Más de 4.500 personas han sido procesadas por delitos vinculados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado en Cuba este año, un fenómeno que el Gobierno ha sido incapaz de erradicar pese a las elevadas sanciones que aplica y al que atribuye buena parte del desastre de la industria ganadera y la escasez de carne y productos lácteos.
En el programa oficial televisivo Hacemos Cuba, el coronel Manuel Valdés, jefe del Órgano de Enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), del Ministerio del Interior (MININT), dijo que se han ejecutado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y prevención, que incluyen el corte de 902 procesos investigativos y la neutralización de 9.005 individuos, el 52% con medidas penales.
Según Valdés, solamente en octubre fueron sacados de circulación 26 grupos organizados que realizaban este tipo de delitos.
Añadió que el flagelo está presente en todo el país, pero las provincias donde se da con mayor fuerza y sistematicidad, y sobre las cuales hoy "se está actuando con más rigor", son Guantánamo, Santiago de Cuba, Las Tunas, Camagüey, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas.
Suman 55 los municipios afectados y en algunos de ellos el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor es el principal delito económico, según los reportes policiales.
El programa oficial hizo recuento del ejercicio de control del uso y tenencia de la tierra y la ganadería que arrancó el 1 de marzo de este año durante el cual estaba previsto visitar a los más de 80.000 tenentes de ganado, tanto naturales como jurídicos.
Según Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, las principales deficiencias detectadas durante el ejercicio han sido propietarios del ganado fallecidos, fuera del país, sancionados o desconocida su ubicación.
En la situación de propietario fuera de Cuba está el científico Ariel Ruiz Urquiola, usufructuario de tierras en Viñales a quien la delegación de Agricultura del municipio pretende extinguir su contrato. Su hermana Omara Ruiz Urquiola, quien posee un poder notarial sobre los animales, también está fuera del país. Ninguno ha podido regresar pues el régimen les ha prohibido su entrada a la Isla. Ambos denunciaron esta misma semana la situación de desalojo que pesa sobre su madre de 77 años a cargo de las tierras desde hace años.
Cruz Legón dijo que también se han registrado animales sin ser declarados al nacer, sin inscribirse en el registro pecuario y sin identificación; faltantes y compraventas ilegales.
"El 94% de los productores han sido revisados durante el ejercicio y en el 90% de ellos hemos encontrado alguna de estas irregularidades", señaló la jurista en el mismo programa oficial.
En algunos municipios, añadió la funcionaria, autoridades de la Policía han señalado la presencia de animales pastando sin seguridad, mal estado del cercado perimetral, animales que duermen fuera de las corraletas en las noches, y escasa vigilancia popular y estatal para la protección de la masa ganadera.
Los campesinos y ganaderos se quejan de los pocos recursos disponibles no solo para la alimentación y cuidados veterinarios de sus animales, también para levantar cercas y establecer dispositivos de protección.
A finales de octubre el diario oficial Granma publicó que al 90% de los sancionados por delitos relacionados con el ganado hasta agosto de este año se le impuso penas privativas de libertad, de ellos el 78% fue condenado con sanciones de hasta 15 años, lo que pone de manifiesto el rigor en el tratamiento a esas conductas, mayor que el se aplica a algunos delitos que ponen en riesgo la vida humana.
El Gobierno dice que persigue a través del enfrentamiento a delitos como el sacrificio ilegal de ganado mayor y el tráfico de sus carnes "recuperar poco a poco la masa ganadera", pero son sus fracasadas políticas agropecuarias las que promueven estos hechos y hunden más la que fue una vez una industria floreciente en la Isla.
La intromisión del Estado en la gestión de los ganaderos, como pasa con los agricultores, les cierra toda posibilidad de actuar con autonomía. Sin los recursos necesarios y en condiciones precarias deben cuidar las reses y cultivos muchas veces con riesgo para sus vidas debido a la agresividad de los que roban el ganado.
Como señaló DIARIO DE CUBA en un análisis en septiembre de 2023, los ganaderos cubanos se encuentran controlados y desprotegidos y han sido convertidos en delincuentes. Ningún productor de carne en Cuba es realmente propietario de sus animales. Lo demuestra el hecho de que necesitan autorización del Estado para hacer las ventas o los sacrificios. A esto se suma que muchas veces sufren por el retraso en los pagos que deben asumir las empresas estatales.
La solución a la tremenda crisis que sufre el sector agropecuario en Cuba necesita transformaciones de propiedad, empresa privada, énfasis en el mercado, una institucionalidad de apoyo y garantías jurídicas al privado, como han sostenido varios economistas.
No se les puede quitar su merito, en cuestión de encarcelamientos y juicios sumarios son el uno, es lo unico que se cumple al pie de la letra