De todas las protestas populares que sacudieron a Cuba entre el 11 y 13 de julio últimos, una de las que recibió la represión más violenta fue la ocurrida en horas de la tarde del 12 de julio en el barrio habanero de La Güinera, donde un hombre de 36 años perdió la vida y un menor de 16 años fue baleado en una pierna.
DIARIO DE CUBA tuvo acceso al expediente de fase preparatoria de los encarcelados por esta protesta, donde el enfrentamiento entre las fuerzas represivas y los manifestantes terminó en una lluvia de disparos por parte de la Policía contra civiles desarmados.
Esta documentación revela que existen 161 acusados por los sucesos, y que aparte de Yoel Misael Fuentes García, el menor de 16 años baleado que documentó DIARIO DE CUBA, dos personas más resultaron heridas por disparos de bala de la Policía. Sus sombres son Yorlandis Pérez Sánchez y Rubén Pérez Aldana.
Según el documento, todos los implicados en la protesta de La Güinera están acusados por los presuntos delitos de Daños, Desorden Público e Instigación a Delinquir.
La documentación confirma además las versiones de los familiares y vecinos de Diuvis Laurencio Tejeda, quien murió casi de manera instantánea a causa de una bala que le atravesó un pulmón y llegó hasta el corazón.
Al contrario de la nota oficial que publicaron los medios estatales, en el expediente consultado por DIARIO DE CUBA no se mencionan los supuestos antecedentes penales de Laurencio Tejeda, lo que ratifica las versiones de sus familiares sobre la falsedad del pasado delincuencial del fallecido divulgado por el régimen.
Revela además que el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, el policía que disparó contra Laurencio Tejeda y le provocó la muerte, no se encuentra como acusado porque la Fiscalía considera que actuó "en legítima defensa".
Sin embargo, en la declaración recogida en el expediente el uniformado expone que disparó hacia la manifestación al ver que dos policías habían sido lesionados por pedradas en brazos y piernas y por las "provocaciones y amenazas" de los manifestantes.
Pelegrín Hernández aseguró que uno de los civiles le mostró sus genitales y le dijo que su pistola lo que tenía eran balas de salva. Los manifestantes le habrían gritado también que le quitarían la pistola. En ningún momento de su declaración el oficial dice que fuera víctima de alguna agresión directa por parte de Laurencio Tejeda u otro manifestante en una proporción tal que justifique el argumento de "legítima defensa" aplicado a su caso.
La pistola que utilizó Pelegrín Hernández para disparar es una Makarov de fabricación rusa, precisa el informe.
Según el documento, en la protesta de La Güinera participaron además dos jóvenes que se encontraban pasando el Servicio Militar Obligatorio (SMO), por lo que fueron detenidos los días 19 y 22 de julio, respectivamente. Sus nombres son Daniel Bordatto Penalba y Frank Daniel Rojo Sotolongo.
Por su condición de militares, el caso de ambos fue trasladado a la Fiscalía Militar. No obstante, este órgano lo rechazó, alegando que en este proceso penal la mayoría de los involucrados son civiles, por lo tanto estos dos militares detenidos serían procesados bajo la justicia ordinaria por el presunto delito de sedición en una fecha aún por determinar.
Aunque a través de diferentes medios de prensa y las redes sociales se denunció la presión que utilizó el régimen para movilizar a los jóvenes que pasan el Servicio Militar Obligatorio (SMO) como parte de los grupos de choque que reprimieron las protestas, el caso aquí documentado revela por vez primera que esta clase de reclutas estuvieron del lado de los manifestantes.
Hasta el momento el régimen no ha divulgado cifra alguna de los detenidos y procesados con motivo del estallido social iniciado el 11J. Miguel Díaz-Canel se limitó a reconocer que eran "cientos" durante una comparecencia televisada.
No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado al gobernante y a la fiscal general Yamila Peña Ojeda que hagan pública esas cifras.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex confirmó de manera independiente hasta la fecha un total de 821 personas arrestadas, de ellas 260 ya excarceladas bajo algún tipo de medida cautelar o multas, mientras que hay diez casos que aún se encuentran en desaparición forzada.
Posterior al choque violento de La Güinera, el régimen cubano ha utilizado su aparato de propaganda para maquillar los hechos y calificar lo allí ocurrido como "vandalismo". Asimismo, el Gobierno envió a Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), para ver "el avance del Programa de Rehabilitación" que lanzaron las autoridades en esa barriada de la que nunca hasta la fecha hablaron.
