El periodista de DIARIO DE CUBA Jorge Enrique Rodríguez fue sometido a un interrogatorio de más de dos horas el sábado durante el cual la Seguridad del Estado lo acusó de "difundir noticias falsas" y le comunicó que tenía un proceso abierto por tal motivo.
El sábado Rodríguez había compartido sus sospechas de que sería citado en cualquier momento después de haber sufrido ciberacoso.
"Apenas tres horas después de una especie de 'acto de repudio online' y a través de messenger, protagonizado por CiberG2 en represalia contra los últimos contenidos que he posteado aquí, supuse que semejante acción [muy divertida, por cierto] sería el preámbulo para una detención", declaró en su Perfil de Facebook.
Contó que, de regreso a su casa, en la barriada Los Sitios de La Habana, después de que por cuestiones de trabajo se vio obligado a salir a las calles en medio de una cuarentena nacional, fue interceptado por dos agentes identificados del Ministerio del Interior, pero vestidos de civil.
"Después del 'saludo' de rigor fui conducido a la unidad policial de Zanja y, sin que se registrara formalmente mi presencia como detenido en esa unidad, (fui) presentado ante 'el compañero que me atiende' que se identifica como Alexander", explicó.
"En poco más de dos horas [la infinidad misma, casi], fui interrogado sobre mis últimos posts en Facebook que, según el camarada Alexander, se ajustaba como 'difusión de noticias falsas' Pero, jamás especificó cuál de 'esos últimos' contenidos encajaban en la particularísima concepción que el régimen de Cuba traza para delimitar cuándo una noticia es falsa", añadió.
El periodista contó que "el interrogatorio [casi un monólogo interior a lo William Faulkner por lo enrevesado] culminó con el anuncio de que tenía 'un proceso abierto' por lo consiguiente".
En las últimas semanas la Seguridad del Estado ha arremetido contra periodistas independientes en medio de la pandemia, violando las propias medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno.
Citados, amenazados, acusados de delitos y varios multados con cuotas de hasta 3.000 pesos al amparo del Decreto Ley 370, como sucedió en el caso más reciente de la joven Mónica Baró, de El Estornudo.
En apenas dos semanas, los periodistas independientes Yoe Suárez y Waldo Fernández Cuenca, de DIARIO DE CUBA, Camila Acosta y Julio Antonio Aleaga, de Cubanet, recibieron citaciones donde se les ha amenazado con sufrir represalias por hacer su labor.
