Ana Rosa Moreno Pérez, una mujer cubana de 79 años, sobrevive desde hace más de dos décadas en un banco del parque La Libertad de Caibarién, Villa Clara. Expulsada de su propio hogar por la violencia de sus hijos alcohólicos, no tiene libreta de racionamiento, ni atención institucional efectiva, como relató recientemente a DIARIO DE CUBA. Con su pensión mínima (1.543 pesos al mes), no consigue acceso estable a comida o servicios básicos. A pesar de promesas oficiales de ayuda, ninguna solución se ha materializado. Formada en farmacia y canto coral, esta mujer rechaza ser enviada a un asilo lejano, y prefiere mantenerse en un lugar donde al menos conserva su identidad y la solidaridad de vecinos y amigos.
Moreno Pérez es candidata a ocupar un espacio "temporal" en uno de los centros sociales que planea abrir el Gobierno cubano como parte de nuevas normas dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para limpiar las calles, pero volvería otra vez a su situación actual ante la falta de familiares aptos que se hagan cargo de ella como establece la política oficial.
A finales de abril, el MTSS de Cuba anunció la entrada en vigor de nuevas regulaciones relacionadas con los servicios sociales comunitarios y la atención a los mendigos, a los cuales el Gobierno llama eufemísticamente "personas deambulantes" y cuya situación atribuye a "conductas" y no a las consecuencias de la severa crisis que es incapaz de resolver.
Las medidas, presentadas como parte del llamado "Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida", buscan actualizar normas que ya existían desde 2003 y que ahora intentan responder, aunque de manera limitada, a una crisis de cuidados que golpea de lleno a los sectores más vulnerables.
En declaraciones a DIARIO DE CUBA, la socióloga Elaine Acosta advirtió que persiste un problema conceptual profundo al tratar el no tener hogar como una "conducta de ambulante" o un "trastorno del comportamiento humano", lo que invisibiliza las causas estructurales del fenómeno.
Según la investigadora, este enfoque individualiza un problema que tiene raíces sociales mucho más complejas, como el empobrecimiento generalizado, la falta de redes de apoyo y el deterioro del sistema de protección social. "Se sigue evitando hablar del impacto del empobrecimiento y el aumento de las desigualdades en la Isla", dijo.
Según datos oficiales, son más de 3.700 los mendigos cubanos contabilizados por el Gobierno, aunque el número puede ser mayor.
Vitico, un anciano de 67 años, vive desde hace dos años entre parques y portales de Centro Habana. A veces duerme y se come un plato de comida en la casa de un primo segundo menor que él, quien lo deja pernoctar y darse un baño cuando su familia no está en casa. Dice que tiene "suerte" porque conoce a otros que no tienen ese alivio ocasional.
"Me quedé viudo en 2021 por culpa del Covid-19, mi esposa y yo no pudimos tener hijos. Luego el derrumbe del edificio me sepultó en vida. Con dos chequeras vivíamos en la miseria, inventando, buscando en la basura chatarra para materia prima por unos pesitos de nada. Ahora pido o me muero. No es algo que haya elegido. No estoy mal de la cabeza ni me emborracho. ¿Quién quiere esta cabrona situación? Claro que necesito un lugar donde acabar mis días en esta tierra de sufrimiento, al menos con un techo y un bocado que comer cuando tenga hambre".
Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del MTSS, dijo que entre las novedades publicadas se incluyen directrices para abordar la "conducta deambulante", conceptualizada como un "trastorno multicausal asociado a la exclusión social". La respuesta prevista enfatiza protocolos de detención, traslado y "rehabilitación" en Centros de Protección Social.
Elaine Acosta criticó el uso de un "lenguaje médico y correctivo" en torno a la mendicidad, que sugiere que estas personas deben ser "rehabilitadas", ignorando que muchas veces son expulsadas de sus hogares no solo por conflictos familiares, sino por un contexto de exclusión.
"Mientras sigamos tomando esta visión del fenómeno, obviamente su abordaje, su intervención social no va a ser la más adecuada porque lo que se está haciendo es encubrir las causas fundamentales del fenómeno, muy complejo de por sí", señaló Acosta.
Delgado Cáceres dijo que los cambios introducidos en las nuevas regulaciones buscan "ampliar, mejorar y hacer más accesibles" los servicios de cuidado ya existentes. Sin embargo, la asistencia a domicilio dependerá de un financiamiento mixto: las familias deberán cubrir el 50% del costo en medio de la precarización de sus condiciones de vida fruto de la inflación.
"Seguiré en las mismas si tengo que asumir la mitad", dice Bárbara, quien atiende a su padre de 83 años, enfermo y encamado. Él recibe una pensión mínima, ella un salario mínimo con el que además debe procurar cubrir, pero no puede, las necesidades de su hijo que estudia en la universidad.
A pesar de que el salario medio oficial en Cuba se incrementó en 2024 hasta los 5.839 pesos, un 25,6% más que en 2023, de acuerdo con cifras de la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), datos provenientes de otro informe oficial revelaron una notable reducción de los salarios y pensiones reales, de un 33,5% y 45,5%, respectivamente, que hunden en la miseria a las familias dependientes de empleos estatales, alertó el economista Pedro Monreal.
La directora del observatorio de cuidados y envejecimiento Cuido60 expresó preocupación por la condición de cofinanciar servicios sociales entre el Estado y las familias, sin que se detalle el alcance de ese copago ni cómo afectará a los sectores más vulnerables.
Especialistas en políticas sociales ya han señalado que, en la práctica, el Estado traslada el peso de los cuidados a los hogares, y en particular a las mujeres, proveedoras históricas de atención no remunerada.
Un estudio reciente del proyecto Cubadata, titulado Explorando futuros posibles para la democratización en Cuba, reveló que el 60,6% de los 10.248 cubanos encuestados convive con al menos una persona que requiere cuidados continuos, y más de dos tercios tiene en casa a un adulto mayor de 65 años.
La investigación evidenció una carga desproporcionada para las mujeres en las tareas de cuidado. En comparación con los hombres, ellas son quienes más rechazan ofertas de empleo (29% frente a 19,6%), abandonan la búsqueda de trabajo (16,7% frente a 9,6%) o renuncian a sus puestos laborales (29,3% frente a 19,2%) por responsabilidades de cuidado.
Por su parte, datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), publicados en 2023, muestran que las mujeres representan el 63,7% de la población no económicamente activa en Cuba. De este grupo, alrededor de un tercio se dedica exclusivamente a los quehaceres del hogar.
Aunque las nuevas normas introducen, en teoría, el "reconocimiento del cuidado como trabajo", no garantizan un acceso suficiente para aliviar la sobrecarga de las familias, alertó Acosta.
Bárbara dice que dejaría su empleo estatal para hacerse cuidadora de su padre a tiempo completo. Eso, al menos la aliviaría de llegar a casa tras una jornada laboral y ponerse en función de su padre. "Yo termino extenuada cada día, duermo mal, empiezo el día agotada, no puedo más. Necesito una salida o seré yo quien caiga con mi padre".
