La Asamblea Nacional cubana aprueba la Ley de Comunicación Social

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó el jueves la Ley de Comunicación Social, una norma legal que según organizaciones de la sociedad civil independiente y activistas podría afectar aún más derechos humanos fundamentales en Cuba, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

De acuerdo con el sitio oficial Cubadebate, Esteban Lazo, presidente de la ANPP, explicó que la ley es "el resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva, en el que han participado profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones, hasta llegar a la versión 34 del documento".

El presidente del Instituto de Comunicación e Información Social, Alfonso Noya Martínez, al presentar el proyecto a los diputados dijo que este "reconoce la contribución de la comunicación social para fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria".

También lo calificó como "un aporte de mayor trascendencia en el escenario de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución cubana".

Según el funcionario, el proyecto presentado a los miembros de la ANPP tiene 69 cambios de contenido y forma, que representan un 59.48% de transformación respecto al texto original de la versión 33, sometida a una segunda consulta con los diputados.

Esta Ley de Comunicación Social, un reclamo de los periodistas oficialistas y de los funcionarios del aparato ideológico de la Isla, tendría como objetivo "regular el sistema de comunicación social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales", afirman sus promotores.

No obstante, el colectivo +Voces, desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, señaló que con este instrumento jurídico el régimen cubano pretende usar la comunicación "como mecanismo para promover la política oficial".

De acuerdo al análisis de la nueva legislación que realizó el colectivo, esta ley impide que en los medios masivos haya espacio para otras voces que no sea aquellas que expresen el "pensamiento revolucionario del pueblo" y "su acción transformadora como sujeto social para fortalecer el sistema político cubano y avanzar en la construcción de la sociedad socialista, con apego a los postulados refrendados en la Constitución", citando al Artículo 55.1 del proyecto de ley.

Alertó también +Voces que el texto considera que la información pública a la que tiene derecho la ciudadanía "es la que se transmita en los medios de prensa". Por otra lado, señaló que limita a "los órganos y organismos de la Administración Central del Estado", dictándoles que solamente están obligados a responder preguntas de los "periodistas y medios de comunicación legalmente reconocidos".

Denunció que en la norma no se consideran de dominio público las "informaciones personales" sobre funcionarios vinculados a las instituciones estatales, "a menos que la ley lo permita"; de manera que los integrantes del colectivo son de la opinión de que "se blinda" a los cargos pública, que "en la mayor parte del mundo" están obligados a "una declaración jurada y periódica de su renta y su patrimonio".

De acuerdo al colectivo, se utilizan "conceptos vagos y políticos para limitar el tipo de contenidos que pueden divulgarse a través de los medios de comunicación", al exponer que estos no pueden "subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social", como tampoco sustentar "la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país".

La normativa certifica que "los medios no fundamentales" deben ser inscritos en un registro "controlado por el Instituto de Información y Comunicación Social", pero que la inscripción puede ser cancelada si los contenidos de los medios "violan parcial o totalmente lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás disposiciones normativas", o si se incumplen los "objetivos, el perfil editorial y otros elementos contenidos en el expediente aprobado".

Según la nueva ley, no puede existir "colaboración periodística u otro aporte editorial a medios de comunicación social cuyos contenidos contravengan la Constitución, la presente Ley y demás disposiciones normativas".

La nueva ley prohíbe que puedan crearse legalmente organizaciones o entidades no estatales que tengan como objeto social la gestión de un medio de comunicación.