Una batida 'contra el delito y las ilegalidades': el Gobierno lanza otra cortina de humo ante la crisis

Denominado "Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales", el régimen de la Isla anunció la ejecución de una campaña maratónica que tiene más de propaganda que de efecto real probable sobre algunos de los flagelos que azotan a la sociedad cubana y de los que las propias autoridades son responsables.

Miguel Díaz-Canel hizo el anuncio durante una reunión en la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), y precisó que el "ejercicio" comenzó el lunes de esta semana y se extenderá hasta el sábado 7 de diciembre.

Según la reseña de sus palabras que hizo el sitio oficial de la Presidencia, "es un ejercicio que está comprendido entre dos fechas históricas que levantan el patriotismo del país, y que son además fechas de combate. Por lo tanto, este es un ejercicio también de combate revolucionario para enfrentar tendencias negativas que existen en nuestra sociedad".

"Se trata de un ejercicio integral, con participación y control popular, que fortalece la unidad de nuestro pueblo y que está orientado sobre todo a enfrentar manifestaciones de corrupción, delito, ilegalidades, indisciplina social, actitudes antisociales o comportamiento antisocial, la evasión fiscal, las inadecuadas relaciones y distorsiones que pueden existir entre el sector estatal y el sector no estatal, todo lo que afecta la tranquilidad ciudadana, contra los precios abusivos y especulativos".

En las palabras del gobernante no queda claro si la campaña tendrá como blanco solo a los sospechosos habituales de los simulacros correctivos del régimen; o sea: emprendedores no estatales, MIPYMES, el mercado negro, o si también incidirá en la oleada de inseguridad que afecta la Isla, donde crece el consumo de drogas y son frecuentes asesinatos, robos, asaltos violentos y toda clase de crímenes, que se disparan durante las semanas finales del año.

Tampoco se precisa si la batida afectará los negocios del grupo en el poder como, por ejemplo, los lujos de personajes como Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, quien celebrará esta semana su cumpleaños por todo lo alto en el habanero bar EFE, de su propiedad, pese a las críticas de los cubanos y la crisis que vive la mayoría de la población del país.

Díaz-Canel agregó que la campaña será "un momento para trabajar, de manera política y con una atención diferenciada, con los desvinculados del estudio y del trabajo". Esta última, otra campaña del régimen para obligar a las personas a emplearse, pese a que los salarios son ínfimos de cara a la inflación que afecta al país.

A la lista de problemas que la "movilización" oficial busca atajar se suma el uso ilegal de la tierra, dijo.

"El ejercicio sirve para potenciar la fuerza; para potenciar la unidad; para esclarecer conceptos; para consolidar maneras de enfrentamiento; pero sobre todo el ejercicio nos tiene que dejar como saldo un enfrentamiento sistemático y efectivo a estas tendencias negativas", aseguró.

Díaz-Canel indicó que "todo el mundo se ha venido preparando y, por supuesto, vamos a hacer el ejercicio sin detener ninguna de las actividades económicas, políticas y sociales que se vienen desarrollando en el país".

Al abundar en quiénes tendrán a su cargo el "ejercicio", relacionó a los "coordinadores políticos, de conjunto con los factores del barrio, y las instituciones estatales que hay allí para organizar el trabajo con la población". O sea, los mecanismos de vigilancia y represión del aparato estatal.

El alcance punitivo de aquello que pretende el régimen se explica con la presencia en la reunión de, entre otros funcionarios, el ministro del Interior, general de División Lázaro Alberto Álvarez Casas, y el general de Brigada y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra.

Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del PCC, precisó en la reunión que la campaña oficial tiene "objetivos generales, pero existen indicaciones particulares, de todos los órganos del Estado, organismos de la Administración Central del Estado e instituciones y, por supuesto, de las organizaciones políticas y de masas".

