El Gobierno cubano insiste en negar la realidad: hay una 'tendencia a la disminución' de los delitos, dice

El Gobierno aseguró este sábado que hay una tendencia a la disminución de los delitos en Cuba, tras tener que admitir que en 2024 hubo una cifra alta de esos hechos y afirmar que reducirlos es una de sus prioridades. Sin embargo, contrario a lo expresado por el Gobierno, lo que ha quedado en evidencia a lo largo del año es una tendencia al alza de los actos delictivos y el fracaso de las autoridades para contenerlos.

"Reducir el delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, mediante la prevención y el enfrentamiento, influyendo en las causas y condiciones que los generan, es prioridad del Gobierno", se lee en la cuenta del Gobierno de Cuba en la red social X.

Seguidamente, la publicación reconoce que "el registro delictivo se mantiene elevado", pero sostiene que hay una "tendencia a la disminución".

De acuerdo con las autoridades cubanas, disminuyen los hechos relacionados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado, referidos en la publicación como "hechos que afectan la masa ganadera".

Sin embargo, un análisis reciente de DIARIO DE CUBA sobre el comportamiento de la inseguridad ciudadana en 2024 muestra una realidad mucho menos alentadora que la que intenta presentar el Gobierno.

Uno de los hechos más mediáticos y alarmantes del año se produjo a inicios de junio en la Finca de los Monos, en La Habana, cuando varios jóvenes resultaron heridos en medio de una violenta trifulca a la que las autoridades policiales llegaron tarde. Numerosas versiones del hecho circularon en redes sociales, incluso algunas que afirmaban que había fallecidos entre los afectados.

La presión mediática sobre los efectivos del Ministerio del Interior y las pruebas de su ineficiencia provocaron que tanto el Gobierno de La Habana como la maquinaria propagandística del régimen se vieran forzados a hacer control de daños sobre el asunto, aunque con evidentes contradicciones en sus declaraciones y alegando un trabajo ejemplar de la Policía que, tanto en este como en buena parte de los casos del año, brilló por su ausencia.

Ese suceso demostró el auge de la violencia entre los más jóvenes, con particular énfasis en las zonas más desfavorecidas del país que, debido al resquebrajamiento integral de la sociedad, son cada vez más.

En tal sentido, según un artículo publicado en DIARIO DE CUBA por Maritza Betanzos, en noviembre "dos niños de 14 años capturados al supuestamente intentar robar un apartamento reconocieron que pertenecían a una banda que opera en el Distrito José Martí y en otras zonas periféricas de la ciudad de Santiago de Cuba, donde el pueblo está expuesto al bandidaje y los atracos de la delincuencia".

En agosto, el propio Gobierno cubano tuvo que admitir que hay adolescentes de entre 16 y 19 años involucrados en la venta de drogas. Esto se sumó a la disminución de las edades de inicio del consumo, reconocida también por las autoridades.

En marzo, Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, aseguró que en Cuba no hay más asesinatos, sino una mayor visibilidad de los hechos.

Si lo que afirmó la funcionaria fuera cierto, significaría que Cuba nunca ha sido el país seguro mostrado por la propaganda oficial. O bien los hechos sangrientos no salían a la luz y la falta de información contribuía a crear una imagen de falsa seguridad, o lo que afirmó Peña La O no es verdad.

Apenas un mes antes, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se había visto obligado admitir, durante una reunión de trabajo del Gobierno, que no se lograba "la contención ni la reducción" de los hechos delictivos.

Respecto a los delitos asociados al hurto y sacrificio ilegal de ganado, durante el año que casi termina, hasta noviembre, habían sido procesadas más de 4.500 personas por hechos de esa naturaleza, según datos oficiales.

Hasta agosto, habían sido juzgadas 1.615 personas por "conductas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes", según datos oficiales publicados a raíz del denominado "ejercicio de control del uso y tenencia de la tierra y la ganadería" que el Gobierno comenzó a realizar en marzo, de acuerdo con el diario oficial Granma.

Las citadas cifras oficiales equivalen a más de 30 personas juzgadas por ese tipo de delito cada mes. Según reportes policiales, el hurto y el sacrificio de ganado es el delito económico más cometido en varios municipios del país.

Pero incluso es probable que no todos los campesinos que son víctimas de estos delitos los denuncien, teniendo en cuenta que la respuesta policial muchas veces es imponerles multas a ellos, en vez de atrapar a los responsables.