Según el cronograma legislativo cubano actualizado en diciembre del 2021, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) debe aprobar ocho nuevas leyes durante las sesiones que llevará a cabo en abril del presente año. Los anteproyectos han comenzado a circular en diferentes momentos, pese a que todos deben ser aprobados el mes que viene. En algunos casos, los cubanos disponen de poco tiempo para analizarlos y ejercer el derecho a sugerir cambios, adiciones u omisiones.
El anteproyecto publicado más recientemente, el 23 de marzo, es el de la Ley de Expropiación Forzosa, que no estaba contemplada dentro del cronograma anunciado en diciembre del año pasado. Esto estaría justificado por el carácter "flexible" que desde el principio se ha atribuido al cronograma, y que permite incluir nuevas normativas según el interés del régimen. Aunque el anteproyecto debe ser presentado a los diputados en abril, la ANPP debe aprobar la ley en julio.
Es probable que muchos ciudadanos hayan tardado en conocer la existencia de este anteproyecto, pues no se informó al respecto en la versión impresa del periódico Granma, sino en la digital, a la que no tienen acceso todos los cubanos.
Es preciso alertar que esta ley crea desigualdad entre los ciudadanos del país y los inversores extranjeros, y profundiza la desprotección de los cubanos frente al Estado. Dada su importancia, DIARIO DE CUBA publicará próximamente un análisis de la misma.
Un día antes de que se publicara el anteproyecto de la Ley de Expropiación Forzosa se puso a disposición de los cubanos el de la Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nutricional, con poco margen para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho constitucional de sugerir cambios.
Una de las más esperadas —y postergadas— normas dentro del cronograma aprobado por la ANPP era la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, cuyo anteproyecto fue finalmente colgado en la página web del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, el 16 de marzo, dos días después de que DIARIO DE CUBA alertara de que no había sido publicado, pese a que el portal estatal Cubadebate había informado de su entrega al Parlamento cubano.
Dada la importancia que le ha concedido la sociedad civil cubana a esta ley que debiera dar cumplimiento a lo enunciado en el Artículo 99 de la Constitución cubana: "La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados (…) tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización". DIARIO DE CUBA también publicará próximamente un análisis de este anteproyecto.
En febrero de 2022 se publicó el anteproyecto de la Ley de Protección de Datos Personales, que perfecciona la vigilancia, hostigamiento y persecución "legal" de libertades y derechos individuales en Cuba.
El 28 de enero, fue publicado el anteproyecto de la Ley General de Protección del Patrimonio Cultural y Natural, y ocho días antes se colgaron en la página web del TSP los del Código Penal y de la Ley de Ejecución Penal.
DIARIO DE CUBA ha dedicado varios artículos al proyecto de Código Penal, que evidentemente está encaminado a criminalizar cualquier forma de disenso, y ha alertado sobre el poco tiempo que resta para que sea aprobado, presumiblemente por unanimidad, como hace rutinariamente la Asamblea Nacional.
Por su parte, la prensa oficial, le ha dedicado escasas y escuetas notas, en contraste con la avalancha de artículos para promover el anteproyecto del Código de las Familias y la consulta popular sobre el mismo, que se presenta como prueba de que en Cuba se legisla con la participación del pueblo, aunque esa consulta popular no es vinculante, según la Ley Electoral.
Desde antes que concluyera el pasado año, comenzaron a circular los anteproyectos de la Ley del Sistema de Protección de la Creación Artística y Literaria (22 de diciembre de 2021) y la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (8 de diciembre 2021), que –en principio— no presentan peligros inminentes para los derechos fundamentales de la ciudadanía.