Según un reporte a propósito de ese recorrido publicado por el periódico oficial Tribuna de La Habana, en La Güinera se culminan "en las últimas semanas 672 acciones restauradoras en los sectores de la vivienda, comunales, recursos hidráulicos, gastronomía, educación y comercio, entre otros. En los últimos 15 días se han propuesto ofertas de trabajo a los 469 jóvenes que se encontraban desocupados, y se tramitan 20 capacidades en los círculos infantiles para igual cantidad de madres que no se beneficiaban de ese programa".
A todo esto los cubanos en las redes sociales lo han denominado "maquillaje político".
El Gobierno promueve la delación entre los vecinos de La Güinera, a partir de la asociación de ratas que promovió la rata chivatiente de la Red Avispa hace unos días. La policía más abusadora que nunca en las detenciones y estaciones policiales, se ensaña especialmente de manera colectiva, en contra de personas indefensas a las que golpea y veja sin respetarles ningún derecho y sólo por pensar diferente. Lo que contradice las opiniones oficiales de que en Cuba se respetan los derechos humanos:
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La legítima defensa no es sólo de uno mismo, sino que incluye defender a terceros e incluso a entelequias como la paz pública y los bienes o intereses sociales o del Estado. Así que nada tiene que ver que Pelegrín no haya sido agredido por Tejeda. Aquí la legítima defensa tendría que impugnarse por la despropocionalidad entre agresión y defensa, tal como sucedió el 6 de enero en el Capitolio estadounidense con la única muerte violenta aquel día, Ashli Babbitt, baleada por un policía que la Fiscalía General exoneró y ni siquiera se dignó a informar quién era. Y si así sucede en el orden democrático de administración demócrata en Estados Unidos, ¿qué puede esperarse en el orden dictatorial de administración comunista?
¿Qué se puede esperar de ese maldito desgobierno?
Yoennis Pelegrín Hernandez! Sabes lo que te toca ante una eventual liberación de Cuba? Desde ahora es correcto que sepas que este delito de abrir fuego contra una multitud de cubanos que solo reclamaban libertad , sin armas es penado no solo por el código 62 (copiado por blas roca de la república comunista de bulgaria y de la urss) si no también por las nuevas leyes de una república democrática. La corrupta fiscalía de la dictadura te pasó la mano!. Nosotros, no te pasaremos la mano!
Si alguien tiene antecedentes penales la policía castrista tiene la impunidad de matarlo y no pagarlo.
Abogados de Miami se ofrecen gratuitamente, si no me equivoco, para asesorar y ayudar en varios sentidos a las familias con personas detenidas el 11 de julio para que puedan emprender la defensa de sus familiares. Es de imaginar que en casos como éste también ayudan a enfocar cualquier iniciativa judicial para esclarecer los hechos
La legítima defensa se configura cuando se repela una agresión real, inminente y ésta es llevada a cabo con racionalidad en los medios que se emplean; esto, para que sea debidamente encuadrada como "Legítima Defensa". Es decir, el manifestante "agresor" traía un arma de fuego y por tanto el "buen" policía, en ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber, le quita la vida a un sujeto armado. La verdad es que ese desgobierno miente descaradamente. Sin límites y sin pudor. Mienten por todas partes. No tienen vergüenza. Ni sus malos gobernantes, ni el podrido PCC, ni fiscales ni jueces. Mejor que vayan tras los 100 millones de dólares que se ha robado Alejandro Castro y le compren medicamentos al sufrido pueblo de Cuba. ¡Legítima Defensa sus progenitoras! Bandidos corruptos y degenerados. Solo dan palos. Se gastan millones en represión en lugar de comprar medicamentos y alimentos a un pueblo que no tiene con qué curarse ni qué comer. Mientras ellos viven como emperadores. ¡Al carajo!
Supongo que la madre y la familia de la víctima tienen el derecho de apelar esa sentencia. En caso de ser así, porque es evidente que no van a dejar a este joven asesinado impune, se asesoran con abogados de Human Rights Watch (gratuitos y por internet) y con Cubalex, y designan a un abogado para la apelación. Para hacerlo les dan un límite de días, que seguro reducen más de lo habitual. En esa apelación, con testimonios de testigos presentes en los hechos, deben inculpar al asesino que mató impunemente al joven y sin poderse defender. Al mismo tiempo, exponen pruebas que demuestren que la víctima no era ningún delincuente: informes laborales, de testigos, de familiares y demás. Si el fallo de la apelación ratifica la sentencia, pueden seguir apelando, o esperar a que aquello se acabe de caer para pedir revisión del caso y enjuiciar al asesino, inhabilitándolo de por vida como policía y haciéndole cumplir la sentencia que le imponga un tribunal imparcial por ese crimen.