Héctor Velázquez Sangabino, de 58 años, era uno de los residentes del llamado "Edificio Piñeiro", de Caibarién, Villa Clara. El inmueble fue clausurado en 2018 por la administración local debido a los daños estructurales que le ocasionó el huracán Irma en septiembre de 2017. No obstante, varias familias se negaron a abandonar sus viviendas inicialmente.
"Si decidimos algunas familias permanecer en el edificio fue por la imposibilidad de trasladar todos nuestro muebles y enseres al albergue asignado", explica Velázquez Sangabino.
Según su versión, en 2020 los bomberos y la Asamblea Municipal del Poder Popular decidieron demoler lo que quedaba de la escalera del edificio, para intentar obligar a quienes aún permanecían en él a trasladarse a un albergue distante del centro de la ciudad. Pero "construimos otra escalera de madera, improvisada, para acceder al piso de arriba", relata.
Los vecinos pudieron resistir hasta finales de 2022, cuando "fuimos advertidos de que demolerían el edificio con o sin escalera", añade Velázquez Sangabino.
Este hombre perdió más que su casa. Según afirma, un vecino al que consideraba amigo se ofreció "voluntariamente" a guardarle algunas pertenencias suyas y de su madre, Teresita de Jesús Sangabino Marín, quien ocupaba otro apartamento en el edificio clausurado. "Tuvimos que mudarnos finalmente el 3 de junio de 2022 hacia el reparto Mar Azul, específicamente en las instalaciones del Plan Vacacional Brisas del Mar o 'Casas del INRA', el que otrora acogió a los enfermos de Covid-19", precisa.
La mayoría de los bienes que pasaron "por acuerdo mutuo" a ser custodiados por el "amigo" eran "antigüedades tales como vajillas, muebles, espejos, lámparas, objetos y adornos antiguos" que la familia había atesorado durante años.
A la madre de Velázquez Sangabino le fue otorgado un apartamento en agosto de 2023. Solo dos familias del antiguo edificio resultaron "beneficiadas".
Cuando madre e hijo intentaron recuperar las propiedades que dejaron bajo custodia del exvecino, se enteraron de que algunas piezas valiosas habían "desaparecido". El hombre se había mudado a Santa Clara y su teléfono, un número estatal, estaba bloqueado.
Velázquez Sangabino calcula lo perdido en 408.400 pesos, casi 1.300 dólares al cambio en el mercado informal. Él y su madre denunciaron al exvecino por "apropiación indebida", pero el caso ha sido desatendido alegando las autoridades "falta de pruebas", pese a que los afectados aseguran contar con cuatro testigos que confirmarían que dejaron los bienes bajo custodia del supuesto amigo.
La historia de Velázquez Sangabino y su madre es una muestra de cuánto pierden los damnificados de fenómenos naturales en Cuba. Hoy él sigue albergado junto a otros antiguos residentes del Edificio Piñero, y se siente mutilado por partida doble.
En 2021, el grupo Somos de Caibarién denunciaba en Facebook el estado deplorable de los cimientos constructivos del único edificio que pudo finalmente levantarse —de los cinco previstos en Ave 19 esquina a Calle 14 y Ave 21— para "los damnificados del Piñeiro" que quedaron esparcidos por todo el pueblo, así como de las continuas amenazas de derrumbe y desalojo del inmueble originario a manos de las autoridades de la Vivienda, acompañadas siempre por la Policía.
De las familias que vivían en el piso superior del "Edificio Piñeiro", dos emigraron a otro país y una ocupó los edificios destartalados del antiguo Aeropuerto. Hay otra albergada en el local improvisado de Correos, en La Ciudad Pesquera (que en 1966 inaugurara Fidel Castro acompañado por Pastorita Núñez). Solo la madre de Velázquez Sangabino recibió vivienda. Él y otros dos vecinos más siguen en las cabañas del reparto Mar Azul, y una familia está en Villa Caoba, un viejo local recreativo del antiguo Ministerio del Azúcar.
De la planta baja del edificio han emigrado otras dos familias; un vecino ocupó una casa en el reparto Vantroi II que era propiedad de un hermano, otro recibió vivienda junto a la madre de Velázquez Sangabino y hay otro vecino en la localidad La Pesquera, añadido a un núcleo familiar solidario. Uno alquiló "por la izquierda", dos están en las casas improvisadas del Aeropuerto y otras cinco familias están albergadas.
En 2020 el periódico Vanguardia, órgano oficial del PCC en la provincia, reconocía la desidia generalizada en el municipio ante problemas como el de la vivienda, y ponía en tela de juicio el proceder de sus autoridades, teniendo en cuenta las denuncias ciudadanas.
En junio de este año, en vísperas de otra temporada ciclónica peligrosa, CMHS Radio Caibarién, voz del Gobierno junto a la estación CNTV, reproducían las palabras de Antonio Pérez, actual director de la Vivienda, quien advertía sobre "la situación que posee el fondo habitacional en Caibarién y a la insuficiente producción local de materiales, la cual no da abasto a los planes de inversiones, aún menos a los mantenimientos y reparaciones necesarios para lograr mitigar el posible efecto de las condiciones climatológicas y al lógico deterioro de los inmuebles provocado por los años de construcción de los mismos".
Una confirmación de que casos como los Velázquez Sangabino y sus vecinos continuarán en aumento.
