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Política

El régimen cubano convoca nueva sesión del aparato legislativo mientras sigue incumpliendo su cronograma

En medio de la agudización de la crisis sistémica, la Asamblea Nacional volverá a reunirse sin legislar con eficacia ni responder a las urgencias ciudadanas.

La Habana
El ministro de Justicia de Cuba en la sesión de la Asamblea Nacional en diciembre de 2024.
El ministro de Justicia de Cuba en la sesión de la Asamblea Nacional en diciembre de 2024. Cubadebate

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, ha convocado oficialmente al Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, que se celebrará el 16 de julio de 2025 en el Palacio de Convenciones de La Habana. La convocatoria fue anunciada este domingo 23 de junio a través del sitio web del aparato legislativo del régimen.

Según la nota oficial, el orden del día incluirá la evaluación del "Programa gubernamental para corregir distorsiones y reimpulsar la economía", un paquete de medidas lanzado a inicios de año que ha generado más malestar que alivio entre los cubanos, debido al alza de precios, la inflación incontrolada y el deterioro del poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

También se presentará un balance económico del primer semestre de 2025, así como la actualización del Presupuesto estatal vigente y la liquidación del correspondiente a 2024.

Se prevé, además, la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y del Gobierno Provincial de Camagüey, y la fiscalización del Ministerio del Transporte.

Como es habitual, los días previos —14 y 15 de julio— estarán dedicados a reuniones de las comisiones permanentes, que, según el texto oficial, debatirán más de 80 temas relacionados con la agenda nacional.

Un Parlamento que no cumple su propio calendario

La nueva convocatoria llega en un contexto de retrasos acumulados en el cronograma legislativo aprobado para la actual legislatura. Aunque la Constitución de 2019 estableció ambiciosas metas legislativas, buena parte de ellas han sido incumplidas o pospuestas. Al cierre del primer semestre de 2025, más de 30 leyes previstas aún no han sido discutidas o aprobadas, entre ellas normas clave relacionadas con la transparencia institucional, el derecho a la información pública, y la protección de derechos civiles.

Estos retrasos revelan una incapacidad crónica del órgano legislativo para responder a los desafíos sociales, económicos y políticos del país, y profundizan la desconexión entre el aparato estatal y las urgencias cotidianas de la ciudadanía.

En diciembre de 2024, ante el mismo aparato legislativo, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, dijo que "a pesar de estar en un estado avanzado de elaboración", era "necesario posponer la aprobación" del Código de Trabajo, la Ley de Empresas, el Código de Contravenciones, el Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, la Ley del Registro Civil, la Ley de la Organización de la Administración Central del Estado, la Ley Tributaria y la Ley de Posesión y Uso de la Tierra, ocho en total.

Silvera dijo que, teniendo en cuenta que para 2025 estaban planificadas 14 leyes y ocho no fueron aprobadas en el 2024, la cantidad de normas jurídicas a aprobar por la ANPP este año sería de 22, una cifra excesiva en correspondencia con los trámites y requisitos de la actividad legislativa, admitió.

El ministro dijo que los términos de presentación de las leyes (60 días) y los decretos leyes (45 días) a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, "no fueron cumplidos en varios casos, una deficiencia que tenemos que eliminar definitivamente", añadió.

En el 2024 "hemos tenido demoras en la publicación de las leyes y decretos leyes en la Gaceta Oficial de la República, en lo que inciden, esencialmente, los atrasos en la elaboración de las normas jurídicas complementarias", algo que siguen arrastrando en 2025.

Así, para 2026 están previstas 12 leyes, entre ellas siete que inicialmente estaban planificadas para este año 2025: Ley de Seguridad Social, Ley de Educación, Ley de Turismo, Ley de Servicios Policiales, Ley de Identidad, Ley de Administración Financiera del Estado y Ley Forestal

Para 2027 están anunciadas algunas que se prometieron legislar y aprobar en 2024 (Ley de Organización de la Administración Central del Estado) y otras dos inicialmente planificadas para el 2025 (Ley de Ordenamiento de la Migración Interna y Ley de Patrimonio Estatal).

Aunque la Constitución cubana reconoce la Asamblea Nacional como el "órgano supremo del poder del Estado", en la práctica, sus sesiones se limitan a ratificar decisiones previamente tomadas por el Ejecutivo y carecen de un verdadero debate plural.

Mientras el país enfrenta una profunda crisis económica y energética, la próxima sesión del Parlamento del régimen promete, como las anteriores, una agenda marcada por la formalidad y el control centralizado, sin espacio para propuestas alternativas ni para la representación efectiva de los intereses populares.

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