El delito de 'abandono de misiones', un arma del régimen para proteger sus ingresos del trabajo semiesclavo

El abandono a las misiones médicas en el exterior, ese recurso al que apelan los trabajadores de la salud cubanos para emigrar, tiene que situarse en el contexto de esa gran ola migratoria permanente que padece el país desde 1959. El personal de salud contratado en el exterior, como parte de nuestro pueblo, tiene que decidir entre conformarse con las migajas que les paga el Estado explotador del total de su salario en el extranjero (alrededor del 30%), o aprovechar la oportunidad y emigrar.

Ello equivale a ser tratado como "desertor" y condenado a estar separado de la familia en Cuba, pero tiene la recompensa de poder vivir en libertad y obtener para siempre el pago justo por su trabajo, sea o no dentro de su profesión. Sin duda una decisión difícil entre pérdidas y ganancias muy igualadas a la que no es justo que tengan que enfrentarse.

Y para reforzar la presión sobre sus "esclavos de batas blancas", en el nuevo Código Penal el Gobierno del PCC tipifica el "abandono de las misiones médicas en el exterior" como un delito definido, en vez de ser lo que es, el incumplimiento de un contrato de trabajo que con seguridad conllevaría en cualquier país normal del mundo a una sanción administrativa, castigado, cuanto más, con una multa o penalización profesional.

El objetivo es la coacción y pone una vez más en evidencia que se trata de trabajo semiesclavo o esclavo. Ningún empleado "normal" trabaja creyendo que, si de pronto abandona el empleo, se estaría convirtiendo en delincuente o criminal. Por supuesto que acarrearía alguna sanción por negligente o habría que resarcir los daños causados, etc, pero no sería sancionado judicialmente como un crimen.

Solo los esclavos tenían claro que si abandonaban la plantación del señor que los obligaba a trabajar serían considerados fugitivos, delincuentes, y conllevaría una sanción muy fuerte como castigo.

Pero por muy aberrante que parezca al resto del mundo, tanto que muchos ni lo creen, así es que trabajan los médicos y personal de salud cubanos en las misiones médicas en el exterior. Saben bien que son como aquellos esclavos decimonónicos que eran vigilados constantemente por el mayoral (ahora por los coordinadores de misiones) y por los informantes dentro de la masa esclava. Pues  hay siempre informantes entre los médicos, a veces obligados bajo chantaje.

Los médicos cubanos en misión ni siquiera pueden salir de sus residencias asignadas fuera de los horarios asignados, como si tales residencias fueran sus barracones. Y si abandonan la misión, serían sancionados a ocho años sin entrar al país que los vio nacer, a su patria, ni compartir con sus familiares. Esto último considerado desde hace algunos años una dádiva, puesto que antes era una prohibición vitalicia.

Esta práctica viola muchas cosas, comenzando con varios derechos humanos como los relacionados con el trabajo digno y seguro, y sobre la libertad de circulación, pero claramente viola además una de las directrices de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Cuba es miembro, que tiene como objetivo “la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio”.

Desde 1959, el mismo año en que el castrismo llega al poder, comenzó Cuba a ser un país emigrante, en vez de receptor de inmigrantes como lo fue durante toda la etapa republicana previa. La división y polarización política que provoca la imposición de ideologías radicales (en nuestro caso, el marxismo-leninismo), con persecución y represión al pensamiento diferente, impulsan la migración. Tal es el caso de Cuba hasta hoy: una interminable ola migratoria que ha tenido varios momentos de crisis aguda, con salidas masivas como la actual.

Y es en este contexto cuando el Gobierno del PCC está promulgando este Código Penal, donde intenta proteger su negocio con las misiones médicas en el exterior, tipificando el delito de abandono de dichas misiones como tapón jurídico al deseo de muchos de nuestros médicos de liberarse del control del Estado sobre sus vidas.

Un Código Penal que, a pesar de su alta repercusión social, ha sido promovido casi en secreto, sin siquiera una pizca de la inmensa divulgación y debate que ha tenido el muy politizado Código de las Familias.