en el control de los organismos de la Administración Central del Estado y su sector empresarial, por decisión del primer ministro, Manuel Marrero Cruz.
"A nivel territorial, las direcciones provinciales y municipales de Justicia estarán encargadas de supervisar los sistemas de trabajo en las entidades locales que cuentan con asesoría jurídica propia. Paralelamente, las consultorías jurídicas provinciales ejercerán la vigilancia sobre las entidades contratadas para prestar servicios legales, completando así un sistema integral de control", citó portal oficial.
A las pequeñas y medianas empresas se les exigirá "de manera gradual" contar con asesoría legal, "en cumplimiento del Decreto Ley 349, Del Asesoramiento Jurídico". No estarán en esa obligación las microempresas y cooperativas.
El ministro de Justicia subrayó la necesidad "de elevar el rol del asesor jurídico mediante un proceso obligatorio y gradual de habilitación para todos los operadores del derecho".
Estas acciones, aseguró el funcionario, "buscan mejorar la implementación de las leyes en el nivel de los actores económicos, fortalecer la institucionalidad y aumentar la eficacia de las normas en beneficio del desarrollo nacional".