Por su parte, el miembro del Comité Central y jefe de la Oficina de Atención a los órganos del sistema del Poder Popular, del Estado y del sector jurídico, Julio César García Rodríguez, añadió que el "principal objetivo" del ejercicio es "intensificar las acciones por parte de los órganos del Estado, el Gobierno, el Ministerio del Interior, las organizaciones políticas, sociales y de masas, de control popular y comunicacionales en la prevención y enfrentamiento a estos fenómenos sociales que inciden en la seguridad, la tranquilidad ciudadana y el orden interior".

Agregó que el "ejercicio" será "dirigido a nivel nacional, provincial y municipal por el Partido, el Gobierno y el Ministerio del Interior".

"Desde hoy y hasta el próximo sábado 7 de diciembre estaremos ejecutando diversas acciones de preparación, control, inspección, operativas y de carácter jurídico penal y penitenciarias, entre otras, que potencian la responsabilidad institucional y administrativa y a la vez el funcionamiento de las estructuras de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y organizaciones de masas y sus sistemas de vigilancia popular revolucionaria, con el propósito de involucrar al pueblo en esta dirección", dijo.

Si bien la verborrea de los funcionaros busca ocultar la intención represiva de la campaña, el martes 3 de diciembre el diario oficial Granma reportó que, como parte del "ejercicio", comenzaron "juicios ejemplarizantes en la capital y otras provincias con perfil preventivo profiláctico hacia el público participante y con las sentencias dictadas de forma oral el propio día, con las garantías del debido proceso".

El periódico aseguró sobre lo anterior: "ampliaremos en próximas emisiones". Asimismo, añadió que inspectores del Ministerio de Finanzas y Precios se encuentran "realizando visitas a los diferentes actores económicos estatales y no estatales, verificando el cumplimiento de la política de precios, la disciplina fiscal y el pago de las multas a quienes han violado las normas".

En un editorial del lunes último, Granma precisó que la batida es "un llamado a elevar la vigilancia revolucionaria, la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en barrios, comunidades, centros laborales, en bases campesinas, poblados costeros o montañosos".

Con el típico propósito del régimen cubano de disfrazar la represión como voluntad de la gente y no del poder, el texto aseguró que "se trata de convocar a todos, a la familia, a la escuela, a las organizaciones políticas, juveniles, estudiantiles y a los factores sociales que tienen la responsabilidad de educar, formar y proteger a sus hijos, sus alumnos, sus integrantes, con la visión martiana y fidelista de que todo el mundo cuenta y aporta al interés común de salvar y contribuir a la paz social".

"Por ello, no puede haber pasividad ni inercia; es preciso reactivar o estimular el funcionamiento de los grupos de prevención en las demarcaciones de los consejos populares, en particular en las acciones preventivo-profilácticas con personas de conducta antisocial, y ocuparnos cabalmente de la incorporación al estudio o al trabajo de quienes están desvinculados y muchas veces caen en conductas delictivas que los llevan a prisión".

Granma llamó a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), puntales del sistema de vigilancia y control social del castrismo, hoy disfuncionales y sin apenas convocatoria entre la gente, a "desempeñar un papel protagónico en la prevención y el enfrentamiento a estas manifestaciones, en cada cuadra y organización de base, con el impulso a los Destacamentos de Vigilancia Popular Revolucionaria, las Patrullas Campesinas, los Destacamentos Mirando al Mar u otros espacios de influencia positiva, de acercamiento educativo, persuasivo, de alerta oportuna o de rehabilitación".

No evitó el periódico del PCC mencionar que "ante la guerra económica abierta desde EEUU (...) se impone la defensa a ultranza de nuestros recursos, el máximo control interno y externo, la protección de las instalaciones, de los medios, el combate al derroche y por el ahorro, el control de los precios, del uso de la tierra y del ganado mayor".

Finalizó el editorial señalando que "contra el delito tiene que haber una respuesta contundente, de todos, con firmeza y sistematicidad. Es una batalla sin tregua que ganaremos unidos, para que jamás haya impunidad".