Un grupo de periodistas independientes y ciudadanos cubanos afectados por el Decreto Ley 370, conocido por "Ley Azote", han abierto una campaña en internet, dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba, para exigir la derogación de una regulación que consideran "ambigua" y contra la libertad de expresión.
"En los últimos meses, y sobre todo en medio de la crisis por el coronavirus, la Seguridad del Estado (SE) cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, en virtud del Decreto-Ley (DL) No. 370", señala la iniciativa alojada en Avaaz.org.
"El motivo ha sido las publicaciones en redes sociales que reflejan esa parte de la realidad cubana que el régimen intenta minimizar u ocultar. También varios activistas y miembros de la sociedad civil independiente han sido intimidados por publicar informaciones similares", añade.
Denuncia que "la SE ha obligado incluso a los sancionados a abandonar el aislamiento social pues constantemente cita a interrogatorios policiales".
La iniciativa recuerda que el Decreto-Ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y en enero de 2020 se comenzó a hacer uso de sus disposiciones de censura.
"Desde el inicio del documento, se percibe el matiz ideológico, intolerante y discriminatorio, pues se declara que una de sus intenciones es consolidar las conquistas del socialismo y 'el uso y desarrollo de las TICs, como instrumento para la defensa de la Revolución'", advierte.
Es el artículo 68 del decreto, sobre las contravenciones asociadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el que amenaza la libertad de expresión; y, específicamente, el inciso i): difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Por este supuesto fue multada la joven periodista Mónica Baró, uno de los casos más recientes, por citar solo un ejemplo.
"La ambigüedad es tan obvia que llega a ser ridícula. Primeramente, ETECSA, la única compañía de telecomunicaciones que existe en Cuba, no es una red pública, sino una sociedad anónima, y los cubanos pagan —excesivos precios— por sus servicios. Tampoco es Facebook —la red social más empleada en el país y en donde se hallan las publicaciones 'delictivas' de los sancionados— una red pública, sino una empresa privada. En un segundo momento, se habla del interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, pero estos son conceptos confusos y no están especificados en dicho decreto", explican los impulsores de la campaña.
"Por otro lado, entre las facultades otorgadas ‒por el decreto‒ a los inspectores del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), no se establece hacer un seguimiento de las publicaciones de los ciudadanos en redes sociales. Asimismo, estos individuos están actuando por órdenes del MININT (Ministerio del Interior), excediendo, de esta manera, sus funciones. Por tanto, se trata de un abuso y exceso de poder de estos funcionarios", añaden.
"El DL 370 es el escarmiento, la ejecución pública de aquellos con criterios propios, a quienes intenta quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias u opiniones, o a abandonar el país. El excesivo monto de las multas (120 dólares, cuando un salario mínimo es de 16 dólares mensuales) haría temblar las rodillas a cualquier ciudadano, porque pocos cubanos podrían disponer de tales recursos", dicen más adelante.
Los definidos como "azotados con el DL 370" declaran que a partir de este momento se niegan a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen sus derechos humanos.
También exigen la eliminación del Artículo 68, inciso i), del Decreto-Ley 370, que se den órdenes al MINCOM de abstenerse de aplicar la legislación y anular todas las multas impuestas.
Igualmente demandan la devolución del dinero a los que han pagado las multas en virtud de esta norma, así como los equipos confiscados; someter a procedimientos disciplinarios a los funcionarios que se excedieron de sus funciones (MINCOM), y a procedimientos penales a los que pusieron en riesgo de contagio (Seguridad del Estado) a los sancionados.
Piden respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos; libertad inmediata para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, encarcelado por ejercer la prensa libre y el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente.
"Recabamos el respaldo de la comunidad internacional, de todos aquellos que se identifiquen con la lucha por la libertad de opinión y expresión en Cuba. Sabemos que, al asumir esta postura, sobre nosotros caerá la furia de un sistema con resoluciones legales, pero espurias; y que corremos el riesgo de ir a prisión", alertan.
Entre los firmantes iniciales de la petición se encuentran los artistas Tania Brugueras Fernández y Luis Manuel Otero Alcántara; el escritor Ángel Santiesteban Prats y los periodistas Camila Acosta Rodríguez, Boris González Arenas e Iván García Quintero.
